Una delegación de alto nivel de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) estuvo este jueves en Colombia para sostener reuniones con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Cancillería.
La visita, que da continuidad a otra que se hizo en febrero pasado, contó la presencia de Nazhat Shameem Khan, fiscal adjunta de la CPI, y se dio en medio de los planes de trabajo y cooperación que mantiene el tribunal internacional con el Estado colombiano desde el cierre del examen preliminar sobre el país en 2021.
Con Kahn también estuvieron otros oficiales de la CPI como Robyn Ann Mani, Jonathan Agar y Eugenia Valenzuela.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, contó a Colombia+20 algunos detalles y alcances de este encuentro.
“En febrero tuvimos una primera visita, pero esta es con la fiscal Kahn, así que es de alto nivel. La idea es contarles los avances de la Jurisdicción, cómo van las sentencias y el monitoreo”, dijo Ramelli en conversación con este diario unas hora antes del inicio del encuentro.
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El magistrado insistió en que la visita no responde a alertas sobre el funcionamiento de la Jurisdicción y menos a que la CPI no confíe en el trabajo que adelanta en Colombia ese tribunal de Paz.
“Primero vino su equipo técnico, ahora viene la fiscal adjunta, pero es en el marco de los planes de trabajo que tenemos suscritos con la corte. Pero no es que la Corte haya advertido o haya dicho que la agenda no está funcionando o que esté pasando algo grave. Tenemos muchos temas de cooperación. Hemos tenido talleres sobre temas de violencia basada en género, en reclutamiento, señaló Ramelli.
La agenda comenzó en la Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia con una reunión encabezada por el vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir. Según explicó Ramelli, en el encuentro también esperaban la participación de presidentes de altas cortes y representantes de otros ministerios.
La CPI sigue de cerca el trabajo de la JEP
La CPI es un tribunal permanente e independiente encargado de juzgar a personas -no a Estados- de crímenes como el genocidio, de guerra y de lesa humanidad que opera cuando los sistemas de justicia de los países no pueden o no quieren investigar dichos delitos.
Ese tribunal mantuvo un examen preliminar abierto sobre Colombia desde 2004 hasta octubre de 2021, cuando decidió cerrarlo de manera “provisional y condicionada” tras considerar que existía una voluntad real del Estado colombiano de investigar los crímenes más graves del conflicto armado.
Ramelli aseguró que la Fiscalía de la CPI ha seguido de cerca las decisiones de la jurisdicción. “La oficina del fiscal se ha leído todas las sentencias”, afirmó.
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De hecho, uno de los temas que se tocaron en la reunión fue el sistema de monitoreo de las sanciones propias y de los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurativo (TOAR).
“Con el tema del monitoreo ya les hemos venido explicando todos los diferentes mecanismos que se complementan para poder garantizar que las personas que están cumpliendo con sus sanciones efectivamente lo estén haciendo, estén en los lugares y cumplan las decisiones judiciales”, dijo.
Además, defendió la capacidad de la JEP para hacer seguimiento permanente al cumplimiento de las sanciones, incluso después de que la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia perdiera algunas funciones de monitoreo en octubre pasada tras una decisión que tomó el Consejo de Seguridad de la ONU por petición del Gobierno de Estados Unidos.
“Nosotros hacemos un monitoreo 24/7, permanente, que es nuestra competencia. Lo que la Misión de Verificación iba a hacer no era eso. Era más un monitoreo estratégico, como una auditoría para ver si eso funciona y si hay alertas”, señaló.
Esas funciones ahora están en manos de la Oficina de la ONU Derechos Humanos en Colombia y la MAPP-OEA.
Otro de los temas que más interés despierta en la CPI, de acuerdo con Ramelli, es el trabajo que la JEP ha adelantado alrededor de delitos ambientales.
“Nosotros también, de cierta manera, somos un laboratorio para ellos. Les llama mucho la atención que nosotros investiguemos todo el tema de los delitos ambientales, porque hasta el momento la Corte Penal Internacional no ha abierto casos realmente de delitos ambientales. Entonces, ellos vienen acá y nos escuchan. Realmente esto es más un diálogo”, explicó.
Ramelli también señaló que las visitas de la CPI no implican un monitoreo judicial como el que existía antes de 2021. “Es más un acompañamiento, es más un intercambio de experiencias”, dijo, aunque aclaró que el tribunal internacional sigue verificando que se cumplan las condiciones pactadas con el Estado colombiano tras el cierre del examen preliminar.
“Hay un seguimiento en el marco de ese acuerdo, pero no tiene la intensidad ni las dimensiones del antes del 2021, cuando había un proceso”, dijo.
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