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Después de varias semanas de suspensión, el Gobierno Nacional reactivó oficialmente la mesa de diálogo con la disidencia de FARC conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) al mando de Walter Mendoza, que opera principalmente en los departamentos de Putumayo y Nariño.
La decisión se tomó hace unas semanas en una reunión en Putumayo, pero se oficializó durante una reunión celebrada el jueves y viernes de la semana pasada en una embajada en Bogotá, a la que asistieron delegados de ambas partes.
La reactivación se dio luego de la suspensión del ciclo el pasado 12 de septiembre por la ataque a dos soldados en Putumayo que fueron incinerados, hecho que había generado la suspensión de los encuentros.
Según explicó Armando Novoa, representante del Gobierno en la mesa, la determinación de reanudar la mesa pues no había pruebas concluyentes sobre la responsabilidad del grupo armado en ese hecho.
“Por distintos medios hemos recibido información, incluso cartas de ellos (del CNEB) y solicitudes de las comunidades. No hay una prueba contundente que permita afirmar que fueron los responsables directos de esa circunstancia”, dijo a Colombia+20 Armando Novoa jefe negociador del Gobierno de Gustavo Petro en esa mesa.
Novoa comparó el caso con un episodio similar ocurrido en Ecuador en mayo pasado. En ese ataque armado ocurrido en la provincia ecuatoriana de Orellana 11 militares fueron asesinados, según el Gobierno de ese país, a manos de los Comandos de Frontera, una estructura armada ilegal que opera en Putumayo, Caquetá, Amazonas y norte de Nariño, comandada por Giovanny Rojas, conocido como Araña, y que hace pare del CNEB.
Aunque el grupo también fue señalado de ese ataque, el gobierno colombianos dijo que tampoco había pruebas concluyentes.
El otro punto que aún no se ha resuelto es la extradición de Araña, capturado el pasado febrero tras el cierre del ciclo en un hotel en Bogotá tras un pedido de extradición de Estados Unidos.
Aunque el Ministerio de Justicia ya remitió a la Corte Suprema de Justicia la solicitud formal de extradición de Geovany Andrés Rojas por cargos de narcotráfico, el presidente Petro todavía no ha firmado la orden que haría efectiva la entrega. En este punto, el proceso permanece en un limbo: la Corte debe emitir su concepto jurídico, pero la decisión política final recae en la Casa de Nariño, que hasta ahora no ha hecho ningún pronunciamiento público sobre si autorizará o no la extradición.
Un pronunciamiento de este tipo podría, ahora mismo, agravar las tensiones con Estados Unidos.
El Gobierno prevé destruir 14 toneladas de material de guerra
Con la mesa nuevamente activa, el Ejecutivo retomó los compromisos operativos del proceso, entre ellos la destrucción de 14 toneladas de material de guerra.
El Gobierno Petro prevé realizar este acto en los próximos días —tentativamente el 11 de octubre—, en una ceremonia que se espera cuente con la presencia del presidente y que marcaría uno de los principales hitos verificables en el marco de la paz total, que se suma a la destrucción de material de guerra de Comuneros del Sur el pasado 6 de abril.
De acuerdo con Novoa, el operativo contempla la eliminación de 4 toneladas en Putumayo y 10 en Nariño, donde la disidencia mantiene presencia activa.
La preparación del operativo lleva semanas de trabajo técnico y coordinaciones institucionales. En esta fase, el equipo del Alto Comisionado y las Fuerzas Militares deben definir las zonas de destrucción, que deben estar alejadas de centros poblados, comunidades campesinas o resguardos indígenas, y cumplir condiciones ambientales para evitar cualquier riesgo. La magnitud del material exige estudios de impacto y medidas de seguridad adicionales.
“Solo las Fuerzas Militares están facultadas para hacer la destrucción, por lo que el proceso requiere una logística compleja y zonas aisladas para evitar riesgos a la población o daños ambientales”, explicó Novoa.
Además, el proceso requiere la firma de convenios interadministrativos entre Indumil, el Ministerio de Defensa y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ya que las Fuerzas Militares son la única autoridad competente para destruir material de guerra.
La hoja de ruta incluye varias etapas: los miembros del grupo armado trasladan el material desde los puntos donde está almacenado y elaboran un inventario; luego, ese inventario es verificado por las autoridades militares. Una vez todo está listo, el grupo entrega el material en los sitios acordados y se retira del lugar. En ese momento, ingresan las unidades de la Fuerza Pública, que se encargan directamente de la destrucción.
Otro de los frentes que avanzan tras la reanudación de la mesa es la implementación de los programas piloto de sustitución de hoja de coca. En Nariño, el proceso ya comenzó en Roberto Payán, en las áreas de la laguna de Chimbusa, donde unas 300 familias firmaron acuerdos con la Dirección de Sustitución de Cultivos.
En Putumayo, las iniciativas se adelantan en Valle del Guamuez, Orito y San Miguel, y se prevé su ampliación a Puerto Asís. Novoa confirmó que el grupo armado se comprometió a no interferir en los acuerdos con las comunidades. “El 17 de octubre presentaremos un informe sobre el estado de avance de esos pilotos”, indicó.
Este diario ha intentado saber cómo avanza este proceso, pero la Dirección de sustitución de cultivos de uso ilícito, a cargo de Gloria Miranda, no ha respondido.
¿En qué va las Zonas de Capacitación y Ubicación Temporal?
El tercer punto central del proceso es la creación de las Zonas de Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZCIUT), espacios donde se concentrarán integrantes de la disidencia mientras avanzan programas de reincorporación, formación y verificación.
Un documento interno del 27 de septiembre, conocido por este medio, detalla que el esquema de las ZCIUT incluye 11 protocolos y dos anexos técnicos, que cubren logística, funcionamiento, seguridad, monitoreo, entrega de armas, comunicaciones, pedagogía y reglas de convivencia. La mayoría se encuentra en borrador avanzado o discusión inicial.
“Ya tenemos un acuerdo marco general. En unos 8 o 10 días esperamos tener los protocolos listos, y el presidente deberá firmar el decreto que formalice la creación de las zonas”, precisó Novoa.
Las primeras ZCIUT se ubicarán en Nariño y Putumayo, con la participación de 120 integrantes (60 por cada departamento), e incluirán planes de abastecimiento, seguridad y verificación conjunta con las autoridades civiles y militares.
A pesar de los avances, en el sur del país persisten denuncias sobre reclutamiento de menores indígenas y censos irregulares en resguardos que, según versiones locales, buscarían incorporar miembros de los Comandos dentro de la jurisdicción indígena.
“Estamos verificando esa información. Si eso se confirmara, sería un harakiri, porque el reclutamiento de menores es un delito grave que los excluiría de los beneficios de la ley”, advirtió Novoa.
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