Barranquilla requiere de nuevas acciones en seguridad

La tasa de homicidios en Barranquilla está sobre 25 por cada 100.000 habitantes, el doble de Bogotá.

Foto: Óscar Pérez

Una nueva masacre se presentó este fin de semana en Barranquilla. Al barrio Villanueva llegaron en moto sujetos armados que dispararon indiscriminadamente contra las personas que estaban en una fiesta de picó sobre la vía pública. En el lugar murieron dos, mientras que en centros asistenciales fallecieron otros tres, a los que se suman 14 personas heridas.

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La respuesta de la Policía fue ofrecer una recompensa de $100 millones por información de los responsables del crimen, mientras que a la par el comandante de la Metropolitana, general Jorge Urquijo, indicó que la principal hipótesis de la masacre es que se trató de un hecho criminal en medio de una rencilla entre grupos criminales que se disputan el control territorial y las rentas ilegales de la ciudad.

“Estos grupos son conocidos como estructuras de los Costeños, al mando de alias Castor, y los Pepes, al mando de alias Digno Palomino. De manera inmediata se destaca un grupo especializado de la Fiscalía, apoyados por la Policía Nacional”, dijo Urquijo.

Esto no es nuevo. De acuerdo con datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte, en la ciudad hay tres organizaciones armadas jerarquizadas según su alcance territorial, rentas e impacto. De esta forma, en el primer grupo está el Clan del Golfo, dedicado al tráfico de clorhidrato de cocaína, lavado de activos y robo de tierras. En el segundo, bandas como los Costeños y los Rastrojos Costeños, que prestan servicios a la primera y se dedican al microtráfico y la extorsión, mientras que en la parte más baja están las pandillas, que son las más numerosas y que realizan hurtos y hacen trabajos a las demás bandas.

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Tampoco es la primera masacre que se les atribuye a grupos delincuenciales, pues en septiembre del año pasado se relacionó al Clan del Golfo y los Costeños con la masacre en Las Flores, y en la que se registró en febrero en el barrio El Santuario se habló de rencillas entre pagadiarios. En la de este fin de semana, la Policía señala directamente a alias Castor, quien está preso en Venezuela y sería la cabeza de los Costeños, que ostentan el control de la mayor parte de las extorsiones y las actividades criminales en la ciudad. Por el otro lado está Digno Palomino, en casa por cárcel, a quien desde agosto pasado la Policía de Barranquilla relaciona con la aparición de una nueva banda denominada los Pepes, que se dio a conocer con panfletos amenazantes con el logo de un caimán.

Lo que señala inteligencia es que hace unos días fue asesinado el primo de Digno Palomino, por lo que habría ordenado una retaliación en la que cayeron personas inocentes, como Moisés Pacheco, de 52 años, quien se encontraba celebrando junto a su esposa e hija en el lugar donde fue la balacera.

Para Luis Fernando Trejos, investigador y profesor del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, las masacres se han terminado naturalizando en la ciudad. “Algo que puede haber incentivado el uso de este tipo de modalidad violenta es la creencia por parte de los grupos criminales de que las autoridades siempre están dos pasos detrás de ellos, ya que no anticipan la ocurrencia del hecho violento y tampoco son efectivas en su castigo”, indicó en sus redes, por lo que afirmó a este medio que las autoridades deben ir más allá de los consejos de seguridad y, por ejemplo, incluir a líderes locales, además de crear la Secretaría de Seguridad.

“Hay mucha responsabilidad de la administración local, porque la seguridad se ha manejado exclusivamente desde la alcaldía y Policía y no hay una gobernanza ciudadana en torno. Eso ha conducido a la construcción de una imagen de bicicleta estática frente a las acciones, porque se anuncian después de que ocurren los hechos y no antes, de manera preventiva, y se repiten fórmulas que antes han fallado, como el ofrecimiento de recompensas, instalación de cámaras, aumento de pie de fuerza y la eventual llegada de personas desde Bogotá con capacidades de investigación judicial”, asegura Trejos.

Una opinión similar tiene Isaac Morales, coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), quien en un análisis sobre el aumento de los homicidios en enero, en Barranquilla, pone en duda el alcance de los consejos de seguridad luego de masacres como esta, que se evidenciaría en la falta de resultados “sobre las investigaciones que deberían estar orientadas a la inteligencia y contrainteligencia de estos grupos delincuenciales organizados”.

El alcalde Jaime Pumarejo aseveró a Noticias Caracol que hacen falta 5.000 policías en la ciudad, mientras que con respecto a la masacre dijo: “Estamos viendo es un fenómeno por cuenta de las bandas criminales. Hoy los grandes carteles ya no existen y estas bandas hacen todo y el Estado no ha cambiado la forma como trabaja para ponerlos tras las rejas (...). Nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance, damos recompensas, hablamos duro, pero estamos solos”, refiriéndose a la discusión sobre si este tipo de hechos deben ser atendidos por las autoridades locales o regionales, teniendo en cuenta que estas organizaciones han mostrado su interés de acogerse a la “paz total”.

Trejos indica sobre esto que ni el Distrito ni nadie asume la constante crisis de seguridad, como tampoco hay un control político desde el Concejo. “No sé desde hace cuánto tiempo estoy escribiendo sobre esto y siempre la narrativa fue de subvaloración del problema. Hoy se les salió de control y se trata de generar otra narrativa en la que se responsabiliza de todo al Gobierno Nacional, cosa que coincide con el cambio de administración, a pesar de que en la pasada se atravesaron varias crisis”.

Sobre lo que se debe hacer ahora, Janiel Melamed, director del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte, ha indicado en análisis sobre la reorientación de los esfuerzos, que es necesario “reorientar y coordinar la estrategia de seguridad, en coordinación con autoridades policiales, militares y judiciales (centrales)”, a esto se suma la contención del crimen organizado y la articulación con alcaldías del área metropolitana, como Malambo y Puerto Colombia, que también se han visto afectadas por los actores armados y que hoy no cuentan con esa atención.