La solicitud del comisionado para la paz, Otty Patiño, de trasladar a los jefes de las bandas criminales “Los Costeños” y “Los Pepes” a la cárcel de Barranquilla –como parte de los diálogos exploratorios con ambas estructuras en el marco de la paz urbana del Gobierno Petro– fue suspendida. Así lo anunció el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, este 12 de enero.
La Alcaldía de Barranquilla había cuestionado la medida, que según la solicitud de Patiño buscaba sostener la tregua pactada entre ambas estructuras ilegales, que vence el próximo 20 de enero. De acuerdo con la administración distrital, esta no fue informada ni participó en una coordinación técnica previa para evaluar los impactos de la decisión en la seguridad de la ciudad.
“Siempre hemos apoyado los esfuerzos de paz de este y de anteriores gobiernos, pero por el alto perfil criminal de las personas que serán trasladadas a nuestro territorio hubiera sido importante poder establecer una coordinación técnica permanente entre el Distrito, la Gobernación y el Gobierno nacional con el fin de evaluar los posibles efectos de dicho traslado y tomar las respectivas medidas de seguridad ciudadana y fortalecimiento penitenciario con el fin de que las cárceles de la ciudad no se conviertan en centros de mando criminal y la mesa de diálogo en un escenario de fortalecimiento de la ilegalidad”, aseguró la Alcaldía en un comunicado emitido este 12 de enero.
Aunque la suspensión del traslado se conoció tras esos cuestionamientos, el ministro Idárraga aclaró en una rueda de prensa que la decisión no obedeció a la reacción de la Alcaldía.
“No se da por el alcalde (Alejandro) Char. La suspensión se da porque el fin de semana, previo a los traslados que ya estaban autorizados, surgieron alguna serie de contradicciones con el equipo negociador del alto funcionario para la Paz. De tal manera que la suspensión obedece es a una falta de cumplimiento de acuerdos y compromisos entre estas dos bandas criminales con la mesa que tienen con la oficina del comisionado para la paz. De trasladarse, pues tendrá que ser en el marco de sus acuerdos”, aseguró.
Idárraga no dio detalles sobre esos “incumplimientos”, pero aseguró que antes de cualquier traslado es necesario que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz entreviste a los jefes de las bandas para definir con claridad las condiciones del proceso, como quiénes serían trasladados, a qué se trasladan, con qué propósito y qué funciones cumplirían.
En ese contexto, el ministro fue enfático en que la prioridad del Gobierno es la protección de la vida y el orden público en Barranquilla y que, por ahora, la decisión final depende exclusivamente del comisionado Patiño.
“El Ministerio de Justicia es un vehículo para materializar los acuerdos que se hacen en esa mesa. Ningún ministerio decide si se van o no a una cárcel u otra”, señaló.
Idárraga también dijo que los traslados no buscan facilitar la coordinación entre las bandas criminales, sino responder a los objetivos del proceso de paz urbana.
“No las trasladamos para delinquir más cerquita entre ellos, las trasladamos en función del proceso de paz que se está llevando a cabo. Entonces, nosotros esperamos que sea la Oficina del Alto Comisionado para la Paz quien determine si se está continuando o no con el cumplimiento de los acuerdos con esta parte de bandas criminales, con el propósito, en principio de mantener la tregua y hacer que Barranquilla cada vez sea una ciudad más en paz”, añadió.
Los vacíos en el marco jurídico
A siete meses de que culmine el Gobierno Petro, aún no existe un marco jurídico bajo el cual se dará el sometimiento de la estructuras criminales, como las bandas urbanas de Barranquilla. Sin embargo, para el ministro Idárraga, esto no es un requisito indispensable para iniciar los diálogos.
“No precisamos de un marco inicialmente para iniciar las conversaciones. Sí se precisará de un marco para poder llevar a cabo las materializaciones y la protocolización de un eventual acuerdo de paz. Mientras tanto, tenemos la obligación estatal de buscar canales que conduzcan a la paz, al desarme y a la reducción de delitos como los que se presentan en Barranquilla, como la extorsión y el asesinato por parte de estas personas”, señaló.
Según el ministro, están a la espera de que las mesa de diálogos con los grupos armados avancen, mientras la Oficina del Comisionado de Paz determine “en qué momento tenemos que avanzar en este teniendo (el de las bandas de Barranquilla) teniendo en cuenta ese tiempo corto, qué marco y qué reglamentación jurídica vamos a tener para poder protocolizar en tal caso los acuerdos”.
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