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El 2025 empezó en Catatumbo con una crisis humanitaria de gran escala. Los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), provocaron desplazamientos masivos, confinamientos, una ruptura profunda de la vida comunitaria en una de las regiones más estratégicas del país y la peor crisis humanitaria en dos décadas en el país. Once meses después, cuando el año se acerca a su cierre, la violencia no solo persiste, sino que vuelve a intensificarse, reactivando el temor a que Catatumbo termine el año como lo empezó: en medio de la guerra.
“Cuando el Gobierno Nacional viene, habla de la guerra que hubo de enero a marzo, pero resulta que la situación ha sido permanente, a tal punto que hoy, 11 meses después de esa guerra, tenemos enfrentamientos en toda la zona”, advirtió a Colombia+20 Luis Fernando Niño, consejero de paz de Norte de Santander. Según explica, desde hace al menos tres semanas los dos grupos ilegales se rearmaron en zonas estratégicas y comenzaron a disputar territorios que habían estado bajo control de uno u otro actor.
Uno de los hechos más visibles fue la difusión de un video del frente 33 en el municipio de Pacheli. “Eso solo quería decir que le quitaron ese territorio al ELN”, señala Niño. Esa disputa territorial tuvo consecuencias inmediatas sobre la población civil. “Esa noche se nos llevaron dos muchachas de 25 y 27 años con una bebé recién nacida de un mes”, relata. Frente a ese hecho, agrega, “cada grupo le echó la culpa al otro”.
La escalada se agravó en los últimos días. En pleno 24 y 25 de diciembre se registraron enfrentamientos en varios puntos de Catatumbo, especialmente en la zona rural de Tibú. “Es puro reacomodamiento de tropas de los dos grupos”, explica el consejero. Desde la medianoche de Navidad los combates se concentraron entre los kilómetros 16 y 25, en el área rural de La Gabarra, lo que provocó un nuevo desplazamiento forzado.
“Hoy tenemos 180 núcleos familiares, más o menos 252 personas desplazadas, la mayoría de ellos mujeres y niños”, afirma Niño. Las familias han salido tanto hacia Tibú como hacia Cúcuta. “La mayoría llegó a Tibú en la noche del 24 y la noche del 25, pero como ese municipio está en la zona de conflicto, pues no van a estar tan seguros. Entonces, ya se están desplazando a Cúcuta”, dice Niño. El defensor del Pueblo regional ya comenzó a recibir declaraciones de las personas desplazadas en la capital del departamento.
La Defensoría del Pueblo ha advertido que, además de los desplazados, unas 6.000 personas estarían en riesgo de confinamiento. A esto se suman otros factores que agravan la crisis, como el uso de minas antipersonas. El jueves, una mujer fue víctima de uno de estos artefactos y la semana pasada fue asesinado el conductor de una ambulancia durante el paro armado del ELN.
Otro fenómeno que preocupa es el reclutamiento de menores. “La Defensoría habla de un aumento del 252 %, pero creo que puede ser más alto”, afirma el consejero. “Con tantos combates y muertos se necesita mano de obra, y esa mano de obra la sacan de los muchachos, niños y niñas, incluso indígenas”.
“Hemos despejado las carreteras para que la gente en Catatumbo pueda huir”
El recuerdo de la crisis de comienzos de año también ha marcado las decisiones actuales de las autoridades. En enero, cerca de 30.000 personas quedaron confinadas en Catatumbo porque las vías estaban bloqueadas por los grupos armados. Hoy el enfoque es distinto. “Me reuní (el viernes) con el Comando General de la Segunda División del Ejército, y ellos me aseguraron que el carreteable (carreteras) estaba totalmente asegurado”, contó Niño. “Esas palabras textuales, ‘carreteable’, quiere decir, lamentablemente, que el camino está despejado para que la gente pueda huir”, explica.
El objetivo, señala, es evitar repetir el escenario de comienzos de año. “En enero tuvimos 30.000 confinados y fue básicamente porque no podían salir porque en la vía estaban los grupos armados esperando a los contrarios para asesinarlos”, recordó.
Según Niño, el último contacto formal con el Gobierno Nacional se dio el 11 de diciembre, durante un consejo de seguridad encabezado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la cúpula militar. Allí se anunció un refuerzo de la Fuerza Pública, incluyendo Policía, Ejército, unidades antidrones y tanquetas, tras los ataques del ELN en el área metropolitana de Cúcuta.
Sin embargo, desde el territorio las alertas persisten. “Nosotros jugamos ahí de aves de mal agüero, porque uno es el que escucha a las comunidades, a los párrocos, a la gente, y ellos desde hace rato nos dicen que allá está pasando algo”, explica Niño. Con autorización del Gobierno, se entablaron conversaciones con la Iglesia y la Defensoría para promover un cese al fuego. De allí surgió el pronunciamiento en el que los grupos anunciaron que suspenderían ataques contra el Estado, pero no la confrontación entre ellos.
Entre el ELN y el frente 33 solo puede quedar uno
Pese a los contactos con la mesa de diálogos, la lógica de la confrontación sigue intacta. “Tenemos contacto tanto con el Gobierno como con los grupos armados”, señala Niño, pero la respuesta ha sido contundente: “La respuesta de las dos partes, del ELN y del frente, ha sido la misma, que en Catatumbo solo puede quedar uno de los dos”.
Aunque se han enviado mensajes al comisionado de Paz, Otty Patiño, el consejero admite que no hay respuestas inmediatas. El contacto más reciente fue con Gloria Quiceno, jefa de la delegación del Gobierno en la mesa con el Estado Mayor de Bloques y Frentes, quien indicó que en el séptimo ciclo de negociaciones se discutía “desescalar el conflicto”. Esa ronda de negociación terminó hace un mes.
El viernes, entrada la tarde, la delegación del Gobierno en la mesa de diálogos con esa disidencia, de la que es parte el frente 33, emitió un comunicado en el que expresó su “solidaridad con las víctimas de las violencias armadas y los liderazgos sociales de Catatumbo”.
El comunicado es enfático en que “ningún hecho de violencia es aceptable” y que “toda agresión contra la población civil debe ser condenada con claridad”.
En relación con el proceso que se adelanta con el EMBF, el Gobierno insiste en que su objetivo es la finalización de las violencias, pero admite las dificultades actuales. “Este propósito se ve seriamente obstaculizado cuando se desarrolla bajo la presión constante de quienes se benefician de la continuidad de las dinámicas de la violencia y de las economías ilegales”, señala el documento.
La delegación hizo un llamado directo a los actores armados para que respeten la labor humanitaria y pidió al Estado actuar de manera articulada.
En el territorio, no obstante, crece el temor de que la situación se agrave en los próximos días, especialmente hacia el 31 de diciembre. La preocupación se alimenta de la experiencia reciente, pues la última gran crisis humanitaria en Catatumbo empezó con pequeñas tensiones, pero explotó semanas después, el 16 de enero, cuando las alertas previas ya estaban sobre la mesa.
Las comunidades insisten en que las señales se están repitiendo y advierten que, si no se actúa a tiempo, el inicio de 2026 podría volver a estar marcado por una escalada de violencia y nuevas afectaciones a la población civil.
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