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19 Dec 2021 - 7:56 p. m.

Sentencias de restitución de tierras se redujeron en un 50% en era Duque

Una investigación de la fundación Forjando Futuros, que monitorea esa política, encontró que desde la Unidad de Restitución bajó el ritmo en el que se llevaban casos ante los jueces. De 120 sentencias mensuales se pasó a menos de 60.
Gerardo Vega, director de la fundación Forjando Futuros, y León Valencia, director la fundación Paz y Reconciliación, en la presentación conjunta de la investigación.
Gerardo Vega, director de la fundación Forjando Futuros, y León Valencia, director la fundación Paz y Reconciliación, en la presentación conjunta de la investigación.
Foto: Sergio Saavedra - Pares

En el titular de un boletín de prensa emitido por el Gobierno Nacional hace poco más de dos meses se leía: “La restitución de tierras es una realidad: en promedio, cada hora, 10 víctimas de despojo recuperaron sus predios durante el gobierno Duque”. La nota no explicaba cómo se llegaba a ese cálculo, pero en ella Andrés Castro, director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), y Emilio Archila, consejero para la Estabilización, resaltaban los logros alcanzados por este gobierno en esa materia.

Entre los más destacados estaba el hecho de que los jueces habían proferido en esta administración más de 2.000 sentencias que restituyeron 150.000 hectáreas de tierra a víctimas de despojo.

Pero una investigación que analizó los resultados de la restitución de tierras en sus 10 años de ejecución desde que se puso en marcha encontró que, por el contrario, en este gobierno se desaceleró la ejecución de esa política, con respecto al ritmo que se había alcanzado en 2017 y primera mitad de 2018. Se trata de un estudio elaborado por la fundación Forjando Futuros, la única organización de la sociedad civil en el país que monitorea con rigurosidad la restitución de tierras.

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De un promedio de 126 sentencias mensuales emitidas en el año anterior a la llegada del Gobierno Duque (entre agosto 2017 y agosto 2018) se pasó a 59 en promedio mensual en la actualidad, según Forjando Futuros. En palabras de su director, Gerardo Vega, “el Gobierno Duque echó para atrás la restitución de tierras”.

Esa desaceleración, sumada al represamiento que ya venía en la política de restitución en general, lleva a que, a hoy, 10 años después de la expedición de la ley, se haya alcanzado apenas el 8.6% de avance en tierras restituidas. Una cifra que obedece a que a la fecha, en 6.920 sentencias emitidas, se han restituido poco más de 490.000 hectáreas, de las más de seis millones de hectáreas despojadas en el conflicto armado, según el estimado que se ha consensuado en la academia y la política. Además, el 65% de las solicitudes de restitución presentadas ante el Gobierno han sido rechazadas.

En esta entrevista, Gerardo Vega explicó los cuellos de botella que hoy tienen la restitución de tierras atrasada y estancada, denunció que esa política está atrapada en manos de las Fuerzas Militares por la figura de la microfocalización y habló del rol de las 98 empresas condenadas por los jueces a devolver tierra despojada. Argos, por ejemplo, ha sido condenada en 19 ocasiones.

A partir de la llegada del Gobierno Duque, en el segundo semestre de 2018, empieza a decaer el número de sentencias de restitución de tierras. ¿Por qué podría atribuírsele a este gobierno?

El gobierno y el Centro Democrático nunca tuvieron realmente interés en esta ley. La manifestación pública que hicieron recién posesionado el Gobierno era de reformarla y quitarle aspectos principales: uno, ponerle doble instancia; y dos, dejarlo en una buena fe simple. Eso fue dicho por el presidente en la región de Urabá en una reunión que hizo allá sobre el tema de derechos humanos, cuando se hizo la mesa con el procurador en su momento. Luego el Gobierno cerró unas oficinas de la URT, dijo que la etapa ya había concluido, que no era necesario continuar recibiendo información sobre restitución de tierras. Eso le cortaba las alas a la implementación de la ley y entonces se presentan muchas menos solicitudes ante los jueces.

Lo que entra a la rama judicial entra porque lo presenta la URT con una resolución de ingreso al registro de tierras despojadas. Sin ella no se puede llegar ante los jueces. ¿Y eso quién lo dicta? El Gobierno, a través de la URT. Entonces depende mucho de la voluntad del Gobierno, lo que ha hecho que se presenten menos solicitudes, haya menos procesos y vaya decayendo también el número de sentencias, al punto que se ha reducido en un 50%.

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Pero funcionarios de la URT han denunciado que son presionados para cumplir metas y alcanzar indicadores. ¿Esos parámetros no corresponden a la realidad?

Las metas que presenta la URT son de negaciones de solicitudes. Cuando nosotros decimos “vamos en el 8.6% de restitución”, ellos hablan de un porcentaje mucho más alto, más del 50%, pero porque se ha negado el 65% de las solicitudes. Es decir, no han podido llegar ante un juez, se quedaron en la primera etapa, que es en la que tiene control el Gobierno. Las metas las han alcanzado es negando el derecho, no concediéndolo.

De todas maneras, que se haya avanzado apenas en el 8.6% de la restitución no obedece solo al Gobierno Duque, sino a un represamiento desde la puesta en marcha de la ley. ¿Dónde ha estado el cuello de botella?

Primero, el tema de la microfocalización. Ese decreto ha hecho que quede atrapada la restitución de tierras en manos de las Fuerzas Militares, porque son los que deciden dónde se hace restitución o no. Sin ese concepto previo, favorable, que ellos deben emitir, entonces la solicitud queda allí, en un archivo, en un computador en las oficinas de la URT. No continúa en el procedimiento. Es un tema que encareció, dificultó y retardó el proceso. Lo segundo es que debe priorizarse la restitución colectiva: donde los predios sean colindantes, donde fue el mismo victimario y sucedieron en la misma época los hechos de violencia, los jueces pueden definir una restitución colectiva. En promedio, los jueces están fallando dos casos por sentencia. Lo que no tiene razón de ser. Podría ser que en una sola sentencia avancen con muchos más casos.

¿Pero no es necesario ese aval de las Fuerzas Militares para que precisamente no sucedan casos como la masacre a la comisión de restitución de tierras a mediados de año en el Meta?

Lo que pasa es que ese ese requisito no permite que el caso llegue ante el juez. Y es el juez el que debe considerar dónde no hay condiciones para hacer la restitución por temas de seguridad. Entonces, si el juez lo valora, puede decidir que, si no hay condiciones para restituirle, compensémosle con tierra en otra parte o con dinero. Pero como no se permite que llegue al juez, entonces la gente se está quedando sin la restitución de la tierra, sin la compensación equivalente que es otra tierra o sin compensación económica.

Es decir, la decisión que debe tomar un juez la están tomando las Fuerzas Militares…

Claro, previamente. Porque como no se permite que el proceso avance, entonces por eso está atrapada la restitución en manos de las Fuerzas Militares.

Ustedes encontraron que 98 empresas han sido condenadas a devolver tierra. Uno de los casos emblemáticos es el de Argos, condenada en 19 ocasiones. ¿Qué han develado esas sentencias con relación a su rol en el despojo?

Son 19 sentencias donde son ellos quienes son condenados a devolver la tierra porque son los que la tienen. ¿Cómo la adquirieron? ¿a través de terceros? ¿cómo lo lograron? ¿qué fue lo que dejaron de hacer? Esas son las valoraciones que hace el juez. Generalmente lo hacían a través de terceros, unos comisionistas que compraron la tierra y que luego le vendieron a Argos. Pero una empresa como Argos, con todas las capacidades económicas, de recurso humano, no necesita siquiera un gran estudio para saber dónde ha habido desplazamiento y despojo de tierras. Se conocía donde había situaciones de orden público que hacían que la gente en el Oriente, en el sur del Llano, una parte de Jiguamiandó y Curvaradó, Urabá, Montes de María… Todo el mundo sabía que había una violencia generalizada que hizo que la gente se desplazara y vendiera a bajos precios. Llegaban terceros y compraban y a los dos, tres, seis meses, le estaban vendiendo a las grandes empresas.

En este caso de Argos, tras las primeras sentencias que salieron en su contra en Montes de María, crearon una fundación, Crecer en Paz, y le entregaron la tierra. Allí hoy se tiene pronosticado un proyecto de paz, una ciudadela, con la que se aportaría a excombatientes y a la implementación del PDET. ¿Cuál es su impresión sobre ese proyecto, que tiene un pasado de despojo, pero que hoy aportaría a la construcción de paz?

Ellos crearon esa fundación para devolver una tierra que sabían ya que iban a ser condenados por los jueces porque no tomaron las diligencias debidas. Nosotros no estamos diciendo que Argos de manera directa causó la violencia. Se sirvieron de la violencia para acumular tierras. Nosotros nos reunimos dos veces con directivos de Argos para ese tema de la fundación. Ellos habían intentado primero que las familias reclamantes de tierra desistieran haciéndoles una restitución de manera directa, con algunos beneficios como lo que otorgan los jueces, con un proyecto productivo. Pero los jueces consideraron que no es procedente desistir porque en justicia transicional no es solamente el bien, sino que se cometieron irregularidades o, en otros casos, delitos, y entonces debe saberse la verdad completa de lo que sucedió. Y luego lo intentaron también a través de la conciliación, lo que tampoco les facultaron, por eso los fallos deben ir hasta el final. Cuando no hubo opción, entonces bueno, crearon una fundación para devolver la tierra, cosa que nosotros celebramos, nos parece bien. Ojalá otras empresas que han sido condenadas a restituir siguieran ese ejemplo de Argos. Y si eso facilita también para el Acuerdo de Paz, está bien, no nos oponemos porque es de una manera directa, conciliada, hacer la restitución. Es un acto de justicia con la gente.

En el listado de empresas, hay diez que son bancos y empresas financieras ¿Cuál fue el rol de ellas?

Lo que pasa con los bancos es que les anularon las hipotecas que tenían. Ellos le prestaron dinero a despojadores y en garantía por el crédito recibían las hipotecas de esas tierras. Cuando las víctimas reclamaron las tierras y fueron ante los jueces, los bancos se opusieron a que a la gente le devolvieron la tierra porque había una hipoteca. Lo que han hecho los jueces es anular esa hipoteca porque está demostrado que había violencia generalizada, que era de conocimiento público, que allí había desplazamiento. Nadie sabe mejor cómo hacer para prestar dinero y no perder la plata que los bancos. Ellos saben qué garantías les deben entregar realmente para no perder su dinero y estaban recibiendo en garantía tierras que han sido producto del desplazamiento y el despojo. El Banco de Colombia de Valencia (Córdoba), en la cuna del paramilitarismo, claro que sabía que había despojo, claro que sabía que estaban recibiendo en garantía tierras que habían sido despojadas. Les anularon las hipotecas y les entregan la tierra a las víctimas y le dicen al banco ‘usted persiga por otros medios a esa persona a la que le prestó el dinero’.

Si en 10 años apenas se llegó a menos del 9% de avance, aun corrigiendo temas como el de la microfocalización o la restitución colectiva, es muy poco probable que en otros 10 años se llegue a la meta de restituir de alguna forma los más de seis millones de hectáreas despojadas…

Hay otro elemento que es la restitución administrativa. La ley 1448 debe modificarse y permitir esa figura. Los casos con oposición han sido el 32%; mientras que sin opositores, el 68%. Ese 68% se hubiera podido resolver si existiera la restitución administrativa, sin ir al juez. Resolver en la mitad de la etapa. Hoy, por ejemplo, en la Agencia Nacional de Tierras una persona llega a solicitar que un predio se le reconozca y la entidad emite una resolución y se lo entrega. Eso no pasa por ningún juez, se hace de manera directa. La URT debería tener esa facultad: llegó un caso, no hay opositor, nadie se opone a que a la víctima le devuelvan esa tierra, pues devuélvala de manera directa a través de una resolución. Cuando no hay opositor, no hay conflicto. Avanzaríamos mucho más rápido, más eficiente. La vía judicial está bien cuando hay opositor, para que no sea el funcionario público de turno en la URT el que defina. Pero donde no hay opositor no tiene razón de ser que el Estado no lo pueda resolver.

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