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La Misión de Verificación de la ONU hace seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz y entre sus tareas estará el monitoreo a las sanciones propias de la JEP —hace dos semanas se conocieron dos sobre el caso de secuestro con el último secretariado de las FARC y contra exmilitares por los falsos positivos—. ¿Qué sensaciones y qué balance tiene de estas sanciones?
A raíz de la emisión de ambas sanciones por parte de la JEP, Naciones Unidas se ha pronunciado. António Guterres, secretario general de la ONU, hizo un pronunciamiento en donde considera que la emisión de estas dos sanciones es un hito histórico, un paso adelante muy importante en la implementación del Acuerdo, concretamente el punto 5. Ahora, ya emitidas las sanciones, es fundamental avanzar rápidamente en su implementación. La Misión de Verificación además va a tener un papel más, de todas las tareas que tiene con la implementación del Acuerdo de Paz: verificar que estas sanciones se cumplan.
¿Cuál es exactamente la tarea que ustedes tendrán en esa verificación?
En lo que tiene que ver con la justicia transicional, o con la Jurisdicción Especial para la Paz, nosotros verificamos por mandato del Consejo de Seguridad dos elementos. En primer lugar, el cumplimiento de las sanciones por parte de los comparecientes ya sancionados, y en segundo lugar, la creación de condiciones por parte del Estado para que las sanciones puedan cumplirse. ¿Qué significa esto? Significa fundamentalmente que las entidades del Estado brinden condiciones de seguridad, condiciones económicas, proyectos para que realmente las sanciones puedan cumplirse.
¿Y cómo se va a monitorear el cumplimiento de las sanciones por los comparecientes?
La Misión de Verificación tiene un despliegue de campo sumamente robusto. Tenemos una cobertura bastante significativa de lo que es la geografía del conflicto, esas grandes periferias donde el conflicto tuvo lugar y donde todavía hay niveles de violencia preocupantes.
Tenemos oficinas, equipos, colegas de Naciones Unidas que trabajan y viven en esos territorios. No estoy hablando solamente de cabeceras departamentales, también de pueblos y veredas muy alejadas, donde todavía hay niveles de violencia preocupantes.
Esos equipos van a estar verificando que realmente las sanciones se cumplan. Van a estar haciendo seguimiento de que los sancionados implementen la sanción impuesta por la JEP, y también van a estar verificando y monitoreando que el Estado cree las condiciones de seguridad y económicas para que la sanción pueda cumplirse.
Básicamente, lo que nos habilita a verificar el cumplimiento es nuestra fuerte presencia de campo. Desde que nos crearon, respondiendo a una solicitud de los firmantes, tenemos ese despliegue en terreno que nos permite verificar los aspectos del acuerdo de paz y, concomitantemente, las sanciones.
Es más simple verlo en la sanción contra exmilitares por ejecuciones extrajudiciales, porque el fallo de la JEP fue mucho más expedito. Pero en el caso de las FARC, en el caso de secuestro, no hay mucha delimitación sobre en qué lugares van a estar o qué trabajos se van a hacer. ¿Ustedes han participado en reuniones para definirlo?
Sí, efectivamente. En el macrocaso 01, el de secuestro, es importante avanzar en la concreción de acciones específicas. Hay varias áreas definidas por la sentencia —medio ambiente, acción contra minas, entre otras—, pero a partir de esos grandes temas hay que definir acciones concretas.
En los últimos días, con posterioridad a la sentencia, ha habido varias reuniones. Incluso participamos el viernes pasado en una reunión en la JEP con magistrados, varios sancionados, algunas víctimas y entidades del Estado para comenzar a definir cuáles serían esas acciones.
También quiero destacar que existe una instancia interinstitucional coordinada por el Ministerio de Justicia, donde convergen varias instituciones del Estado: la Unidad de Implementación, la Agencia de Reincorporación, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP), Ministerio de Hacienda, varias más. En los próximos días hay que avanzar concretamente en la especificación de esas acciones.
Usted decía ahorita que hay dos partes: que los sancionados cumplan con la sentencia, y que se den las condiciones. Pero hay retos prácticos. La JEP pidió al Ministerio de Hacienda 121 mil millones de pesos, y por ahora solo hay 21 mil.¿Qué retos identificaron para que las sentencias pasen del papel a la práctica?
En primer lugar, inmediatamente después de la sentencia viene la fase de notificaciones. Todavía los sancionados deben ser notificados. Al mismo tiempo, el Estado debe crear las condiciones financieras. Tiene que ser más claro el flujo de fondos desde el gobierno central hacia los proyectos, para que se concreten.
En el caso 01 (de secuestro), todavía falta concretar proyectos y lugares. Las áreas generales están definidas —acción contra minas, medio ambiente—, pero falta aterrizarlas en proyectos específicos. Ese es un desafío.
También está el tema de seguridad. Una tragedia sería que un sancionado, cumpliendo con la sentencia, tuviera que enfrentar riesgos. Muchos viven en zonas donde todavía hay violencia. Se necesitan garantías de seguridad para que las sentencias puedan cumplirse.
¿Se ha hecho algo más en seguridad? Desde la firma del acuerdo, 420 firmantes han sido asesinados. ¿Se ha avanzado en eso?
En casi todos los informes trimestrales hemos destacado los ataques y asesinatos a firmantes como uno de los principales desafíos. Desde 2017-2018 hemos enfrentado este problema. El número de firmantes asesinados es muy alto.
Todavía tenemos que trabajar más en judicialización de autores, implementación de la política de desmantelamiento de organizaciones criminales, y coordinación con el Ministerio de Defensa para asegurar anillos de seguridad en torno a los ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación).
Aunque hay avances, todavía se registran homicidios contra firmantes. También contra exmilitares comparecientes ha habido incidentes y ataques. Allí también se necesitan acciones.
Al Gobierno actual le queda muy poco tiempo. ¿Alcanzaremos a ver algo del cumplimiento de esas sanciones?
Esperamos que sí. Los ojos de Colombia y del mundo están puestos en la implementación y en las sanciones. A nivel internacional hay mucha expectativa con el punto 5 y la JEP como mecanismo de justicia restaurativa que eventualmente pueda aplicarse en otros procesos. Pensamos que en las próximas semanas y meses habrá avances significativos.
Se ha dicho que esto de las sanciones de la JEP es un hecho histórico, pero no solo en Colombia. No hay un tribunal de justicia transicional en el mundo como la JEP. También estamos haciendo un poco de ensayo y error, tratando de ver cómo cambiar la justicia ordinaria por una más centrada en las víctimas. ¿Lo ve así también?
Ese es un buen punto. La justicia restaurativa es muy nueva en el mundo. En los años noventa, cuando hubo muchos procesos de paz, casi todos terminaban en amnistías. A lo sumo se creaban comisiones de la verdad, pero no había juzgamiento de crímenes.
Con el Tratado de Roma y la CPI, las amnistías dejaron de ser viables jurídicamente. Entramos en una fase nueva, pero aún en ensayo y error. Todavía hay mucho por aprender, pero el mundo va a aprender mucho del caso colombiano.
¿Hay otros ejemplos que se estén dando de justicia restaurativa en el mundo o somos realmente pioneros?
Con las características y particularidades del colombiano es un caso muy novedoso. Creo que el mundo va a aprender de Colombia, de los aciertos y de los errores.
¿Cómo están los ánimos para recibir este informe en Nueva York en medio de las tensiones entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump y todo lo que pasó la semana pasada en la Asamblea General de la ONU?
Yo le diría que bien. El Consejo de Seguridad siempre ha apoyado el Acuerdo de Paz en Colombia, la lo ha apoyado de manera unánime, prácticamente desde la firma del Acuerdo de Paz, a finales de 2016. Ha sido un apoyo unánime y consistente. Colombia es uno de los temas de consenso dentro del Consejo.
Pero en el último informe hubo críticas muy fuertes del representante de Estados Unidos sobre la apuesta de paz total del presidente Petro...
El consenso se ha referido fundamentalmente a la importancia del Acuerdo de Paz. En ese sentido, el tema de la JEP obviamente va a estar en el tapete, va a estar en la en la en la agenda de la de la discusión, sin duda, va a ser uno de los temas, pero no es el único. Hay otros temas que concierne la implementación, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con seguridad, las preocupaciones que existen a nivel de seguridad y la necesidad de que se tomen medidas, primero, para que en las zonas que han sido históricamente de conflicto se mantengan las condiciones para que la gente pueda votar ahora que vienen las elecciones.
La semana pasada la Corte Constitucional le ordenó al Gobierno que en 20 días para acelerar la transformación de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. La Misión ha insistido en volver a la Alta Consejería. ¿Han sabido algo de este tema?
Sí, la decisión de la Corte fue hace pocos días. Estamos teniendo conversaciones preliminares con las autoridades, hemos hablado con Gloria Cuartas, la directora de la unidad de implementación, y obviamente la misión está a disposición para proveer la asistencia técnica que podamos.
Siempre en todo proceso de paz, la arquitectura de paz es un desafío: cómo estructurarla tanto a nivel nacional como territorial. Eso siempre es un reto. Hay entidades y mecanismos dentro del acuerdo para el seguimiento, como el CSIVI – Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación, que requieren mayor velocidad. La Corte decía lo mismo: las instancias deben ponerse más de acuerdo y reunirse con más frecuencia.
Otra novedad es que usted está aquí como jefe de misión encargado, porque quien va a asumir es Miroslav Jenča. ¿Ya hicieron un empalme? ¿Cómo va esa transición?
Va muy bien. Miroslav Jenča llegará al país el 23 de octubre para asumir funciones plenamente, pero estuvo en Colombia hace 10 días en una primera visita de familiarización. Él conoce Colombia bien, porque ha estado varias veces desde la firma del acuerdo. Nos reunimos con gobierno, partidos, oposición, firmantes, sociedad civil, la JEP, e hicimos una visita de terreno en Medellín y en Llano Grande. Llano Grande es uno de los ETCR donde todavía hay una buena cantidad de firmantes y funciona muy bien.
En contexto: Miroslav Jenča es el nuevo jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia
Como usted es quien hace el empalme, ¿qué retos le vienen al nuevo Jefe la Misión de la ONU? ¿En dónde cree que va poner el foco en esto? ¿Cuáles serían las prioridades que debería tener él ahora que arranque en la misión?
Esto está establecido en el informe que se presenta el viernes y tiene que ver con lo que hablábamos: las sanciones y la importancia de la participación de las víctimas. El Secretario General, cuando emitió su comunicado a raíz de las sanciones, expresó solidaridad con las víctimas. Y en la implementación, la participación de las víctimas es fundamental. Siempre hemos dicho que el diálogo con ellas es clave para que haya verdad y reparación.
Con la sanción se abre una fase nueva, y en esa fase mantener el involucramiento de las víctimas es clave para que la justicia restaurativa llegue a un final feliz.
Y llega justo cuando la misión debe renovar sus mandatos. El Consejo de Seguridad debe renovar cada año el trabajo de la misión. ¿Optimistas con esa renovación?
Mire, esto es normal. Todas las misiones en el mundo se crean por un año y después se renuevan anualmente. En el caso de Colombia, la renovación ocurre siempre a fines de octubre.
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