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El 6 de octubre de 2022 se firmó un acuerdo impensable hasta hace unos meses: el presidente Gustavo Petro, máximo líder de la izquierda en el país, y José Félix Lafaurie, cabeza del gremio ganadero y uno de los críticos acérrimos del hoy mandatario, firmaron un documento para posibilitar la compraventa directa de tierras por parte del Gobierno a propietarios que voluntariamente deseen venderlas. La meta es ambiciosa: tres millones de hectáreas, como lo había prometido el Acuerdo de Paz firmado con las Farc en noviembre de 2016.
El 2023 será el año para ver el aterrizaje de esas compras y también que esa tierra termine efectivamente llegando a los campesinos sujetos de la reforma agraria.
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Según información suministrada a Colombia+20 por el Ministerio de Agricultura, a la fecha ganaderos pertenecientes a Fedegán han ofertado al Gobierno 370 predios que suman 275.542 hectáreas para su compraventa directa. Pero, en total, contando ofertas de tierra por fuera de Fedegán, el Gobierno ha recibido ofertas para 1’700.000 hectáreas en el territorio nacional.
Sin embargo, de las ofertas recibidas, apenas 58.612 hectáreas están ubicadas en la región Caribe y el Magdalena Medio, que es donde el Gobierno decidió comprar la tierra.
Durante estas primeras semanas de 2023, el Ministerio estará evaluando dichas ofertas para que cumplan con los requisitos que se fijaron para la compra: que sea tierra adquirida de forma transparente, no haya duda alguna sobre su propiedad, no tenga relación con casos de despojo, sea tierra muy productiva, no se inunde y no esté dentro de los límites ambientales.
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“No importa cuánta tierra compremos, lo que importa es que lo hagamos perfecto para que ese proceso no se interrumpa y pueda seguir por varios períodos de gobierno, independientemente de las tendencias políticas”, le dijo la ministra de Agricultura, Cecilia López, a Colombia+20. Y agregó: “El 2023 va a ser el año de la tierra; hemos visto en las encuestas que el país está esperanzado en que sí habrá reforma agraria y nosotros no podemos fracasar, como ocurrió en el pasado”.
Tierras de la mafia para la reforma agraria
La compra de tierras no será la única fuente para alimentar la reforma agraria que está impulsando el presidente Petro. El 29 de octubre de 2022, el Gobierno entregó a 50 familias campesinas la antigua hacienda Támesis, que fue del grupo paramilitar encabezado por la casa Castaño. Se trata de una finca de 590 hectáreas ubicada a siete kilómetros de Montería, en Córdoba. Esa fue la primera entrega en la estrategia liderada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para poner en manos campesinas predios que estuvieron en poder de paramilitares y narcotraficantes.
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A la finca Támesis le siguió, en diciembre, la finca Pontevedra, también en Córdoba, esta vez en Planeta Rica. Se trataba de un predio de 1.200 hectáreas que pertenecía a Juan José Valencia, conocido como Falcon, integrante de las Agc o Clan del Golfo, que fue entregado a 120 familias campesinas para ponerlo a producir.
A la fecha ya se ha entregado un tercer predio. Se trata de un lote rural en el municipio de Fusagasugá (Cundinamarca), de 1,3 hectáreas de extensión, que estaba ocupado irregularmente y fue entregado a la sociedad Orellanas de Oriente S.A.S., conformada por excombatientes de las Farc.
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Colombia+20 conoció un listado de predios en el que está trabajando la SAE para su entrega en los próximos meses. La lista contiene 22 terrenos ubicados en Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto López, Barranca de Upía, Villavicencio, San Martín, Acacías, Cumaral y Restrepo, en Meta; Sampués, San Marcos y San Benito Abad, en Sucre; Arjona, en Bolívar; y Bugalagrande y Zarzal, en el Valle del Cauca. La extensión de los predios oscila entre 29 y 1.020 hectáreas.
La mayoría de los terrenos en los Llanos se ubican en zonas donde es bien conocida la hegemonía que tuvo Víctor Carranza, el “zar de las esmeraldas”, quien acaparó grandes extensiones de tierra en la región. Sin embargo, la SAE no confirmó que los terrenos próximos a entregar hayan sido de su pertenencia.
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Las tierras formalizadas y adjudicadas
La Agencia Nacional de Tierras trabaja con base en dos metas claras, estipuladas en el primer punto del Acuerdo de Paz: entregar tres millones de hectáreas a campesinos sin tierra y formalizar otros siete millones de hectáreas a quienes ya la tenían, pero sin título.
Según la información suministrada por la ANT a Colombia+20, desde el 7 de agosto hasta la fecha se alcanzaron 800.000 hectáreas entre formalizadas y adjudicadas. De esas, 690.000 fueron para constitución o ampliación de resguardos indígenas. Otras 97.000 fueron para población campesina y 5.700 para comunidades negras.
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La entidad plantea que la cifra para 2023 y años posteriores sea alcanzar un millón de hectáreas entregadas cada año. Además, los esfuerzos están concentrados en actualizar el catastro multipropósito, particularmente en las regiones Caribe y Magdalena Medio, donde se harán las compras de tierras.
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