Así avanzan diálogos de paz urbana con Shottas y Espartanos, que cumplieron un año

Felix Orlando Luna, vocero de los Espartanos, habla durante la instalación de la mesa de conversación socio jurídica para la construcción de paz con los grupos armados ilegales en Buenaventura.

Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Hace un año exactamente, en el día de Velitas de 2022, la paz urbana en Buenaventura comenzó a ver la luz. Aquel 7 de diciembre, las calles del puerto se engalanaron para recibir comitivas del gobierno, de la comunidad internacional y de empresarios para comenzar a dialogar con las dos grandes bandas del distrito, que meses atrás ya habían comenzado a hablar entre ellas en medio de la clandestinidad y con la Iglesia católica como primer gran acompañante. Fue un día poco común, porque esas personas de alto nivel que llegaron al puerto más grande de Colombia no suelen estar allí con frecuencia o por mucho tiempo.

Los Shottas y los Espartanos se dieron a conocer con esos nombres en 2021. Nacieron luego del desmantelamiento de la banda La Local y si bien en su momento fueron una misma organización, rencillas internas hicieron que se separaran e iniciaran una guerra inclemente en los barrios de las comunas: un conflicto urbano entre hermanos.

Ese mismo 2021, la criminalidad en el puerto a causa de estas dos bandas puso indicadores de asesinatos nunca antes vistos. Cifras aterradoras que ni siquiera se vieron cuando el exobispo de ese distrito Héctor Espalza comenzó a denunciar a inicios de milenio las mal llamadas “casas de piques”. En el 2021, Buenaventura tuvo una tasa de homicidios de 67 por cada 100.000 habitantes, el doble que la media nacional, con el agravante de estar hablando del año más violento en Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz.

En contexto: ¿Cómo se cocinó la mesa de paz urbana en Buenaventura y qué desafíos enfrentará?

Monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura, fraguó lo que sería el inicio de la paz total en el puerto. En lo que sería algo similar a una fase exploratoria secreta -en lenguaje de negociaciones de paz- este cura se reunió con Shottas y Espartanos en su despacho en septiembre de 2022 para ver qué tan viable iba a ser una paz que resultaba esquiva por las montañas de dinero que estas estructuras criminales producían a diario a costa de sus mismos vecinos y paisanos; a punta de extorsiones, microtráfico, asaltos a mano armada y ‘vacunas’ a negocios locales.

“Los muchachos se acercaron a mí y dijeron que no se querían matar más entre ellos. Claro que creí en su voluntad…dentro de las comunas se mataban entre antiguos amigos, compañeros de colegio, vecinos y hasta familiares. Lo primero era reducir los índices de asesinatos, arrancar desde allí y ver cómo podíamos avanzar. En ese tiempo, los muchachos que hoy siguen siendo bandidos -no nos podemos engañar- no ponían sobre la mesa temas de dejar de extorsionar o robar porque con eso se financiaban; pero que un inicio fuera con menos asesinatos ya era un avance grande”, cuenta Jaramillo.

En Buenaventura, el último semestre de 2022 estuvo en tensa calma. Por efectos de las bandas, entre inicios de octubre y finales de noviembre de ese año, allí fueron reportados cuatro asesinatos de acuerdo con la Policía Nacional. Un panorama doloroso pero mucho menos que en jornadas de algidez de esa guerra urbana.

Esos síntomas de mejoría llamaron la atención de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) y su naciente política de paz total. Monseñor Jaramillo comenzó a dialogar con el excomisionado de Paz Danilo Rueda y acordaron una formalización de diálogos con esos grupos armados, a sabiendas que no había ni una ley de sometimiento en vigencia ni “garantías judiciales tentadoras para que esos muchachos dejaran las armas sin el temor de pudrirse en una cárcel”, como recuerda Jaramillo.

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Superar la inestabilidad

El primer semestre de 2023 representó los mayores desafíos para la paz urbana en Buenaventura. ¿Cómo se iban a construir cimientos sin tener una Ley de Sometimiento clara para ese entonces? ¿Cómo un gobierno podría desarmar estructuras armadas de forma pacífica pero sin forma de negociación como las de FARC o ELN?

Desde un principio quedó claro que las bandas no tendrían estatus político, motivo por el cual los diálogos para desarmarse debían ser conducidos hacia un sometimiento a la justicia mediante diálogos sociojurídicos; definición que empezó allí y que con las experiencias de Buenaventura se llevaría a Quibdó y Medellín.

Los registros de la Fundación Paz y Reconciliación sobre la cantidad de asesinatos hablaban de una tregua parcial que funcionaba entre enero y abril de 2023. Durante ese periodo se presentaron cinco asesinatos, pero se obvió un elemento clave para seguir avanzando: la desconfianza latente.

Origen de la paz total en el puerto: Se instaló la mesa de conversación entre el Gobierno y las bandas de Buenaventura

A finales de abril pasado la tregua entre Shottas y Espartanos se rompió. Uno de los líderes de los Shottas, conocido como Súper, desapareció a comienzos de ese mes y ese hecho despertó viejos odios entre las bandas. Volvió la criminalidad a los barrios Vista Hermosa, San Francisco y Juan XXIII, entre otros, y con ella el temor de una paz que podía ser frágil y disuelta en cualquier momento.

Lo que estaba claro es que había que reconstruir desde cero. El 7 de junio, la OACP y el despacho del obispo Jaramillo volvieron a charlar con las bandas, tantearon terreno y se dieron cuenta que aún había deseos de apagar la guerra que jamás tuvo sentido para los bonaverenses de a pie.

Por esas fechas, algunos ciudadanos del puerto hablaron con Colombia+20 para analizar su situación de seguridad. Según un vocero de víctimas en el puerto de Buenaventura, que pidió no ser citado, lo novedoso en este nuevo intento de paz sería la inclusión más directa de personas afectadas por las bandas en las comunas del puerto para que haya una “aceptación y legitimación más grande de lo acordado”.

“Nos prometieron que este iba a ser un laboratorio de paz, pero necesitamos que sea un laboratorio para la gente, donde haya escucha y voluntad clara de avanzar. Frenar la violencia también está en escuchar a la comunidad, saber cómo hemos sido afectados y cómo nos podrán reparar”, resumió el líder social.

Poco a poco se fueron dando las cosas hasta que el 18 de julio se pactó una tregua, vigente hasta la fecha y extendida hasta el 4 de febrero de 2024, cuyo logro más destacable no es ni más ni menos que haber sacado a Buenaventura de la lista de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, registradas por la Universidad de Uppsala y otros centros de estudios internacionales sobre conflictos armados y crimen organizado.

“Esto es un proceso y se debe tener paciencia. Los muchachos van saliendo de la vida del crimen y van encontrando otros caminos. Por ahora todo anda bien, la tregua ha servido y todo estará para que dure mucho más. Esta paz ya es el último gran “pero” que le falta a Buenaventura para que no caigan tantos estigmas que nos han dañado. Desde la cultura se está haciendo todo para eso”, explica a este diario el líder social Leonard Rentería.

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Monseñor Jaramillo, luego de anunciar junto al gobierno, la Misión de Verificación de la ONU y la MAPP-OEA la extensión de la tregua, le dijo una infidencia a este medio de comunicación sobre esta decisión: “La idea es que la tregua fuera hasta el 4 de enero de 2024. Pero en esas fechas nadie de Bogotá vendría. Entonces se movió un mes más; un mes más de calma en las calles, de reflexión y de deseo de moverla todavía más… ojalá para siempre”.

La paz total en Buenaventura está flaqueando poco, pero aún es agridulce. A un año de su inicio falta que su diálogo sociojurídico tenga una agenda establecida, que haya mayores canales de comunicación entre los voceros y gestores de las bandas con la comunidad y que se definan las vías jurídicas para que haya la mayor cantidad de verdad y justicia posible.

La reciente decisión de la Corte Constitucional, que le dejó en claro al Gobierno que debe ser el Congreso quien defina el sometimiento de estas estructuras criminales, empezará a dar más certezas sobre la forma de negociar, pero es clave que la voluntad de las bandas se mantenga y el Gobierno responda a ese compromiso con soluciones definitivas para un municipio que lleva décadas sumido en la violencia y el abandono estatal.