Excombatientes de las FARC que siguen presos pese al Acuerdo de Paz: el caso de Ángel Parra


Ángel Parra entró a la guerrilla cuando tenía 10 años.

Foto: Nicolás Achury González

Ángel Parra entró a la guerra siendo un niño. Tenía 10 años cuando la violencia se fue acercando hasta su casa y el pavor se fue apoderando de su infancia. “Eso eran masacres y masacres, una tras otra en el pueblo”, recuerda.


Dice que no tenía a quién contarle que por la noche soñaba con las cosas que veía en su vida real en una vereda de Santander: hombres que llegaban de civil y luego aparecían armados, vecinos asesinados o familias que vendían la tierra “a precio de huevo” para huir.


De esa época recuerda pocas cosas, a su madre, a su padre y la casa que no abandonaron, pero afirma que tiene vivo el recuerdo del momento exacto en que tomó la decisión que lo sacó de ahí y lo llevó a otra vida. “Yo me volé de mi casa del miedo que me daba. No era miedo de que me reclutaran. Yo me fui porque pensé que me iban a matar”, cuenta a Colombia+20 Parra, quien hoy tiene 48 años.


Salió una mañana y caminó hasta una finca donde estaba un comandante de las antiguas FARC. Recuerda que le preguntó de dónde venía y le dijo que se devolviera para la casa, que la zona no era segura para un niño, pero Parra fue insistente y le pidió al menos pasar la noche. Quería dormir. Soñar con otra cosa.


Días después, en una mezcla de profunda inocencia, de que alguien se hiciera cargo, de pertenecer, de seguridad, le dijo que lo dejara entrar en la guerrilla. “El comandante me dijo que no, que era muy niño, pero me dejó quedarme. Así que empecé cuidando vacas y trayendo leña”, dice.


Pero la guerra avanza incluso cuando parece suspendida. A los 11 años ya tenía entrenamiento militar, ya sabía que no podía dejar un arma tirada y que, si se encontraba con el enemigo, uno de los dos iba a morir.


Con los años dejó de ser el niño que jugaba con un revólver que no entendía. Se volvió parte de la guerrilla que por más de 50 años atacó a sangre y fuego al país, a las familias, a las comunidades. Operó en Santander, una zona de fuerte presencia guerrillera, y participó en acciones armadas. La justicia lo condenó por delitos atroces: homicidio agravado, secuestro extorsivo agravado, rebelión y porte ilegal de armas. “Me volví como los hombres que aparecían en mis sueños”, dice en voz baja.


Una década después lo capturaron y pasó 25 años en la cárcel. Cuando salió, en noviembre de 2025, el país ya había firmado el Acuerdo de Paz hacía casi una década. Para entonces llevaba años intentando —sin éxito— que su caso fuera reconocido dentro de ese nuevo marco jurídico, peleando en tribunales y ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que su historia encajara, por fin, en las reglas que el propio pacto había creado.


“Fue un proceso muy largo y adverso (…) Durante años la JEP negó siquiera estudiar el caso porque, según los expedientes de la justicia ordinaria, no estaba claro que hubiera sido miembro de las FARC. Ni siquiera lo escucharon”, explica a Colombia+20 Juan David Bonilla, su abogado.


No se trata de absolver a quienes pertenecieron a las FARC de los delitos cometidos. El Acuerdo de Paz redefinió la forma de juzgar a los excombatientes, pero no eliminó las penas. Al contrario, abrió la puerta a beneficios como amnistías, tratos penales diferenciados o libertades condicionadas, bajo la tutela de la JEP.

Pero, sobre todo, abrió la puerta para que esos excombatientes contaran la verdad y con ello repararan a las víctimas.

Sin embargo, en la práctica, ese tránsito ha sido irregular y todavía difícil de medir con precisión. Para 2024, más de 500 personas privadas de la libertad aparecían en registros asociados al proceso de paz como presuntos miembros de las antiguas FARC, aunque buena parte de ellos perpetraron hechos después del Acuerdo de Paz.


Al depurar los casos por hechos anteriores al pacto de La Habana —los que en principio sí podrían entrar en la justicia transicional— el universo se reduce a unas 270 personas.


Aun así, no hay una cifra clara de cuántas de ellas deberían acceder efectivamente a esos beneficios. Depende de factores que muchas veces no están bien establecidos en los expedientes como si hay pruebas o no de que esa persona tiene una pertenencia acreditada a las FARC, si los delitos ocurrieron antes de la firma pero, sobre todo si están relacionados con el conflicto.


Como explica el investigador Gerson Arias, de la Fundación Acordemos y quien participó en el recibimiento de los listados con los nombres de quienes estaban en las FARC, hubo varios problemas que incluso se presentaron en el origen de esas listas. La guerrilla entregaba esos nombres, pero el Gobierno hacía observaciones caso por caso. “Había personas sobre las que no había suficiente información en los expedientes judiciales para confirmar su pertenencia, y quedaron en una especie de limbo”, afirma. Esos listados en “observación” terminaron siendo uno de los cuellos de botella del sistema.


“Mucha gente está ahí porque su comandante murió o sus compañeros y nadie podía acreditar que eran de las FARC. Hay de todo, claro, gente que cometió delitos graves y que quiere y debe ir a la JEP, pero también hay gente que tiene delitos menores, robos, rebelión, ellos deberían salir”, dice un firmante de paz que también ayudó en la construcción de esos listados.


Los primeros análisis muestran el enredo. De los 270 casos se han revisado 94 y, de ese total, solo cuatro tienen una relación clara con el conflicto armado. Es decir, que la mayoría no cumplía los criterios o sigue a la espera de información o confirmación.


En ese margen incierto han quedado durante años decenas de excombatientes que, como Parra, siguen intentando demostrar quiénes fueron en la guerra para poder salir de ella en la justicia.


En su caso, uno de los principales obstáculos fue la forma en que quedó registrado en los expedientes. “En los procesos judiciales aparecía vinculado al EPL (Ejército Popular de Liberación, otra guerrilla), no a las FARC”, explica su abogado. Esa clasificación marcó todo el camino posterior.


“Yo sí estaba haciendo inteligencia con ellos (con el EPL), pero era porque estábamos por hacer una operación conjunta. Yo me fui a encontrar con alguien para hacer eso y fue ahí donde me capturaron y de una asumieron que era del EPL y no, yo era de las FARC, pero imagínese uno en 1998 decir eso. Opté por quedarme callado”, afirma.


Esa “etiqueta” terminó condicionando las decisiones judiciales durante años. “Muchos procesos se construyeron sobre hipótesis de la Fiscalía que nunca se discutieron a fondo. Lo importante en ese momento era aceptar cargos para reducir la pena, no establecer con precisión qué organización estaba detrás de los hechos”, asegura el abogado Bonilla.


Parra optó por aceptar cargos —incluso en casos en los que su participación era discutible— para “arreglar la vida jurídica”. El resultado fue una condena acumulada cercana a los 40 años. “En Colombia no hay cadena perpetua —dice—. Pero yo siento que la pagué”.


El largo camino para la libertad


Su solicitud ante la JEP para salir de la cárcel se radicó entre 2018 y 2019, en los primeros años de funcionamiento de la Jurisdicción. En ese momento, según su defensa, el análisis de ese tribunal de paz era restrictivo. “Lo que hacía la JEP en ese momento era revisar el expediente de la justicia ordinaria y, con base en eso, decidir”, explica el abogado. “Si ahí no decía que era de las FARC, entonces no lo era”, afirma.


En esos documentos Parra no aparecía como miembro de las FARC y, aunque estaba en los listados, no tenía certificación formal, y eso lo dejó en una categoría de “en observación”. Sin acreditación y sin otras formas de probar su pertenencia a ese grupo no había beneficios.


Durante años la respuesta fue negativa. La JEP rechazó su caso en primera y segunda instancias. También una tutela. Mientras tanto, Parra seguía en prisión. Pasó por varias cárceles como la de Palogordo, en Bucaramanga, la Tramacúa de Valledupar y finalmente La Picota en Bogotá. En una de ellas le diagnosticaron leucemia mieloide crónica y la necesidad de un medicamento diario para vivir.


Para conseguirlo logró en 2015 medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ordenaban garantizar su atención médica. Aun así, según su defensa, hubo momentos en los que no recibió el tratamiento. “Había períodos en los que no le entregaban el medicamento. Eso ponía en riesgo su vida”, señala el abogado.


El giro llegó en 2024. La Jurisdicción empezó a valorar no solo los expedientes, sino también pruebas de contexto, testimonios y reconstrucciones territoriales.


Además, Parra finalmente fue acreditado por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz como exintegrante de las FARC. Eso permitió reabrir su caso. “Ya no era solo lo que decía el expediente, sino todo un análisis de contexto, de cómo operaban las estructuras en la zona, de quiénes estaban allí”, explica su defensa.


De acuerdo con la defensa de Parra, la magistrada de la JEP Diana Vega activó medidas cautelares y ordenó revisar su situación de manera integral.

La Jurisdicción Especial para la Paz ha detectado con problemas estructurales sobre expedientes dispersos, antiguos y, en muchos casos, incompletos.


“Uno pide los procesos y no es tan fácil encontrarlos. A veces es literalmente una bodega y dicen: ‘Ahí está el expediente’”, explicó a este diario en Xiomara Balanta, magistrada de la Sala de Amnistía e Indulto de ese tribunal y quien fue la primera vicepresidenta de la JEP. “No es lo mismo un caso reciente que uno de hace 20 años. Muchos no están digitalizados y toca empezar por ahí”.

Esa búsqueda —que en el papel debería resolverse en días— puede tomar meses. “Uno da tres días para que envíen un expediente y pueden pasar seis meses sin que llegue”, explica la magistrada Balanta.


También por eso, insiste, el trabajo no recae solo en la Jurisdicción: “La defensa tiene que ayudar a ubicar esa información. Si no se sabe dónde están los procesos, todo se demora mucho más”.


El beneficio de que estas personas salgan de la cárcel a la postre también es para las víctimas que pueden encontrar más verdad si entran a la JEP.


La salida de la cárcel de Parra no fue de inmediato. Cuando obtuvo una primera medida de libertad apareció un proceso que nadie —ni su defensa, ni la JEP, ni él mismo— conocía. Estaba engavetado desde hacía años en un despacho judicial. Luego apareció otro y otro más. Tres expedientes en total que no figuraban en los registros. “Ni siquiera estaban en ejecución de penas. Estaban en un limbo administrativo”, explica el abogado.


El problema no era excepcional. Como reconoce la propia magistratura de la JEP, hay casos con procesos dispersos en distintos juzgados del país que deben ser reunidos antes de tomar una decisión de fondo.


Cada expediente de Parra implicó nuevos recursos: habeas corpus, solicitudes, decisiones. “Era como salir por partes. Le liberaban un proceso, pero aparecía otro”, afirma Bonilla.


Finalmente, tras meses de trámites y de reconstruir su historia judicial fragmentada, la JEP ordenó su libertad.

Parra intenta rehacer su vida en libertad. Lleva cuatro meses fuera de la cárcel. No tiene un trabajo estable. Vive, en gran parte, de los apoyos del proceso de reincorporación, que —señala— no siempre llegan completos.


Justo a inicios de este mes se conoció un proyecto de resolución de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) que modifica las condiciones de acceso a la asignación mensual de los firmantes.


Hasta ahora el subsidio lo recibían los firmantes en proceso de reincorporación que tuvieran ingresos de hasta cinco salarios mínimos. Con la nueva decisión el beneficio se mantendría únicamente para quienes no tengan ingresos formales o ganen menos de un salario mínimo, lo que implica, según esa Agencia, una focalización del apoyo económico. Parra entraría entre los que tendrían esa asignación y, sin embargo, afirma que este mes no llegó completa.


“En estos cuatro meses este fue el único mes que no recibí la bonificación de comida. Y uno queda ahí, mirando cómo paga arriendo, comida, transporte…”, cuenta.


Ha buscado empleo y ha tenido un par informales y ocasionales, pero la mayoría de las veces no pasa de la entrevista.


“Revisan los papeles, se dan cuenta de mi situación y hasta ahí llega uno”, asegura.


Otros obstáculos que ha enfrentado han sido para acceder a su tratamiento médico —indispensable para sobrevivir—. Por eso tuvo que interponer una tutela hace apenas unas semanas. “Me dejaron más de un mes sin el medicamento para el cáncer”, denuncia.


Habla también de algo más amplio del sentido mismo de la reincorporación.


“No sé qué está pasando. No sé por qué no miramos todos como sociedad el beneficio tan grande que es que haya gente que estamos apostando a esto. Es un paso para dejarnos de matar”, asevera.


Aun así, insiste en que no piensa volver atrás y reconoce, que su salida no fue solo resultado de su propio proceso. “Yo les agradezco al partido Comunes y a Rodrigo Granda. Si no hubiera sido por ellos, yo no estaría afuera”, dice.


Su historia —como la de muchos otros— no termina con la salida de la cárcel. Apenas cambia de escenario.


Porque entre lo que prometió el Acuerdo de Paz y lo que ocurre en la vida diaria hay una distancia que todavía no se ha cerrado. Y en ese espacio se juega, en buena parte, lo que significa realmente dejar la guerra atrás.

Nota de la editora: En la versión impresa de esta nota, se confundió el nombre de la magistrada de la JEP y se puso erróneamente el de la magistrada Diana Vega, quien fue quien le concedió la libertad al señor Ángel Parra. Fue la magistrada Xiomara Balanta quien concedió la entrevista a este diario.

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