Diez años no han sido suficientes para garantizar la seguridad de quienes dejaron las armas tras la firma del Acuerdo de Paz. Ese ha sido uno de los puntos más críticos de la implementación de lo pactado en La Habana en 2016.
Las cifras lo confirman: desde 2016, casi 500 excombatientes de las FARC han sido asesinados, según la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Para los firmantes, esta preocupación se profundiza con la decisión del Gobierno Nacional de desmontar, mediante los decretos 019 y 020 de 2026, la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), creada para garantizar la seguridad de los exguerilleros.
A través de un video difundido en sus redes sociales, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko y último comandante de las antiguas FARC, le exigió al presidente Gustavo Petro revertir la decisión que, según él, se dio de forma “inexplicable”.
“Señor presidente, Gustavo Petro, usted estuvo inmerso en un proceso de paz con el Estado colombiano. Yo lideré y firmé también un acuerdo de paz con el Estado colombiano. Sabemos que un tema muy sensible en esos acuerdos es la seguridad de los firmantes”, dijo Londoño.
En ese mensaje, lanzó críticas a la ejecución del acuerdo y recordó que en La Habana lograron que se incluyera la creación de una entidad que garantizara la seguridad de los firmantes: “La Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, adscrita a la UNP, se iba a regir por dos principios clave: confianza y exclusividad, principios que en este gobierno no se han respetado. Pero ahora, este nuevo año comienza con un decreto que elimina las direcciones especializadas. No salimos del asombro, señor presidente, ni de la incertidumbre”, añadió el firmante.
Londoño también se refirió a la presión que ejercen los grupos armados sobre los firmantes para que vuelvan a las armas. “Usted lo sabe por Inteligencia: cuánto le ofrecen a cada firmante según los años de experiencia que tenga. No es fácil en este momento. Por tanto, señor presidente, las cosas como se hacen, se deshacen”, advirtió.
Esto dijo el Partido Comunes
Un comunicado del Partido Comunes, emitido el pasado 21 de enero, también advirtió que la eliminación de ese esquema de seguridad representa “un retroceso al Acuerdo de Paz”.
Para Comunes, constituye “un acto regresivo del Estado colombiano” que debilita las garantías pactadas tras la firma del acuerdo. Según el partido, las decisiones fueron adoptadas de manera unilateral, sin concertación ni verificación previa.
En el documento, el partido sostuvo además que los decretos fueron expedidos sin hacer referencia expresa al Acuerdo Final de Paz ni pasar por los mecanismos de verificación acordados, como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo (CSIVI). Para Comunes, esta omisión desconoce la obligación del Estado de cumplir lo pactado “de buena fe, con coherencia, integralidad y fidelidad”.
También pidió de manera expresa a la Misión de Verificación de la ONU, a los países garantes y acompañantes del proceso de paz y a los organismos internacionales de derechos humanos que activen los mecanismos de seguimiento y pronunciamiento correspondientes.
El problema de seguridad para los firmantes, una alerta constante de la ONU
La inseguridad de los firmantes es una de las principales alertas del informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU sobre la implementación del Acuerdo de Paz. En cada entrega, el organismo internacional advierte al Consejo de Seguridad sobre los asesinatos de excombatientes y señala que estos homicidios constituyen un obstáculo estructural para la implementación del Acuerdo.
El pasado 23 de enero, durante la presentación del más reciente informe en Nueva York, los países presentes hicieron un llamado a garantizar la seguridad de los excombatientes, especialmente en el contexto electoral del país, y enfatizaron la importancia de fortalecer la presencia del Estado en zonas donde persiste el conflicto.
La mayoría de los casos de violencia se concentran en regiones con alta presencia de grupos armados y economías ilícitas, como Catatumbo, Antioquia, Cauca y Valle del Cauca.
Según el informe de la ONU, entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre de 2025, cinco excombatientes fueron asesinados y seis más sobrevivieron a intentos de homicidio. En total, 45 excombatientes fueron asesinados en 2025, lo que representa un incremento del 36 % frente a 2024.
Mientras los firmantes esperan una respuesta, la incertidumbre sobre su seguridad se profundiza en los territorios. A contrarreloj de las elecciones y en medio de la presión de los grupos armados, los excombatientes enfrentan un escenario marcado por el miedo y la desconfianza, en el que las decisiones sobre su protección pueden incidir directamente en el rumbo de la implementación del Acuerdo de Paz.
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