Durante el acto en el que se anunció la destrucción de 14 toneladas de material de guerra entregadas por la disidencia de las FARC conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), Armando Novoa, jefe de la delegación de Gobierno en esos diálogos de paz, aseguró que espera que antes de marzo del próximo año cerca del 50 % de los integrantes de esa estructura armada estén concentrados en las Zonas de Ubicación y Capacitación Integral y Temporal que se adelantan en Putumayo y Nariño.
“El primer paso será el ingreso de 60 miembros en el departamento de Nariño y otros 60 en el departamento de Putumayo”, explicó Novoa.
Y agregó: “Pero si ese primer paso resulta bien, y contamos con el apoyo oportuno de las autoridades, ese número podrá aumentar de aquí al mes de marzo. Hemos hablado de la posibilidad de que alrededor del 50 % de los integrantes de ambas estructuras puedan estar ubicados en esas zonas”, añadió.
Según información de inteligencia citada por Novoa, la Coordinadora agrupa actualmente unos 2.500 hombres en armas. La meta, dijo, es que el proceso de ubicación avance en paralelo con la inutilización de material bélico, el inicio de los programas de reincorporación y la definición de las reglas que regirán las zonas de capacitación integral.
“Estamos a punto de terminar las reglas que deben operar en las zonas de ubicación temporal, que nosotros llamamos también de capacitación integral. Esas reglas son las que van a garantizar el ingreso de las unidades de la Coordinadora Nacional”, explicó Novoa.
El anuncio se produjo durante el evento realizado en Puerto Asís, Putumayo, donde el Gobierno informó que, tras múltiples retrasos y obstáculos, comenzó la destrucción de 14 toneladas de explosivos, granadas y armas de fabricación artesanal entregadas por esa disidencia.
De ese total, cuatro toneladas ya fueron destruidas el martes, en una operación acompañada por la Fuerza Pública y realizada, según Novoa, en el corregimiento de Piñuña, a unos 40 minutos de Puerto Asís.
“Son hechos que salvan vidas, hechos concretos que nos permiten mostrar que estamos avanzando de manera real”, afirmó Novoa, al recordar que en el atentado contra la Escuela Marco Fidel Suárez, en Cali, se usaron 200 kilos de explosivos: “Aquí estamos hablando de 14 toneladas, unas 600 veces más de lo que se empleó en ese ataque”.
El jefe negociador subrayó que las operaciones de destrucción no implican despejes ni ceses bilaterales de fuego, sino acciones controladas y verificadas por la Fuerza Pública, la única autoridad competente para realizar este tipo de procesos.
“Los particulares no pueden hacerlo motu proprio en el contexto de una mesa de diálogo. Por eso cumplimos con procedimientos coordinados con el Ministerio de Defensa y el Alto Mando Militar”, aclaró.
Respecto a la hoja de ruta, Novoa señaló que el Gobierno y la Coordinadora trabajan en 11 protocolos sobre seguridad, comunicaciones y reglas internas, que acompañarán el Acuerdo General y garantizarán que las personas concentradas en esas zonas “lo hagan con la intención y el interés de hacer tránsito al Estado social de derecho”.
Finalmente, advirtió que los avances del proceso dependen de que el Estado llegue efectivamente a los territorios. “Ellos mantienen desconfianzas legítimas porque las promesas del Acuerdo de 2016 se quedaron en el papel. No llegó el Estado oportunamente, no hubo garantías para las comunidades y crecieron las economías ilícitas”, señaló.
Aun así, se mostró optimista sobre los tiempos del proceso: y dijo que el tiempo que le queda al Gobierno Petro es suficiente para firmar un acuerdo de paz.
“Un año y diez meses es suficiente para un acuerdo definitivo, pero las transformaciones territoriales no se logran en tan poco tiempo. Necesitamos continuidad, no del presidente en el poder, sino de la política de paz como política de Estado. Sin eso, todos nuestros esfuerzos serán infructuosos”.
“Acuerdo pactado, acuerdo cumplido”
Por su parte, Walter Mendoza, jefe negociador por parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, celebró el inicio de la destrucción del material de guerra como una señal de confianza en el proceso.
“Esto es un gran avance. Es el Acuerdo 12, donde la Coordinadora se compromete a entregar doce toneladas de explosivos para destruirlos como muestra de la buena voluntad de paz que tenemos todos los guerrilleros de la Coordinadora”, dijo a medios.
Mendoza aseguró que su organización mantiene una actitud optimista frente al proceso de paz con el Gobierno del presidente Petro. “Ya hay acuerdos y es la implementación de unas zonas de capacitación integral temporal, donde van a llegar 120 guerrilleros inicialmente para hacer el tránsito de la lucha armada a la lucha política, con garantías jurídicas, económicas, sociales y culturales”, afirmó.
Sobre las expectativas de alcanzar un acuerdo final antes de que termine el actual gobierno, Mendoza respondió: “A eso le vamos a apostar, a eso le vamos a apostar”. Sin embargo, advirtió que la disposición de los combatientes para movilizarse hacia las zonas dependerá del cumplimiento de los compromisos pactados.
Preguntado sobre cuáles son las condiciones para lograr ese tránsito a las Zonas de Ubicación y Capacitación Integral y Temporal dijo: “Estamos trabajando bajo la tesis de que acuerdo pactado, acuerdo cumplido. En eso nos la vamos a jugar toda”.
Mendoza también reconoció que las inversiones del Estado en los territorios donde opera la Coordinadora aún son limitadas. “Hasta el momento las inversiones no han sido muchas, pero creemos que el Gobierno está gestionando para eso. Hay una carretera que puede desembotellar la región entre La Guayacana y Roberto Payán, y que sería de gran alivio para las comunidades. Ojalá quede construida al término de este gobierno, porque impulsará el desarrollo económico y político de la zona”, expresó.
Mendoza añadió que una de las principales condiciones para avanzar en la concentración de los combatientes es la solución a los problemas jurídicos de la estructura. “Ese es el tema que más nos preocupa. Creemos que el proyecto que se discute en el Congreso puede servir como marco jurídico, pero nosotros no fuimos invitados a debatirlo y esperamos que se hagan los ajustes necesarios”, advirtió.
**Enviada a Puerto Asís, Putumayo
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