Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El 2026 comenzará para algunas familias colombianas con una silla vacía en la mesa. Mientras el país se prepara para despedir el año, esposas, hijos y hermanos de secuestrados por el ELN -entre ellos los dos policías y dos agentes del CTI de la Fiscalía- volverán a contar las horas sin noticias, sin pruebas de vida recientes y sin una hoja de ruta clara para su liberación.
A pocas horas de terminar el año, las familias enviaron una carta directa al presidente Gustavo Petro -conocida por Colombia+20- en la que le piden “acciones reales y urgentes”, y una audiencia personal. En el documento, fechado el 29 de diciembre, advierten que “el tiempo transcurre, la incertidumbre se prolonga y el silencio se vuelve cada vez más difícil de sostener”.
En la misiva, los familiares subrayan que sus seres queridos siguen lejos de casa y que, con ellos, hay “hogares incompletos, hijos que preguntan, madres, esposas que esperan y familias que resisten con fe”.
Aunque reconocen reuniones con delegados del Gobierno, insisten en que eso no ha sido suficiente. “Sabemos que existen equipos, canales y delegaciones, pero también sabemos que las decisiones que pueden destrabar este dolor y devolver la libertad están en sus manos”, le dicen al jefe de Estado.
Cinco meses sin respuestas
Alejandra Sanabria, esposa del subintendente Frankie Esley Hoyos Murcia, dice que no tiene más información desde la última prueba de supervivencia de su esposo, que fue el 26 de octubre. “Desde esa fecha no hemos vuelto a saber absolutamente nada. Es un silencio total”, cuenta a Colombia+20.
Hoyos fue secuestrado el 20 de julio en la vía que comunica a Tame con Arauca, junto con el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza.
“Hemos tocado todas las puertas posibles. Hemos enviado cartas, derechos de petición, mensajes al comisionado de paz y a Presidencia, pero siempre la respuesta es la misma: que no hay mesa de negociación”, explica Sanabria.
Su esposo es padre de un niño de tres años y de una niña de 11 años. Al menor le dicen que su papá está trabajando; le ponen audios antiguos para que no lo olvide. “Es muy doloroso. Uno no sabe qué responder cuando el niño pregunta por su papá”, dice.
La situación se agravó el pasado 27 de octubre con el anuncio del ELN sobre un llamado “juicio revolucionario”, que incrementó la angustia de las familias. “No sabemos qué quieren, no hay exigencias claras. Solo pasan los meses”, añade.
“¿Cómo se le explica a una niña la ausencia del papá?”
Alejandra Pérez Mendoza, hermana del patrullero Yordin Fabián Pérez, tiene 23 años y vive en Yopal. Su hermano, de 31 años y nueve en la Policía, llevaba cerca de un año en comisión en Arauca. Para ella, las pruebas de supervivencia difundidas por el grupo armado han sido la única señal de que sigue con vida.
“El comunicado del juicio revolucionario fue devastador. ¿Cómo se le explica a una niña de seis o siete años que su papá no va a estar en Navidad ni en Año Nuevo, ni se sabe por cuánto tiempo?”, cuenta.
La familia también ha enviado cartas, videos y mensajes públicos al presidente Petro, sin recibir una respuesta directa. “Sentimos que el tiempo pasa y nadie nos responde directamente. Esperábamos al menos un mensaje de esperanza, algo que nos dijera que no estamos solos”, dice.
Pérez cuenta que las festividades de fin de año han sido especialmente difíciles. “Para nosotros este año nuevo no es una celebración, es solo la confirmación de que seguimos esperando”, afirma.
El clamor desde Arauca
En Arauca, donde fue secuestrado el 8 de mayo el agente del CTI Rodrigo Antonio López Estrada, su esposa, Yariel Macualo, vive con miedo y zozobra. López está próximo a cumplir ocho meses en cautiverio. Tiene 48 años, problemas cardíacos, hija pequeña y otro de 16 años.
“Ya no es lo mismo llegar a la casa y que él no esté. Uno vive con miedo, con incertidumbre”, cuenta. La familia también quedó en shock tras el anuncio del juicio revolucionario, que en el caso de los agentes del CTI hablaba de condenas de entre tres y siete años. “Las autoridades nos dijeron que era presión política, pero no nos dan más información”, afirma.
Para ella, la carta enviada en diciembre al presidente fue el último recurso. “Ya no sabemos a quién acudir. Hemos hablado con la Fiscalía, con autoridades, con la Iglesia, y siempre es lo mismo: silencio. Por eso acudimos directamente al presidente, porque sentimos que esto ya no da espera”, explica.
Macualo describe un fin de año marcado por el miedo y el duelo anticipado. “Estas fechas han sido de muchas lágrimas. Antes compartíamos en familia, hacíamos cena, visitábamos parientes. Hoy nos acostamos te mprano, sin ánimo, porque él no está. Lo único que queremos para el nuevo año es volver a empezar, pero con ellos en casa”, dice.
En la misiva dirigida al jefe de Estado, las familias agradecen los espacios de escucha con funcionarios del Gobierno, pero advierten que eso no ha sido suficiente. “Sabemos que existen equipos y canales, pero también que las decisiones que pueden destrabar este dolor están en sus manos”, escriben.
La carta insiste en que no buscan protagonismo ni réditos políticos. Piden no quedar atrapados en “procesos sin resultados visibles” y recuerdan que la paz también se construye —dicen— con gestos concretos que devuelvan a los hogares a quienes nunca debieron estar lejos.
Mientras llega una respuesta, estas familias se preparan para recibir el Año Nuevo con la misma mezcla de fe, tristeza y resistencia que ha marcado los últimos meses. Para ellas, el 2026 no será realmente un nuevo comienzo mientras sus seres queridos sigan en cautiverio.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.
