Los últimos documentos que dejó firmados Karen Zulay Garay eran una alerta de que adentrarse a las veredas a las que había sido enviada, para la que se convertiría en su última comisión en campo, podría costarle la vida. En al menos tres constancias de actividades en terreno no culminadas, que la contratista de la Unidad de Restitución de Tierras firmó los dos días anteriores a su desaparición, advirtió que los solicitantes con los que debía ir a los predios en Mesetas (Meta) se negaron a asistir a las diligencias. El motivo fue el mismo: el miedo que les producía seguir reclamando su tierra en una zona que hoy parece tener un control absoluto de la disidencia de las Farc.
Como comunicadora catastral, cargo que ocupaba desde febrero de 2020, la tarea de Karen Garay consistía en ubicar a los reclamantes de tierras y trasladarse con ellos hasta los que alguna vez fueron sus predios. Allí les hacía saber a los actuales ocupantes que ese terreno iniciaba el proceso de restitución. En visitas de esa naturaleza iba a estar en Mesetas entre el 25 de mayo y el 1º de junio, en una comisión autorizada por sus superiores y por el enlace de seguridad de la dirección territorial de la URT en el departamento.
“El solicitante no asistió por temor; el señor manifiesta que se comunicó con la hermana y ella le manifestó que la zona estaba pesada porque había grupos armados al margen de la ley. Por tal motivo no asiste y no delega a nadie para ir”, escribió Karen en una constancia del 26 de mayo, sobre un predio de la vereda Palmeras. Allí mismo señaló que la abogada de la Unidad que lleva el caso le insistió, pero el reclamante, decididamente, se negó a ir.
No fue el único. En otro caso de esa misma vereda, Karen escribió: “La hija del solicitante manifestó que no iba a asistir a la diligencia de comunicación en el predio por temas de seguridad y por temor. Manifestó que no quería ir ni tenía a quién delegar. Desea continuar con el proceso sin asistir a alguna diligencia”. Esa constancia también es del día anterior a la desaparición. Y un día antes, el martes 25 cuando llegó a Mesetas, dejó otra en la que la solicitante incluso expresó que no pensaba seguir adelante con el proceso de restitución.
Incluso, el conductor de la camioneta que estaba haciendo las visitas con Karen, Jhon Steven Cogua, se dio cuenta de la complejidad de la tarea que le asignaron. El miércoles 26, hacia el mediodía, se lo dijo por Whatsapp a su novia. “Me escribió que el señor que había solicitado la visita a la finca no quería ir porque las disidencias de la guerrilla lo tenían amenazado”, señaló la joven en su declaración ante la Fiscalía.
Fue al día siguiente, el jueves 27, cuando le tocó al turno al predio que reclamaban las hermanas Sandra Milena y Yadmil Cortés Uribe. A las 6:00 a.m., ellas dos, junto con Karen Garay y el conductor Jhon Steven Cogua, salieron de la cabecera hacia la vereda San Isidro. Como lo contó Colombia+20, habrían llegado hasta la finca que reclamaban, donde se encontraron con hombres fuertemente armados. A partir de ese momento no se supo más de ellos, hasta que más de un mes después, el pasado 5 de julio, sus cuerpos fueran encontrados en una fosa común aledaña a la vereda.
Si bien para los reclamantes de los predios era evidente que ir a esas veredas de Mesetas a las diligencias en campo era altamente peligroso, el análisis de seguridad por parte de la Unidad de Restitución de Tierras arrojó que bastaba con un acompañamiento bajo el modelo de monitoreo. De acuerdo con este esquema, los comunicadores catastrales o topógrafos de la Unidad deben presentarse ante la estación de Policía del municipio en el que van a trabajar durante los días siguientes e intercambiar números con el uniformado que esté a cargo.
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Siete funcionarios y contratistas de la territorial Meta de la URT, quienes salen a campo permanentemente, aseguraron que desde hace dos años todo el acompañamiento, sin importar la zona, ha sido por monitoreo, a partir de lo que determina el encargado de seguridad en la Unidad.
Según esos testimonios, se trata de un modelo que los deja “a su suerte”, pues si bien se presentan ante la Policía en las cabeceras, las veredas que tienen que visitar pueden estar a tres, cuatro o cinco horas de distancia. Los funcionarios denunciaron que los uniformados nunca se han comunicado con ellos mientras realizan el trabajo de campo.
Los más antiguos sostuvieron que antes de 2019 el acompañamiento era distinto. Para entonces, la territorial Meta contaba con cuatro grupos de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, que están designados específicamente para acompañar las labores de la Unidad de Restitución de Tierras. Son conocidos como los Emcar (Escuadrón Móvil de Carabineros) o los Esmor (Escuadrón Motorizado Rural) y siempre los escoltaron en las diligencias.
De los cuatro grupos solo queda uno, pero la Unidad no pide su acompañamiento. Los contratistas más nuevos, que entraron a la Unidad en 2019 o 2020, afirmaron nunca haber sido acompañados por miembros de la Fuerza Pública. Este diario conoció que los miembros del Emcar en Meta, al no ser pedidos para acompañar a la Unidad, fueron enviados a apoyar a otras unidades en Cali, para enfrentar las protestas y los bloqueos, en el marco del paro nacional.
Pero no solo sobre las veredas aledañas había constancias en materia de seguridad. Incluso sobre la finca a la que se dirigió Karen Garay, con las hermanas reclamantes Sandra Milena y Yadmil Cortés Uribe, ya había una constancia previa. En un documento del 21 de agosto de 2019 quedó consignado que se suspendió la diligencia a terreno del 3 de julio de 2019, porque las reclamantes se negaron a ir por seguridad. En esa ocasión, una de ellas fue enfática: la única forma de ir al predio sería llegar y salir en helicóptero. Sin embargo, la Unidad volvió a programar la visita en las mismas condiciones.
Inconsistencias en la versión del director de la URT
En una entrevista que Andrés Castro, director nacional de la Unidad de Restitución, le dio al medio local Llano Extra cuando se confirmaron las identidades de los cuerpos hallados entre Mesetas y Uribe, en la que explicó el protocolo que se siguió para esta misión, entregó información falsa o imprecisa.
“Tanto la contratista de la Unidad como el vehículo en el que se desplazaban portaban un GPS que permite desde el enlace de seguridad de la dirección territorial hacer un seguimiento a los desplazamientos”, aseguró el funcionario. Sin embargo, los localizadores satelitales como el que describió el director, que se les suministraban a los funcionarios para sus visitas a campo, se dejaron de entregar en diciembre de 2019.
A partir de 2020, los contratistas salieron a sus comisiones sin ese dispositivo, de referencia Spot GEN3, a pesar de que en el módulo de seguridad de la inducción de la URT se establece que es un requisito indispensable para las visitas en campo.
El dispositivo contaba con un “botón de pánico” que enviaba una alerta inmediata sobre algún posible riesgo y su ubicación exacta. Quienes alcanzaron a usarlo resaltan su efectividad, pues cuando tuvieron que activarlo –incluso por error– la respuesta de las autoridades fue oportuna.
Andrés Castro tiene conocimiento de que esos dispositivos no se están entregando, porque el 10 de diciembre de 2020 firmó la Resolución 00729, que ordenó “el retiro definitivo de los inventarios” de casi 200 dispositivos Spot GEN3 y autorizó su destrucción. Hasta la fecha no han sido reemplazados.
En esas declaraciones, el director afirmó que cuando perdieron contacto con la comisión, acudieron a las autoridades para dar aviso de lo que estaba ocurriendo. Pero la verdad es que no se les avisó sino hasta el sábado, dos días después de la desaparición. Y tampoco es cierto que el reporte lo hizo la Unidad de Restitución, fueron los familiares de las reclamantes, que llegaron de Granada a Mesetas para indagar por su paradero, así como otra funcionaria colega de Karen, quien estaba trabajando esa semana en Mesetas.
Así lo prueba el audio de una conversación que tuvo el yerno de la reclamante Yadmil Cortés, el sábado 29 de mayo, a las 7:30 a.m., con la abogada del caso en la entidad, Liliana Vélez. En la grabación de la llamada, que conoció Colombia+20, el hombre estaba alarmado porque desconocía el paradero de sus familiares.
La funcionaria, quien no le dio importancia a la advertencia, le respondió no tener conocimiento de lo que ocurría: “En este momento no ha sucedido nada extraordinario con nadie de los que se fueron a la diligencia, no han reportado nada. De pronto es un problema de señal, de la ubicación donde están”. Para ese momento ya se cumplían casi 48 horas desde que se perdió el contacto con la comisión.
Los familiares de las hermanas reclamantes llegaron esa misma mañana a la cabecera de Mesetas y acudieron al batallón del Ejército, a la estación de Policía y a la Fiscalía. En ninguna encontraron respuestas, solo que Karen había avisado el 25 de mayo que estaría trabajando en el municipio.
Lo mismo le ocurrió a la compañera de Karen, quien también la buscaba desesperadamente. En la mañana del sábado 29 de mayo se comunicó con el enlace de seguridad de la territorial Meta, el mayor retirado del Ejército Álvaro Beltrán. Le preguntó si era prudente poner la denuncia en la Fiscalía, como se los había indicado el coronel del batallón del Ejército, pero Beltrán le sugirió no hacerlo todavía. Ya eran las 11:00 a.m. Pese a esa recomendación, los familiares y la funcionaria alertaron en la Fiscalía de Mesetas, que activó el mecanismo de búsqueda urgente.
Lo más preocupante es que el director Castro señaló en la entrevista que la Unidad no tenía conocimiento de que las reclamantes iban a ir a la diligencia con la funcionaria. Sostuvo que, de haberlo sabido, teniendo en cuenta que ya tenían amenazas y una de ellas contaba con medidas de protección, la comisión se hubiera cancelado. “Si ellas acompañaron esa diligencia, eso no estaba previsto dentro del trámite y los protocolos de seguridad que establece la URT para las salidas”, aseguró. Sin embargo, ello va en contravía de la manera en que funcionan regularmente las visitas para comunicar el predio (como en este caso) o para georrefenciarlo. A ellas siempre van los solicitantes, quienes son los únicos que conocen con exactitud el terreno a restituir.
Todos los testimonios de contratistas y funcionarios consultados coincidieron en que detrás del debilitamiento en los estándares de seguridad existe una presión por cumplir metas. Por cada visita a predios que hacen los catastrales, deben entregar informes que se convierten en productos para cumplir indicadores. Las comisiones, explicaron, están siendo programadas con una frecuencia muy alta, lo que implica poco tiempo para organizarlas rigurosamente y para elaborar los informes posteriores. Si no entregan dichos documentos, les retienen la cuenta de cobro, pues en su gran mayoría se trata de contratistas y no funcionarios de planta. En esa programación, argumentaron, hay poco margen para analizar con detenimiento las limitaciones de seguridad.
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El lunes 5 de julio, a Medicina Legal de Villavicencio fueron trasladados cuatro cuerpos hallados en una fosa común entre Uribe y Mesetas. Cinco días después, el viernes 9, las autoridades confirmaron las identidades de los miembros de la comisión.
Este diario intentó comunicarse con el director de la URT, pero a través de su oficina de prensa respondieron que no atendería la entrevista porque no tiene información adicional a la que entregó en emisoras radiales. A pesar de esto, se le envió un cuestionario sobre las denuncias de este artículo. La oficina de prensa confirmó que enviarían las respuestas. Hasta el cierre de esta edición no las enviaron.
