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La delegación del Gobierno en el Espacio de Conversación Socio Jurídico (ECSJ) con bandas de Medellín y el Valle de Aburrá suspendió su agenda de diálogo con los voceros de las Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto (EAOCAI) tras el ingreso del cantante vallenato Nelson Velásquez a la Cárcel de Itagüí este miércoles 8 de abril.
“Rechazamos de manera contundente y categórica lo ocurrido, y a partir del día de hoy suspendemos la agenda de interlocución con los Voceros de las Estructuras hasta no tener claridad sobre su responsabilidad en los hechos ocurridos”, escribió el equipo negociador en un comunicado emitido este 9 de abril.
Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Velásquez habría participado en una celebración organizada por internos del penal, actividad que no fue autorizada por la Dirección General del INPEC ni contó con aval del Gobierno Nacional o del Ministerio de Justicia y del Derecho.
“Los hechos denunciados del día de ayer, 8 de abril de 2026, en La Cárcel de Itagüí por el ingreso de un artista, y confirmados por el Instituto Nacional Penitenciario - INPEC, no hacen parte de las garantías de funcionamiento del ECSJ”, añade el comunicado.
Además, la delegación señaló que respalda las medidas adoptadas por el INPEC.
La discusión por las órdenes de captura
La tensión alrededor de la mesa de negociación con las bandas urbanas de Medellín viene desde hace unos días.
Este 7 de abril se conoció la decisión de la Fiscalía General de la Nación de echar para atrás la suspensión de 16 órdenes de captura que había frenado sobre 23 jefes de esas bandas urbanas. El Comisionado de Paz, Otty Patiño, fue quien hizo la solicitud de esa suspensión en el marco de los diálogos de paz.
Según señaló la fiscal general, Luz Adriana Camargo, desde el ente investigador evidenciaron que la mayoría de esas personas que habían sido beneficiadas ya están privadas de la libertad y cumpliendo una condena.
La noticia se conoció casi al mismo tiempo que en el que la delegación de Gobierno, en cabeza de la senadora Isabel Zuleta, insistió en una rueda de prensa en que las conversaciones han entrado en una fase más estructural.
Zuleta sostuvo que la solicitud de garantías jurídicas no implica beneficios indebidos, sino que responde a la necesidad de proteger el diálogo. “La petición de garantías surge por la persecución judicial y mediática contra el proceso”, afirmó, al explicar el origen de las solicitudes elevadas ante las autoridades sobre 23 de estos jefes, siete de los cuales están en libertad porque ya cumplieron su condena.
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