A menos de 24 horas de haberse radicado en el Congreso el proyecto de ley de sometimiento, el corazón de la Política de Paz Total del gobierno Petro, quedaron expuestas algunas fracturas dentro del Gobierno, pero también los choques con sectores que no están de acuerdo con esta iniciativa.
La propuesta, liderada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, busca establecer un marco jurídico para la desmovilización y sometimiento de estructuras armadas, como las bandas criminales los Shottas o los Espartanos, o las de Medellín, pero también tener una justicia transicional con grupos armados como el Clan del Golfo.
Pero la radicación oficial hecha el domingo en pleno inicio de la última legislatura ordinaria del Congreso desató una cadena de cuestionamientos, empezando por el propio comisionado de Paz, Otty Patiño.
“Faltan consensos políticos y sociales. Puede convertirse en una gran dificultad para adelantar un marco jurídico basado en este tipo de gabelas”, dijo Patiño en entrevista con El Tiempo, dejando claro que su oficina no respaldaba la radicación del proyecto en estos términos ni en este momento.
Aunque reconoció que se había reunido una vez con Montealegre para hablar del borrador, aseguró que la iniciativa requería más tiempo y concertación. “Me parece que eso es un error. No presentar una cosa como esta a través de una comisión interparlamentaria, y que cuente ya de entrada con un alto grado de aceptación política y social, puede convertirse en una gran dificultad para adelantar un marco jurídico basado en este tipo de gabelas”.
La respuesta del ministro no se hizo esperar. En una rueda de prensa convocada este lunes, Montealegre arremetió públicamente contra el comisionado de Paz, a quien acusó de torpedear la política de sometimiento: “Es absolutamente inconcebible que Otty Patiño se convierta en un francotirador de la paz”, respondió el lunes a una pregunta hecha por este diario.
El ministro fue enfático en señalar que la Consejería de Paz es la encargada de las ocho mesas de negociación activas —tres con insurgencias y cinco con grupos armados organizados—, y que en cada una de ellas se ha discutido la necesidad de tener un marco jurídico.
“En todas las mesas se ha dicho que es indispensable un nuevo marco para poder avanzar. Si nos sentamos con estos grupos, y ellos dicen ‘este marco no nos gusta’, pues tendremos que seguir concertando. Pero hay que tener una propuesta sobre la mesa. No podemos seguir sin reglas claras”, insistió Montealegre.
Montealegre responde a Juan Manuel Santos
A las tensiones internas se sumó otra voz crítica. El expresidente Juan Manuel Santos, artífice del Acuerdo de Paz de 2016, afirmó en entrevista con este diario que esperaba que el Congreso no aprobara el proyecto de sometimiento.
Entre varias razones, sus reparos se alinean con una interpretación jurídica que considera que la justicia transicional solo puede operar para actores excluidos del proceso de paz con las FARC, pero no para bandas criminales o estructuras armadas sin carácter político definido. “Creo que presentar un proyecto de ley cuando uno no tiene nada claro sobre las negociaciones con estos grupos generales, ni quiénes son, ni cuántos son, ni cuál es el objetivo, me parece que sería un salto al vacío y una irresponsabilidad. Por eso espero que el Congreso no vaya a aprobar ese proyecto de ley”, dijo Santos.
Montealegre respondió sin matices. “Los Acuerdos de La Habana no están escritos en piedra. No pueden fosilizar futuras negociaciones. Respetamos al expresidente Santos, valoramos su legado. Y agregó: “Si Santos se opone a este proceso de paz, lo va a castigar la historia”.
Montealegre también rechazó la tesis según la cual el Acuerdo Final de 2016 cerró las puertas a futuras formas de justicia transicional:
“Las normas de exclusión de beneficios para quienes no participaron en La Habana fueron transitorias, producto del Acto Legislativo de 2012, y no son una camisa de fuerza para el futuro. Es más, sería inconstitucional establecer que Colombia no puede volver a hacer justicia transicional. Eso sustituiría la Constitución”, argumentó.
Apelando a la doctrina del Tribunal Constitucional Alemán, el ministro reiteró que la paz es un derecho fundamental en la Constitución colombiana, y que cualquier norma —incluso constitucional— que impida nuevas formas de negociación sería contraria al orden de valores democráticos del Estado.
“Esto presupone un punto de partida político supremamente importante: aceptar que Colombia todavía sigue en conflicto armado. El conflicto no terminó con La Habana”, dijo.
Y agregó: “No es un capricho del Gobierno negociar con ellos. Si se negara su estatus como actores del conflicto, entonces tampoco se podrían bombardear ni tratar como tales, y eso es absurdo. Las normas deben interpretarse desde la realidad y el contexto actual del país”.
El cruce de declaraciones visibiliza las tensiones en varios sectores de la opinión pública, pero además muestra que el proyecto de sometimiento no solo enfrenta obstáculos jurídicos o legislativos, sino una seria falta de articulación política dentro del mismo Ejecutivo e incluso en las mesas de paz. Por ejemplo, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), disidencia que comanda “Wálter Mendoza” y que está en un proceso de paz con el Gobierno, sí se refirió al tema a través de una carta.
En la misiva afirman que no está claro cuál es el marco jurídico y que, para ellos, la discusión de ese proyecto aún no ha terminado. “Encontramos compleja la radicación de un proyecto de ley que busque soluciones judiciales, sin que previamente se haya agotado la discusión llegando a consensos y disensos, sin que haya sido aprobado por la plenaria de la mesa y adoptado por un acuerdo de la misma; ruta que está pendiente de efectuarse”, dice la carta.
Álvaro Jiménez, delegado del Gobierno en los diálogos con el Clan del Golfo, también se desmarcó del proyecto y aseguró que no participó de la redacción.
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