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19 Jul 2022 - 7:47 p. m.

Contraloría archiva proceso contra Electricaribe tras pago de $22 mil millones

De acuerdo con el ente de control, se presentaron irregularidades en la ejecución de siete contratos celebrados por la empresa en liquidación.
Con la llegada de los operadores Afinia y Air-e, Electricaribe se despidió de la costa Caribe.
Con la llegada de los operadores Afinia y Air-e, Electricaribe se despidió de la costa Caribe.
Archivo
Con la llegada de los operadores Afinia y Air-e, Electricaribe se despidió de la costa Caribe.
Con la llegada de los operadores Afinia y Air-e, Electricaribe se despidió de la costa Caribe.
Foto: Archivo

La Contraloría General de la República recuperó $22.214 millones de daño patrimonial, que había generado Electricaribe entre los años 2012 y 2014, por la no ejecución de siete contratos.

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Según explicó el ente de control, se procedió al archivo del proceso de responsabilidad fiscal que adelantaba contra la empresa en liquidación y contra seis subcontratistas, en relación con el Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE) y el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER).

“Estos dineros habían sido desembolsados por el Ministerio de Minas y Energía a Electricaribe, con el fin de legalizar usuarios y adecuar redes eléctricas, así como ampliar la cobertura, mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica en barrios subnormales de la Costa Caribe”, señaló la Contraloría, a la vez que recordó que los proyectos fueron abandonados debido tras la oposición que hicieron los habitantes.

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Por otro lado, el ente de control señaló que aún se encuentra pendiente de liquidación el Contrato PRONE GSA 157-2012, el cual tiene asociados 134 proyectos, proceso que adelanta el Ministerio de Minas y Energía.

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“En su momento, se determinó que la vigencia de los contratos se encontraba vencida y se había realizado desembolso de recursos al contratista por concepto de anticipo sin que los proyectos se hubieran ejecutado a cabalidad, dejando de lado los fines de dicha contratación, razón por la cual se determinó un daño patrimonial en cuantía de 6.078 millones de pesos”, concluyó la Contraloría.

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