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Abelardo de la Espriella, el presidente electo de Colombia -según el preconteo de votos-, ha sido uno de los críticos más feroces del Acuerdo de Paz de 2016, que el próximo 24 de noviembre cumple su décimo aniversario. Sus cuestionamientos a ese pacto han despertado preocupaciones desde distintos sectores, especialmente entre las víctimas del conflicto armado, que se preguntan qué pasará en los próximos cuatro años con una implementación todavía rezagada y cuál será su lugar en un gobierno que no ha dado pistas sobre tener una política de paz.
Aunque persisten los temores sobre el futuro de instituciones derivadas del Acuerdo, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) –que De la Espriella ha dicho que tumbaría “de un plumazo”–, expertos consultados por Colombia+20 coinciden en que el presidente electo no podría desconocer lo pactado hace una década sin asumir importantes costos jurídicos, políticos e internacionales.
Durante el proceso de negociación y firma, Colombia acudió a países acompañantes y a una red de cooperación internacional que apostó por la salida negociada al conflicto y hoy en día es uno de los más grandes blindajes de pacto. “No solo hubo un capital simbólico, sino también financiación. Y yo creo que ahí hay un riesgo de que nos lleven a romper o no cumplir compromisos internacionales, y hay que tener mucho cuidado porque no es simplemente desactivarlo y ya; nosotros podemos estar cayendo en incumplimientos de compromisos internacionales”, explica Ángela Olaya, directora de la Fundación Conflict Responses (CORE).
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A esos compromisos internacionales se suma un elemento que para Leonardo González, director de Indepaz, es fundamental recordar: el Acuerdo de Paz es un acuerdo de Estado y “no depende de si hay un gobierno de izquierda o de derecha. Lo que llamamos el derecho a la paz no depende solamente de la política o de la posición de un gobierno, sino de toda la sociedad”. En ese contexto –añade el investigador– la ciudadanía tendrá la tarea de defender lo pactado con las FARC, así como las instituciones creadas para implementarlo.
Pero más allá de los límites jurídicos, institucionales e internacionales que tendría cualquier intento de desmontar el Acuerdo, persiste la incógnita sobre cómo actuará De la Espriella una vez asuma el poder. Para Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno de Juan Manuel Santos en ese Acuerdo de Paz, la realidad de gobernar podría terminar chocando con algunas de las posturas que el hoy presidente electo defendió durante la campaña.
“La propia dinámica centrípeta de la campaña fue llevando a los candidatos a extremar sus puntos de vista”, dijo en entrevista con Caracol Radio. Aunque recordó que De la Espriella ha sido un crítico recurrente de lo acordado con las FARC, señaló que “cuando se siente en la Casa de Nariño, va a tener una realidad”.
Para De la Calle, esa realidad pasa por reconocer que algunos componentes del Acuerdo siguen siendo útiles para enfrentar los desafíos de seguridad que persisten en varias regiones del país. “Esa persistencia de decir que Colombia se acabó en el 2016, que le entregamos el país a las FARC, todo eso es pura ideología y medio cháchara y carreta. Si uno limpia el acuerdo de eso, encuentra una hoja de ruta”, afirmó.
Los Planes con Enfoque Territorial, la arquitectura institucional y la reforma agraria, otros puntos en alerta
Entre los elementos del Acuerdo de Paz que podrían servir como una hoja de ruta para enfrentar algunos de los desafíos que persisten en los territorios, y sobre los que no está claro qué ocurrirá durante el gobierno de De la Espriella, están los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), diseñados para implementar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en los 170 municipios más afectados por el conflicto. Aunque los PDET fueron prorrogados por una década más hasta 2037, no está claro cuál será el nivel de prioridad que les dará el próximo gobierno.
Los interrogantes también alcanzan a la Reforma Rural Integral –uno de los pilares del Acuerdo de 2016– porque. en su plan de gobierno, De la Espriella señala que acabará con la reforma agraria a la que califica de “falsa”.
A ello se añade la incertidumbre sobre la arquitectura institucional del Acuerdo. Durante el gobierno de Gustavo Petro, la antigua Consejería para la Normalización fue reemplazada por una Unidad de Implementación adscrita a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz. No está claro si esa estructura seguirá, si será reformada o si el gobierno de De la Espriella tendrá siquiera una dependencia encargada de la implementación.
La Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) también podría estar en riesgo.
La permanencia de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia también estaría en la cuerda floja. Se trata un organismo clave para la implementación que fue creado inicialmente para monitorear la dejación de armas de las FARC y cuyo mandato fue ampliado para acompañar la implementación del Acuerdo. Entre las tareas que conserva están el seguimiento a la reincorporación de los excombatientes, las garantías jurídicas y algunos asuntos transversales como el enfoque de género.
Su continuidad depende de que el Estado colombiano solicite anualmente al Consejo de Seguridad de la ONU la renovación del mandato, una gestión que tendrá que hacer el nuevo gobierno en octubre. Las dudas surgen porque De la Espriella ha sido particularmente crítico de la ONU, a la que ha calificado como un “directorio político de la izquierda”.
Aparte de esa postura del presidente electo –según el preconteo–, hay que tener en cuenta otro antecedente que no es menor. El pasado 31 de octubre, por primera vez, no hubo consenso en el Consejo de Seguridad sobre la renovación del mandato de la Misión, aunque finalmente fue aprobada por un año más. Como resultado de la presión de Estados Unidos, quedaron excluidas dos de sus funciones, la verificación de las sanciones propias de la JEP y el seguimiento al capítulo étnico del Acuerdo.
El asesinato de líderes sociales y firmantes de paz
El reto para De la Espriella se complejiza aún más por uno de sus puntos más críticos que ha dejado la falta de implementación del Acuerdo de Paz: la violencia contra líderes sociales y firmantes del acuerdo, un fenómeno que seguirá marcando la agenda del próximo gobierno y que tendrá que asumir sin importar su postura frente a lo pactado en La Habana.
De acuerdo con el observatorio de la Indepaz, desde 2025 han sido asesinados 255 líderes sociales y 43 firmantes del Acuerdo de Paz, una cifra que refleja la persistencia de riesgos en los territorios. En total, dese 2016 han sido asesinados 481 excombatientes.
Para el director González, el fenómeno no puede leerse únicamente como una consecuencia directa del conflicto armado. “No se trata solo de actores armados ilegales. Detrás de muchos asesinatos hay disputas territoriales, economías ilegales y conflictos socioambientales”, señala. En muchos casos, añade, los grupos armados ejecutan los crímenes, pero responden a intereses más amplios.
En ese sentido, el investigador advierte que el principal desafío del Estado será reconocer la diversidad de contextos regionales. “No es posible una respuesta uniforme. Hay conflictos asociados a minería ilegal, narcotráfico, cultivos ilícitos o disputas por la tierra que afectan de manera diferenciada a las comunidades”, explica.
A ello se suma la limitación de la capacidad institucional para la protección. Hoy, la protección de personas en riesgo recae principalmente en la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), un modelo que ha sido ampliamente cuestionado por su enfoque individual y su limitado alcance territorial. Otros más tienen protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
“UNIPEP es una entidad muy costosa, COP 3 billones que tienen muy bajo impacto en la protección de las personas, especialmente de líderes y lideresas sociales. Es decir, estos modelos de protección uno a uno con escoltas, etcétera, que tiene Colombia pues son modelos que no están siendo funcionales para lo que el país necesita”, advierte Laura Bonilla, subdirectora de la fundación Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
Esa debilidad -añade la investigadora Bonilla- limita cualquier respuesta efectiva frente a la continuidad de los asesinatos y será, en definitiva, un reto para el gobierno de Abelardo de la Espriella.
¿Se puede desmontar la JEP?
En el centro de las preocupaciones sobre la continuidad del legado del Acuerdo de Paz está el futuro de la JEP, que en septiembre de 2025 emitió sus primeras sanciones propias.
De la Espriella ha sostenido que el tribunal no ha producido justicia sino impunidad. “Desmovilizaron a unos bandidos, a los que les dieron curules regaladas en el Congreso, y esa FARC, que desmovilizaron entre comillas, se convirtió en cinco FARC. La JEP es un tribunal para lavarle las manos sucias de sangre a los miembros de las FARC y perseguir a los héroes de la patria”, dijo hace unas semanas a Caracol Radio.
El también exministro De la Calle reconoce que hay fallas en el funcionamiento del tribunal. “La JEP también se ha equivocado y yo sí creo que exige correctivos”, señaló. Entre las principales críticas mencionó la lentitud en la toma de decisiones “que hoy por hoy son muy pocas, eso no fue diseñado para eso. La JEP se fue llenando de vericuetos, procesalismo y normas de justicia ordinaria. No entendió realmente su carácter transicional”, añadió a Caracol Radio. Sin embargo, señaló que las críticas al funcionamiento del tribunal no implican que pueda ser eliminado con facilidad.
Más allá de su papel en el juzgamiento de excombatientes de las FARC, la JEP ha contribuido a esclarecer algunos de los capítulos más graves del conflicto armado. Entre otros hallazgos, ha documentado más de 21.000 secuestros cometidos por la antigua guerrilla, establecido que las víctimas de ejecuciones extrajudiciales fueron muchas más de las que se conocían y avanzado en la investigación del reclutamiento de al menos 18.677 niños y niñas. También ha aportado pruebas forenses en lugares emblemáticos como Dabeiba y La Escombrera.
Aunque esos hallazgos siguen siendo insuficientes frente a las demandas de verdad de las víctimas, han permitido avanzar en el esclarecimiento de hechos que no habían sido establecidos por otras vías judiciales. En ese contexto, Olaya advierte que un eventual desmonte del tribunal podría “llevar a serias demandas por parte de las víctimas (...) porque ha permitido abrir una nueva puerta para reparaciones a víctimas”, señala.
Otro de los retos será, entonces, definir cómo garantizar derechos de víctimas, seguridad jurídica de firmantes y cumplimiento del Acuerdo. Si su gobierno debilita la arquitectura de implementación sin una alternativa responsable, puede aumentar la incertidumbre, la desconfianza y los riesgos de reincidencia”, advierte. Par el investigador, el debate frente a la JEP no puede reducirse a su existencia o no.
Este martes se conoció que la bancada del Centro Democrático en el Congreso se declaró como bancada de Gobierno y dijo que una de sus peticiones será la reforma de la JEP para “otorgar seguridad para la Fuerza Pública”.
Eliminar esa jurisdicción de paz requeriría algo más que voluntad política. Tanto el Acuerdo como algunos aspectos de la JEP están incorporados a la Constitución. “La JEP no la puede eliminar simplemente por decreto. Para modificar la JEP y, en general, aspectos centrales del Acuerdo de Paz, tendría que promover una reforma constitucional”, explica por su parte el director de Indepaz.
Según explica, el Acuerdo fue incorporado al ordenamiento jurídico con mecanismos de protección constitucional y respaldado con garantías que buscaban blindar su implementación. “Por eso, para reformar algunos de estos temas se tendría que adelantar una reforma constitucional. Ese sería el principal obstáculo, y no sería un proceso sencillo”, advierte González. La otra preocupación sería que el presidente electo busque acabarla por la vía de un posible desfinanciamiento.
En medio de todas esas dificultades para desmontar la JEP, hay preocupación por un posible desfinanciamiento que, sin necesidad de una reforma constitucional, golpearía al tribunal. Para ejecutar las sanciones propias, el tribunal necesita cerca de $450.000 millones destinados a proyectos restaurativos, según conoció El Espectador en 2024.
Para ese entonces, el Fondo Colombia en Paz había asignado apenas $316.000 millones. En ese escenario, una eventual reducción o congelamiento de esos recursos por parte de De la Espriella podría limitar el alcance de la JEP.
Aunque persisten las dudas sobre el rumbo que tomará la implementación durante los próximos años, los expertos coinciden en que deshacer el andamiaje construido alrededor del Acuerdo de Paz sería una tarea cuesta arriba. Una década después de La Habana, sus blindajes jurídicos e internacionales siguen siendo uno de sus principales mecanismos de protección.
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