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El presidente Gustavo Petro dijo que inició conversaciones de paz con el Clan del Golfo fuera de Colombia. Así lo explicó el mandatario durante un evento en Tierralta, Córdoba, en el que se entregaron 6.500 hectáreas de tierra a familias campesinas.
Durante su discurso, el mandatario señaló que las condiciones para dialogar o hacer un trato están sujetas al marco jurídico que presentó recientemente el Ministerio de Justicia, en cabeza de Eduardo Montealegre, al Congreso.
“Hemos iniciado conversaciones fuera de Colombia con el autodenominado ejército gaitanista (...) La condición para hacer un trato que tiene que ver con el mundo jurídico, por eso se llama socio jurídico no depende tanto de mí, se ha presentado un proyecto de ley que ojalá el Congreso de la República estudie a profundidad”, anunció el mandatario.
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En entrevista con Colombia+20, el comisionado de paz, Otty Patiño, explicó que sí se están adelantando conversaciones con el Clan del Golfo.
“El Clan del Golfo es la organización que más ha avanzado en población, en territorio, en miembros, en economía y entonces con ello se empezó a hablar. Estamos llegando a un punto de unos primeros acuerdos que a su debido tiempo los daremos a conocer”, dijo.
Sin embargo, el comisionado también señaló que la ofensiva contra el Clan se mantiene.
“Sabemos que es muy difícil porque el gobierno hizo una gran ofensiva sobre el Clan del Golfo, todavía se mantiene esa ofensiva y entonces hablar con ellos aquí en el territorio nacional, comprometer la seguridad de quienes hablan gobierno, pero también ellos. Pensamos que hay que buscar una manera de poder hablar con ellos sin que se suspenda la ofensiva, pero al mismo tiempo buscando una salida”, agregó.
Esto se da justo cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que autoriza al Pentágono y al Ejército de Estados Unidos a desplegar operaciones militares directas contra carteles de la droga extranjeros que figuren en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (Foreign Terrorist Organization, FTO en inglés, OTE en español) del Departamento de Estado.
La orden ejecutiva, sustentada en la ampliación del uso de la figura Organización Terrorista Extranjera (OTE) a estructuras criminales, incluye de forma explícita a tres actores armados de Colombia:el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC —en sus facciones de la Segunda Marquetalia, de Iván Márquez y del Estado Mayor Central, de Iván Mordisco— y el Clan del Golfo.
Según el documento oficial, todos ellos representan “una amenaza directa a la seguridad nacional y a la salud pública” de Estados Unidos por su rol en el tráfico internacional de drogas y actividades asociadas como el lavado de activos y la corrupción transnacional.
¿Qué dice el proyecto de ley de sometimiento sobre el Clan del Golfo?
El proyecto establece un tratamiento penal especial y transicional para los integrantes de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML), como parte de la estrategia de paz total que impulsa el Gobierno de Gustavo Petro.
El tratamiento penal diferenciado contempla, en primer lugar, penas alternativas privativas de libertad o con restricciones de la misma.
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Aquellos que sean considerados máximos responsables de crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos recibirán sanciones de entre 5 y 8 años de reclusión en espacios especialmente acondicionados para la construcción de paz y transformación territorial.
Los miembros de menor rango o sin capacidad de mando podrán enfrentar penas alternativas de 2 a 5 años, según su grado de participación y el tipo de delitos cometidos.
Uno de los elementos más novedosos del proyecto es que la autoridad judicial podrá permitir que cada persona conserve hasta el 12% de los bienes entregados a título individual. Esta posibilidad, que dependerá de la valoración judicial y del cumplimiento de los compromisos de verdad y reparación, se plantea como un incentivo dentro de un esquema más amplio de justicia restaurativa orientada a la reconstrucción del tejido social.
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