La política de drogas del gobierno del presidente Gustavo Petro cambió el enfoque tradicional de la lucha contra las drogas. Su política nacional tenía una doble estrategia llamada “oxígeno” y “asfixia”. La primera consiste en brindar apoyo integral, social y económico a los pequeños campesinos, cultivadores, comunidades vulnerables y ecosistemas afectados por el mercado ilegal. Busca facilitar la transición hacia economías lícitas alternativas.
Y “asfixia” se enfocaba en perseguir a las grandes organizaciones criminales.
El otro cambio fue el seguimiento a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, impulsada a través del programa RenHacemos -que reemplazó al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)-. Fue un viraje que se convirtió en uno de los puntos de tensión en la relación diplomática del mandatario con su homólogo estadounidense, Donald Trump.
A pocos meses de la salida de Petro de la Casa de Nariño, el balance deja 42.534 hectáreas que entraron a procesos de sustitución, pero solo 6.386 han sido erradicadas y verificadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Le puede interesar: ¿Qué harán los y las candidatas con la seguridad, los grupos armados y el Acuerdo de Paz?
La meta del Gobierno es alcanzar las 30.000 hectáreas erradicadas antes de entregar el poder el próximo 7 de agosto, un objetivo que implicaría multiplicar casi cinco veces los resultados verificados hasta ahora en los casi tres meses que le quedan a esta administración.
Con ese panorama sobre la mesa, quedan abiertas preguntas sobre los alcances de la política actual y sobre el rumbo que tomará el próximo presidente frente a los cultivos ilícitos y el narcotráfico con la sombra de la descertificación que volvió a tener Colombia por parte de Estados Unidos.
Colombia+20 revisó los planes de gobierno de los tres candidatos que puntean las encuestas. Esto es lo que proponen en materia de política de drogas.
Paloma Valencia
La propuesta de Paloma Valencia, presentada en su programa de gobierno “Plan 10″, plantea una estrategia que combina sustitución de cultivos, recuperación del control territorial por parte del Estado y herramientas de erradicación. El documento propone un enfoque de “sustitución forzosa y generosa para acabar los cultivos ilícitos y garantizar los ingresos de los campesinos”.
Aunque el programa no desarrolla con detalle cómo operaría esa política, sí deja claro que buscará fortalecer herramientas como la “incautación” y el “control de precursores químicos”.
El documento tampoco especifica qué ocurriría con los programas de sustitución voluntaria. Sin embargo, hace unos días Valencia explicó a Colombia+20 que, de llegar a la Presidencia, impulsaría una “reingeniería profunda” al PNIS, la estrategia creada tras el Acuerdo de Paz para acompañar a los campesinos en la transición hacia economías legales.
Según la candidata, la idea sería mantener los componentes que han mostrado resultados y modificar aquellos que considera insuficientes. “Lo que funciona se mantiene; lo que no, se reemplaza por sustitución viable con compra garantizada y, donde sea operativamente necesario, recuperación del control territorial con erradicación y aspersión técnica”, señaló.
En el plano económico y judicial, el plan de gobierno de Valencia busca debilitar las finanzas de organizaciones criminales mediante mecanismos como la extinción de dominio exprés para reducir los ingresos provenientes de actividades ilícitas.
Lea también: Petro responde a Uribe tras su mensaje a ELN, disidencias y Clan del Golfo sobre Iván Cepeda
La estrategia también conecta la lucha contra el narcotráfico con asuntos ambientales. El plan propone sacar las economías criminales de ecosistemas como el Amazonas para frenar la deforestación y permitir que las comunidades desarrollen actividades sostenibles.
Además, fija como prioridad garantizar que “parques y entornos escolares estén libres de drogas”.
Abelardo de la Espriella
La propuesta de Abelardo de la Espriella es la más orientada hacia una estrategia de confrontación directa contra el narcotráfico. En su programa de gobierno, el candidato plantea una política centrada en la erradicación y el uso de distintas herramientas para combatir las economías ilegales.
Dentro de las cuatro amenazas de las que, según su propuesta, Colombia debe ser “salvada”, De la Espriella incluye la “penetración del narcotráfico y de las economías ilegales”.
A partir de ese diagnóstico, el candidato sustenta la necesidad de una intervención más contundente en las cifras. Según se lee en su programa de gobierno, Colombia enfrenta un escenario de alrededor de 330.000 hectáreas de coca y una producción potencial de 2.664 toneladas de cocaína para 2025.
Le puede interesar: Invamer: 60,3 % de encuestados cree que grupos armados ejercen presión sobre el voto
Su propuesta contempla el uso simultáneo de distintas herramientas de intervención. “Destruir las 330.000 hectáreas de coca y valerse de todas las herramientas que nos permite la ley y la tecnología con la fumigación aérea, la erradicación manual, la persecución a los capitales de los narcos, la extinción de dominio exprés, la sustitución y la extradición”, señala el documento.
La estrategia no se limita a los cultivos ilícitos. También propone revisar entidades públicas para detectar posibles vínculos con el narcotráfico y la corrupción. En ese punto, el programa habla de una “limpieza inmediata” de las cabezas y órganos directivos del Estado y menciona a Ecopetrol como una prioridad “para erradicar cualquier filtro de narcotráfico, corrupción y mala gerencia”.
Iván Cepeda
De los tres candidatos, Iván Cepeda es el único que pone la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en el centro de su política de drogas. Su propuesta plantea una ruptura con el modelo prohibicionista tradicional y le apunta a un enfoque basado en derechos humanos, en el que se prohíbe el glifosato para la aspersión sobre cultivos de uso ilícito.
“Requerimos una sustitución de paradigma. El prohibicionismo está agotado como modelo para encarar este mal. La discusión sobre la desregulación, la transformación productiva de nuestros territorios rurales, y la cooperación internacional para reemplazar las economías ilícitas son el camino”, dice el documento.
Según indica su programa de gobierno, Cepeda parte de un diagnóstico: la llamada “guerra contra las drogas” no logró desmontar las economías ilegales ni las redes que las sostienen. “Este modelo ha demostrado ser un camino directo hacia el infierno de la consolidación y expansión de las economías del narcotráfico, multiplicando la violencia, la corrupción y el sufrimiento de nuestros pueblos”, se lee en si plan de gobierno.
El candidato también señala que las políticas antidrogas han ignorado las condiciones estructurales que llevaron a miles de colombianos a vincularse a los cultivos de uso ilícito. “Las familias campesinas no sembraron coca por vocación, sino por abandono; lo hicieron en medio de la falta de vías, de créditos, de asistencia técnica y de mercados justos para sus productos”, expresa Cepeda en el documento.
A partir de esa lectura, el candidato plantea que la sustitución no puede limitarse a la erradicación de cultivos, sino que debe estar acompañada de una intervención estatal más amplia en los territorios. Según sostiene su plan de gobierno, las comunidades ya demostraron disposición para abandonar la coca cuando existen garantías reales. “Cuando el país les propuso acuerdos de sustitución voluntaria, respondieron con esperanza, demostrando que su compromiso siempre ha estado del lado de la paz y de la legalidad”, se lee en el documento.
Para el candidato, el problema ha sido el incumplimiento de esas promesas. En su propuesta asegura que “lo que las comunidades piden es proyectos productivos reales, infraestructura, educación, salud y apoyo técnico que les permita transitar hacia economías lícitas sin condenar a sus familias al hambre”.
Bajo esa lógica, Cepeda propone un cambio en la estrategia contra el narcotráfico. “No perseguiremos al eslabón débil”, señala el programa. En lugar de ello, plantea la “protección e integración a circuitos económicos sostenibles del campesinado que se ha visto forzado a sembrar hoja de coca” y enfocar la persecución estatal en las estructuras criminales y financieras de mayor alcance. Su propuesta incluye fortalecer los controles en puertos y aeropuertos, combatir el lavado de activos y reforzar la vigilancia sobre combustibles y precursores químicos mediante mecanismos de trazabilidad.
Además, el candidato plantea impulsar ante el Congreso de la República “la legalización regulada del cannabis industrial de la hoja de coca, transfiriendo el control del mercado de las mafias al Estado. Transformaremos la hoja de coca en oportunidad industrial (abonos, alimentos, farmacéutica) y el Estado garantizará la compra para usos lícitos mientras se consolida la sustitución”.
El giro que propone también incluye cambios en la relación internacional sobre la política antidrogas, particularmente con Estados Unidos. Cepeda cuestiona mecanismos históricos como la certificación anual en materia antidrogas y la extradición masiva de nacionales, que considera parte de una relación desigual. Su programa sostiene que Colombia no puede seguir cargando sola con los costos de esa política y plantea la necesidad de “romper la relación de subordinación” en esta materia.
“Estados Unidos debe abandonar la cómoda postura de quien, siendo el principal consumidor y una de las raíces estructurales del fenómeno, tolera el narcotráfico dentro de sus fronteras, mientras impone a otros pueblos —como el nuestro— la carga de los muertos, los sacrificios y la destrucción social”, dice el documento.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.
