“Jefes de bandas en Buenaventura están dispuestas a renunciar a extorsión”: Fabio Cardozo

Cardozo fue parte de la guerrilla del M-19, concejal y secretario de Paz y Cultura de Cali.

Foto: Nelson Sierra Gutiérrez

Desde julio pasado, Fabio Cardozo, es el jefe de la delegación de Gobierno en los diálogos con las bandas criminales de Buenaventura. Cardozo, exguerrillero del M-19, exconcejal y exsecretario de Paz y Cultura de Cali, dice que este proceso busca el desmonte de las dos estructuras que tienen el control territorial del puerto -Los Shottas y Espartanos-. Pero el diálogo tiene varios retos de cara al 2025, sobre todo en términos de concreción de acuerdos que impacten a la población y en el establecimiento del marco jurídico.

En diálogo con Colombia+20, Cardozo habla sobre sus expectativas y los proyectos que vienen para ese proceso de paz.

¿Cuál es el balance que tiene de este espacio de diálogo con las bandas criminales en Buenaventura?

En principio el espacio se estaba restringiendo un poco a la tregua. Cuando llegamos empezamos a plantear un asunto mucho más allá. Con las bandas no solo importa la tregua -que genera condiciones favorables para avanzar-, lo que se quiere es una paz total urbana, lo que se quiere es transformar una realidad. Esto es muy importante porque los grupos en Buenaventura están conformados por los hijos de las comunidades, no es una fuerza de ocupación, sino estructuras que tienen arraigo. Ese mismo arraigo es el que nos hace pensar a nosotros que es posible avanzar con ellos.

Esta es una agenda atractiva, porque está construida sobre la base de las principales expectativas de la comunidad y sobre sus dolores. Son cuatro puntos que ha propuesto la delegación del Gobierno, que es como el gran acuerdo: construcción de cultura de paz y no violencia, disminución de las violencias, transformación del territorio y desmonte de las bandas.

¿Cuál es la principal apuesta hoy?

Una primera apuesta es lograr la disminución y el desescalamiento de ciertos tipos de violencia sin Buenaventura. No decimos que todas las violencias porque no podríamos. Por ejemplo, el racismo es un tipo de violencia y, por supuesto, debe registrarse y visibilizarse, pero no es algo que podamos hacer solo desde la mesa.

Nosotros vamos a situar el trabajo sobre ciertas violencias, que están estrechamente vinculadas y atadas al proceso como el tema de la utilización de menores en el conflicto, confinamiento, la cartelización -porque hay especulación y monopolio de la canasta básica- y la extorsión, que esto sí que nunca se había tratado en la mesa. Estas estructuras no son como las antiguas guerrillas. En el caso de Buenaventura son muchas que están dentro los territorios. Tenemos la idea de que los hombres en armas son más bien pocos, hablo de las dos estructuras. Lo que tienen es un contingente de sicarios a sus órdenes y muchos que los acompañan. En esto hago énfasis porque claro que eso pasa por la ausencia estatal.

¿Qué dicen las bandas sobre el tema de la extorsión, porque ellos afirman que no tienen que ver con ese delito, o al menos que no todo lo que ocurre en Buenaventura viene de ellos?

No, la extorsión es sin duda una de las fuentes de las rentas ilegales que tienen allí. ¿Cómo funciona? Es como una especie de franquicia que se le otorga a distintas personas en ciertas zonas y barrios. Esas personas tienen una parte y el grupo se queda con el resto. Los que tienen el monopolio de la actividad criminal en Buenaventura son ellos, por supuesto que sí. A las afueras sabemos que están otros grupos, pero que adentro son ellos los que controlan el puerto.

Usted va a cualquier tiendita, la gente que vende una arepa, la gente que tiene un carrito, aquí todo el mundo paga una vacuna. Ahora, los jefes de las bandas, que ambos están fuera del país por lo que sabemos, nos han dicho que están dispuestos a renunciar a ese tema. Mi preocupación quizás será los mandos medios porque se ha visto y probado que si uno descuida a esa gente son los que terminan promoviendo otras estructuras y eso es un círculo de no acabar. Aquí tienen que entrar todos. Yo creo que yo sí puedo lograr ese acuerdo para parar la extorsión.

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¿Qué espera lograr en el corto plazo?

Con la agenda de la que le hablé estamos poniendo conversación ciudadana. Eso nos ha ayudado a que la gente entienda que el proceso de paz no es la tregua. El proceso es cómo derrotamos esas violencias, cómo logramos transformar ciertas realidades y cómo construimos una ruta con los elementos legales, judiciales, sociales y culturales para que se desmonten esas estructuras.

Y al largo plazo lo plantearía así: queremos hacer un plan de inclusión que sea ejemplificador, que vaya por zonas y que esté acompañado de inversión para el municipio. También queremos un proceso de reparación con las víctimas y uno de reconciliación, justamente a partir de la reparación simbólica y colectiva.

¿Y cómo se hará todo eso?

Con paciencia, primero. Pero se están adelantando alrededor de 14 propuestas comunitarias y proyectos de impacto rápido que buscan que este proceso de paz tenga mayor incidencia en las comunidades.

Uno de los grandes problemas de este tipo de espacios pasa también con las bandas del Valle de Aburrá y Chocó, es el marco jurídico que el Gobierno no ha tramitado… ¿Cómo se sostiene un proceso sin ello?

Por ahora el marco jurídico no ha sido importante por una razón, y es que todos los jefes de las estructuras están firmes con el proceso, y eso nos ha permitido un alto nivel de compromisos y de concretar algunos de los acuerdos. Entiendo que pueden ponerlo sobre la mesa porque es un tema por tratar, pero ninguno ha sujetado las demás acciones a ello. Las preocupaciones de ellos están en otra dirección, por ejemplo, en que ese proceso avance porque los dos que están por fuera tienen aquí a sus familias y quieren volver a reunirse.

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Pero al margen de que no lo pida la mesa o las bandas, la Corte Constitucional sí lo ha pedido. El examen del tribunal a la Ley de Paz Total decía que debía haber un marco jurídico…

Tuvimos toda la disposición, pero el problema fue el Congreso. Ahora está avanzando un proyecto. Lo que digo es que no cedo en esa discusión, porque entonces me tocaría decir, no hagamos nada sin ese marco jurídico y la mesa se estancaría. Toca avanzar.

Varias comunidades nos han hablado de la aparición no solo de otros grupos armados como las disidencias de Mordisco que tiene fuerte presencia en los alrededores del puerto, sino de “disidencias” dentro de las mismas bandas. ¿Sabe algo?

Hemos tenido informaciones preliminares de un actor armado que parece que no quiere acogerse a lo que dice una de las bandas. Es muy preliminar.

Desde su llegada al cargo ha querido hacer un evento, y eso va a tener forma en enero, ¿de qué se trata?

En enero vamos a convocar un evento con las fuerzas más representativas y que tienen incidencia en el puerto. Hemos logrado conversaciones bilaterales con varios sectores empresariales, con Propacífico, con sectores académicos, con la Universidad del Valle. Queremos construir una red de universidades en pro de la paz, aquí en Buenaventura, para tener una interlocución con el sector académico que nos ayude a impulsar un proceso de participación.

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¿Qué es lo que se quiere hacer en la Comuna 12, que es una de las que tiene más problemas de violencia?

Sí, la Comuna 12 tiene muchas dificultades, Ahí estamos proponiendo la acción de una maqueta de paz urbana, de eso no se había hablado, y lo estoy diciendo, porque si la gente pide algo concreto, esto lo es. El problema principal en esa zona es de conflictividad entre las bandas y de fronteras invisibles. Entonces, hagamos eso visible. Queremos proponer un parque longitudinal que creemos que puede ser un espacio comunitario que empiece a generar todo un proceso de fortalecimiento de las redes comunitarias, de los liderazgos que han venido e incluso construir una instancia única de puntos de acción comunal para hacerle frente al conflicto.

¿Quién financia eso?

Ese proyecto que queremos hacer con la Comuna 12 la financia la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, a través del Fondo Paz.

¿Qué se viene para 2025?

El mismo comisionado Otty Patiño ha dicho que el 2025 es el momento de ejecutar. Nosotros aspiramos a que el proceso de la maqueta que te comenté de la Comuna que se implemente y que, depende su acogida, podamos replicarla. Esa es una transformación que vamos a hacer el concurso de los actores y para eso la convocatoria de ese gran acuerdo, de ese evento de enero.

El 2025 es la concreción del gran acuerdo por el espacio en Buenaventura con las distintas fuerzas políticas que conforman el mosaico socioeconómico y político. Estos procesos son complejos porque es mucho más fácil, pegar unos ladrillos y construir un muro, pero en este caso todo el diálogo es un poco intangible, pero se tiene que traducir en reducción de violencias. Estamos creando un instrumento de seguimiento para medir las bajas en algunos tipos de violencias, como la vinculación y reclutamiento de niños, o la extorsión o la especulación de la canasta básica.

*Esta pieza periodística hace parte de la iniciativa “Comunidades que Transforman” de El Espectador, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su sigla en inglés) y la Embajada de la Unión Europea. Esta es una alianza para producir contenidos que narran los esfuerzos de las organizaciones comunitarias, las autoridades y el sector privado en la construcción de paz.