Tres personas fueron judicializadas en Barranquilla, señaladas por la Fiscalía de liderar una organización criminal dedicada al contrabando de celulares de alta gama. Según el ente investigador, durante casi una década, habrían adulterado facturas y habrían registrado precios en aduana mucho menores a los reales de cada equipo para evitar pagar los impuestos reales. Con estas maniobras, se habrían enriquecido en alrededor de $147.000 millones de manera ilegal.
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Las cabezas de la organización sería Maritza Ruiz de Vargas, una docente de la clase alta barranquillera, y sus dos hijos, Álvaro Yazid y Miguel Ángel Vargas Ruiz, así como María Estela Granados Araque. Según la Fiscalía, los cuatro constituyeron una empresa dedicada a la comercialización de tecnología, pero realmente, entre 2010 y 2019 se habrían dedicado a subfacturar los productos que importaban, lo que significó un millonario fraude a la Dirección de Impuestos y Aduanas (Dian).
El director de Delitos Fiscales de la Fiscalía, Leonardo Quevedo, explicó que una fiscal de su unidad, “con apoyo de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) logró la desarticulación de una organización delictiva que por varios años se dedicó a la realización de operaciones de comercio exterior con apariencia de legalidad a través de una empresa con domicilio en Barranquilla, ingresando al país celulares y accesorios procedentes de varios países, entre ellos China, Taiwán, Estados Unidos y Panamá, declarándolos a precios irrisorios, para lo cual adulteraban el valor real al ser sometidos al control aduanero”.
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La red operaba así. Primero, los Vargas Ruiz, al parecer, importaban los celulares de reconocidas marcas desde los países productores y allí se hacía el torcido. “La Fiscalía estableció que la mercancía ingresaba a territorio nacional mediante la declaración de precios que estaban muy por debajo de los valores fijados en el mercado”, dijo el ente investigador en un comunicado. Otra modalidad supuestamente utilizada en este entramado de contrabando era falsificar facturas para bajar los precios y reducir los impuestos a pagar.
Los celulares que ingresaban a Colombia, finalmente, eran vendidos en el comercio informal. Pero ahí no paran las irregularidades. Según la Fiscalía, “los análisis financieros, patrimoniales y contables realizados indican que los hoy procesados habrían incrementado su patrimonio injustificadamente, realizaron movimientos financieros irregulares e incurrieron en anomalías en las declaraciones de renta que presentaron ante la Dian”.
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Las pesquisas indican que estas personas habrían aumentado su patrimonio en al menos $147.000 millones, razón por la cual serán investigados formalmente por enriquecimiento ilícito. Además, el ente investigador les imputó los delitos de lavado de activos —hay indicios de que lavaron $10.000 millones— y contrabando.
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