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Tras la radicación en el proyecto de ley de paz total para el sometimiento de estructuras armadas a cargo del Ministerio de Justicia, el jefe de esa cartera, Eduardo Montealegre, se refirió en rueda de prensa a los comentarios que han surgido al rededor del documento, entre ellos el del Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, quien en una entrevista señaló que el proyecto requiere más análisis.
“Esto requiere más análisis. Porque cualquier iniciativa que se presente desde el Gobierno sabemos que corre el riesgo de tener una gran oposición”, señaló Patiño en una reciente entrevista con El Tiempo.
En respuesta a los comentarios de Patiño, el ministro Montealegre dijo que le parecía inaceptable. “Es absolutamente inconcebible que Otty Patiño se convierta en un francotirador de la paz”, dijo.
Esta iniciativa, que fue radicada horas después del inicio de la última legislatura, es una de las piedras angulares de la política de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro.
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La propuesta legislativa busca crear un marco normativo específico para desmantelar de forma negociada las organizaciones armadas sin estatus político —como las que dominan economías criminales en zonas urbanas y rurales—, mediante beneficios condicionados a la entrega de bienes, la contribución a la verdad, la reparación a las víctimas y el cese definitivo de actividades ilegales.
Además, el texto contempla un tratamiento especial para personas judicializadas en el contexto de disturbios o manifestaciones sociales, así como reglas diferenciales para miembros de grupos armados con motivación política que no hayan accedido previamente a regímenes como Justicia y Paz o la JEP.
Sobre el proyecto, el comisionado Patiño señaló en la entrevista que había discutido con el ministro Montealegre sobre el procedimiento para que el Congreso apoye la iniciativa. “Empezar desde acá no es bueno. Hay que comenzar desde lo mínimo y ver cómo se amplían los elementos que sean más incluyentes, como qué sucederá con los militares que hace ya rato pagan prisión y con otra gente que ya cumplió su pena y todavía no le dan su libertad. Pero a quién se deja o no en libertad tiene más que ver con la Rama Judicial”, dijo Patiño.
Precisamente con esta radicación, el Gobierno busca que el Congreso tramite la iniciativa durante el último periodo de sesiones ordinarias, en medio de crecientes cuestionamientos sobre los resultados y el alcance de la política de Paz Total. Sin embargo, el reto será mayúsculo debido al clima preelectoral y por la fragmentación del Congreso.
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A eso se le suma que durante la presentación del borrador ante el Consejo de Política Criminal, el documento recibió críticas por parte de varios presentes como la Corte Suprema y la Defensoría del Pueblo debido al poco tiempo para analizar y discutir el proyecto. Ante este punto del debate, el comisionado Patiño coincidió. Además, en la entrevista con El Tiempo, el alto funcionario señaló como un error presentar el proyecto sin una comisión interparlamentaria.
“Me parece que eso es un error. No presentar una cosa como esta a través de una comisión interparlamentaria y que cuente ya de entrada con un alto grado de aceptación política y social puede convertirse en una gran dificultad para adelantar un marco jurídico basado en este tipo de gabelas. Por supuesto, el proyecto generará una gran polémica del orden político y con organizaciones sociales, que podrían ver en esto una gran apertura hacia la impunidad”, concluyó.
A pesar de estas tensiones, el Gobierno espera que el inicio de la nueva legislatura sea un punto de inflexión para su política de paz total, que enfrenta numerosos retos: fracasos en las negociaciones con algunos grupos armados, escaladas de violencia en territorios clave como el Cauca, Nariño y Guaviare, y la necesidad de mostrar resultados concretos ante la ciudadanía.
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