La Misión de Verificación de la ONU en Colombia publicó este jueves su más reciente informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo de Paz, que presentará el viernes en Nueva York ante el Consejo de Seguridad.
El documento se centra dos puntos. Por un lado, las primeras sanciones propias dictadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hace dos semanas, un hecho que la ONU calificó como “un momento crucial” para el Acuerdo de La Habana. El segundo es una alerta sobre la violencia política que amenaza el desarrollo de las elecciones de 2026.
Siete integrantes del último secretariado de las FARC-EP y doce exmiembros de la Fuerza Pública —incluido un teniente coronel— fueron sancionados por crímenes de guerra y de lesa humanidad en las primeras sentencias dadas a conocer por el tribunal de paz. El informe resalta que “en ambos casos, todas las personas fueron sancionadas a ocho años de actividades restaurativas y restricciones de sus derechos y libertades, la sanción máxima prevista en el Acuerdo Final”.
“A través de este mecanismo innovador, las partes se comprometieron a garantizar la rendición de cuentas por los delitos más graves come dos durante décadas de conflicto y reparación para las víctimas”, mencionó el secretario general de la ONU, António Guterres.
Estas medidas no se limitan a privaciones de derechos. Se trata de sanciones que buscan producir efectos concretos en las comunidades afectadas. “La Jurisdicción Especial indicó que las actividades restaurativas incluirían proyectos de reparación para las víctimas y las comunidades, como la búsqueda de personas desaparecidas, la acción contra las minas, la restauración del medio ambiente y la construcción de memoriales o infraestructuras comunitarias”, detalla el documento.
Más allá de la trascendencia simbólica, el informe pone el dedo en los desafíos prácticos como la falta de preparación estatal para implementar plenamente estas sanciones. “Las autoridades del Estado convocadas a ambas audiencias presentaron propuestas de contribuciones para apoyar la implementación de las sanciones. Sin embargo, a pesar de que han manifestado su disposición a establecer las condiciones necesarias para la implementación de las sanciones, hasta el momento los preparativos siguen siendo en gran medida insuficientes. La Misión continuó observando desafíos relacionados con la financiación, el diseño de proyectos restaurativos y la finalización de los requisitos del marco normativo”, advierte el balance de Naciones Unidas.
Raúl Rosende, jefe encargado de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, dijo hace unos días a Colombia+20 que los principales desafíos para que se cumplan las sanciones son la consecución de recursos y la seguridad de los firmantes.
La Misión, además, tendrá un rol dentro de las sanciones pues será una de las partes encargadas de monitorear el cumplimiento de las mismas.
“Nosotros verificamos por mandato del Consejo de Seguridad dos elementos. En primer lugar, el cumplimiento de las sanciones por parte de los comparecientes ya sancionados, y en segundo lugar, la creación de condiciones por parte del Estado para que las sanciones puedan cumplirse. ¿Qué significa esto? Significa fundamentalmente que las entidades del Estado brinden condiciones de seguridad, condiciones económicas, proyectos para que realmente las sanciones puedan cumplirse”, dijo Rosende.
La ONU insiste en que el éxito del modelo depende de traducir estas sanciones en acciones concretas de reparación y reconciliación, y no en dejar que se conviertan en meros fallos judiciales sin ejecución.
Este informe llega además en un momento marcado por tensiones diplomáticas entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente estadounidense Donald Trump, que han salpicado el escenario de Naciones Unidas.
Colombia+20 confirmó que desde la Cancillería no habrá presencia oficial de Colombia en la sesión del Consejo de Seguridad: ni la canciller Rosa Villavicencio —quien renunció a su visa de Estados Unidos— ni el vicecanciller Mauricio Jaramillo viajarán a Nueva York. La representación del país recaerá exclusivamente en la embajadora Leonor Zalabata y en el personal de la Misión de Colombia ante la ONU.
El expresidente Juan Manuel Santos advirtió en entrevista con El Espectador que el papel de Estados Unidos podría ser determinante: “Puede incidir y pueden recortar los recursos. Puede tener un efecto muy negativo. Por eso, digo que espero que en eso no vayan a actuar en forma negativa”.
La seguridad electoral, un desafío urgente
El otro gran eje del informe tiene que ver con la seguridad en un momento en que Colombia se acerca a un nuevo ciclo electoral. La violencia política, marcada por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y otros ataques contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, genera una alerta inmediata.
La ONU subraya que “implementar las garantías de seguridad, incluidas las previstas en el Acuerdo Final, ha adquirido una urgencia aún mayor en vista del período electoral que se desarrollará próximamente, como dejan patente el asesinato del Senador Uribe Turbay y otras amenazas y ataques contra líderes políticos”.
El documento hace énfasis en la necesidad de usar de manera plena el principal mecanismo previsto en el Acuerdo de Paz para la participación política: el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.
“A fin de garantizar que existan medidas de seguridad adecuadas, es necesario hacer un uso pleno y estratégico del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, principal mecanismo creado por el Acuerdo para reunir a todos los sectores políticos al objeto de mantener discusiones sobre prevención y protección de líderes políticos, sociales y comunitarios”, puntualiza el informe.
El Secretario General lo expresa de manera contundente: “Garantizar la seguridad adecuada para el desarrollo seguro de las próximas elecciones en todo el país es fundamental para la democracia colombiana, en particular para consolidar los avances logrados en el marco del Acuerdo Final con el fin de ampliar la participación electoral en las zonas históricamente afectadas por el conflicto y reforzar las garantías jurídicas para la oposición política. Reitero mi llamado al Gobierno y a las instituciones del Estado a adoptar todas las medidas necesarias a este respecto, en consulta con los partidos y los candidatos y candidatas”, dice el documento.
El balance de la Misión de la ONU evidencia la tensión entre avances y obstáculos. Mientras las sanciones propias de la JEP representan un paso inédito en la rendición de cuentas y la reparación a las víctimas, persisten dudas sobre la capacidad del Estado para financiarlas, diseñarlas y garantizar condiciones de seguridad para su ejecución.
Del mismo modo, aunque se reconocen progresos en la implementación de la reforma rural integral y en procesos de reincorporación, la violencia política y los ataques contra excombatientes y líderes sociales siguen socavando la confianza. El asesinato de más de 480 excombatientes desde la firma del Acuerdo, y las constantes denuncias de amenazas contra defensores de derechos humanos, configuran un panorama en el que el derecho a la participación política aún no está garantizado en muchas regiones.
La ONU reconoce que Colombia ha avanzado mucho en los últimos años, pero alerta sobre los riesgos de retroceso. La violencia armada en territorios estratégicos, la persistencia de economías ilegales y la impunidad en los ataques contra líderes sociales y excombatientes siguen siendo obstáculos estructurales.
En palabras del informe: “El camino hacia la paz en Colombia ha sido moldeado no solo por la determinación de su pueblo, sino también por el apoyo inquebrantable de la comunidad internacional. (…) La Misión continuará su importante labor para garantizar que las aspiraciones de paz se traduzcan en realidades duraderas sobre el terreno”.
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