25 Nov 2020 - 9:17 p. m.

El derecho al trabajo de las personas con invalidez y discapacidad

El caso de una empleada bancaria despedida de su puesto por tener una pérdida de capacidad laboral del 50.52%, y a quien la justicia protegió al ordenar a su empleador reintegrarla al cargo por considerar que sí estaba en condiciones de trabajar.
Admitir que las personas en quienes concurre una invalidez y una discapacidad no pueden reincorporarse a la fuerza laboral,  vulnera su derecho al trabajo
Admitir que las personas en quienes concurre una invalidez y una discapacidad no pueden reincorporarse a la fuerza laboral, vulnera su derecho al trabajo

La Corte Suprema de Justicia descartó la tesis de un empleador que argumentó que las personas en condición de discapacidad y declaradas inválidas “no se encuentran en condiciones de trabajar”. Para la Sala Laboral de ese Tribunal, la mayor parte de las personas declaradas inválidas tienen discapacidades, de manera que sostener que están excluidas del mundo laboral equivale a negarles el derecho a la inclusión sociolaboral, por lo que es factible el reintegro al trabajo de una persona con discapacidad declarada y a su vez inválida.

Con esas consideraciones la Corte le ordenó al banco BBVA reintegrar a sus labores a una mujer de 52 años que ejercía el cargo de atención por ventanilla y que había sido despedida por padecer apnea del sueño, asma, trastorno de ansiedad orgánico, hipertensión y síndrome del túnel carpiano, todo lo cual le generó una pérdida de capacidad laboral del 50.52% y, según el banco demandado, un “estado de invalidez permanente que le impide desarrollar una actividad laboral remunerada, debido a la considerable disminución de sus capacidades físicas e intelectuales”.

Para la entidad bancaria no es posible el reintegro “de una persona que tiene una merma permanente e importante de su capacidad laboral y que médicamente no se encuentra en condiciones de trabajar”. Sin embargo, la vulnerabilidad de la demandante y las normas inaplicadas por el empleador jugaron a favor de la empleada, quien salió avante en primera y segunda instancias, así como en sede de Casación en la Corte Suprema.

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué argumentó que el despido de las personas con discapacidad o en estado de debilidad manifiesta por salud, solo es válido cuando se verifica una justa causa. Además, a partir de las declaraciones de terceros, encontró demostrado que las labores desarrolladas por la demandante nunca desaparecieron de la sucursal bancaria; razones suficientes para ordenar su reintegro.

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Al estudiar el caso, la Corte Suprema estuvo de acuerdo con el juez y el tribunal, pero fue más allá al analizar los conceptos de invalidez y discapacidad. “Si bien la invalidez y la discapacidad son conceptos distintos, también lo es que en una misma persona pueden coincidir o superponerse ambas situaciones, de modo que no se trata de abordajes excluyentes”.

Anotó que “la invalidez es una noción circunscrita al sistema colombiano de seguridad social integral. De acuerdo con los artículos 38 de la Ley 100 de 1993 y 9.º de la Ley 776 de 2002, una persona se considera inválida cuando, por causa no provocada intencionalmente, ha perdido el 50% o más de su capacidad laboral. Si el origen de la pérdida de la capacidad laboral es común y cumple la densidad mínima de semanas requeridas por la ley, tiene derecho a una pensión de invalidez a cargo del sistema general de pensiones; si el origen es laboral, tiene derecho a la misma prestación a cargo del sistema de riesgos laborales”.

En el fallo, con ponencia de la magistrada Clara Cecilia Dueñas, la Corte explicó que la invalidez la determinan los organismos descritos en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, a partir del referente científico establecido en el Manual Único de Calificación de Invalidez expedido por el gobierno nacional, y comentó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Ley 1346 de 2009, ratificada el 10 de mayo de 2011 y vigente en Colombia a partir del 10 de junio de 2011, concibe la discapacidad como el resultado negativo de la correlación entre las circunstancias específicas de un sujeto y las barreras impuestas por la sociedad.

Ahondando en el asunto, citó el artículo 1.º de esa Convención que señala que las personas con discapacidad “incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

Así, para la Corte, la discapacidad resulta de la interrelación que existe entre una deficiencia física, mental, intelectual y sensorial de un sujeto, y los obstáculos del entorno, incluyendo los prejuicios sociales, que dificultan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás.

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Pero, así como es usual que invalidez y discapacidad converjan en una persona, puede que no. Por ejemplo, un exmiembro de la fuerza pública o piloto de una aerolínea, debido a alguna deficiencia en su salud, puede haber sido declarado inválido para desarrollar esa actividad y por lo mismo puede estar percibiendo una pensión de invalidez, pero es factible que esa limitación no afecte en lo absoluto el desarrollo de otras labores productivas. Igual ocurre con profesionales, técnicos o artistas que debido a una pérdida o afectación de una estructura anatómica o una función psicológica o fisiológica son declarados inválidos, pero sus limitaciones no les impidan integrarse de nuevo al mundo laboral para explotar sus capacidades y poner en práctica otras destrezas, habilidades y conocimientos al servicio de la comunidad y la economía.

La Convención sobre las Personas con Discapacidad, en el artículo 27, reconoce el derecho al trabajo de las personas en tal condición, e incluye a aquellas “que adquieran una discapacidad durante el empleo”.

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En conclusión, admitir que las personas en quienes concurre una invalidez y una discapacidad no pueden reincorporarse a la fuerza laboral no solo vulnera su derecho al trabajo; también niega su autonomía individual garantizada en la Convención y pone el énfasis en lo que no pueden hacer en vez de acentuar aquello que sí son capaces de ejecutar.

Así, desde un punto de vista jurídico, en aplicación del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la Corte determinó que es factible el reintegro de una persona con discapacidad, declarada a su vez inválida, pues lo contrario implicaría negarle el derecho a obtener un trabajo productivo y remunerado, a la igualdad de oportunidades y al reconocimiento de su dignidad.

La Sala Laboral trajo a colación un proceso anterior en el que precisó que no era aceptable negar el reintegro de una persona con discapacidad, “por la razón única y exclusiva de que, según la calificación de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, el accionante tenga un 53.64% de pérdida de capacidad laboral”, pues “a mayor situación de discapacidad mayor debe ser la protección que se debe prodigar en todos los campos, entre ellos el laboral” (CSJ SL5168-2017).

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El fallo admitió que otra cosa, y esto es bien distinto, es que por razón de la discapacidad sea evidente que la persona no puede desempeñar ninguna actividad remunerada en la empresa, aún si se hicieran los ajustes razonables, readaptaciones y reubicaciones del caso.

En el caso de la empleada bancaria la Corte subrayó que “no hay prueba que acredite que las enfermedades que padece la demandante, esto es apnea del sueño, asma, hipertensión arterial y síndrome del túnel carpiano le impidan a la trabajadora reintegrarse a las actividades productivas que antes desempeñaba en la empresa -atención por ventanilla- o a otras compatibles con su discapacidad. De hecho, las mencionadas enfermedades son comunes en la población. Además, lo cierto es que la empresa conocía la enfermedad de la demandante y aun así no agotó las etapas de rehabilitación integral, readaptación, reinserción y reubicación laboral de su trabajadora; simplemente procedió a despedirla sin intentar su inclusión laboral ni obtener la autorización de la oficina de trabajo. Por ello, no puede afirmarse a ciencia cierta y con objetividad que no pueda ocupar un empleo en la entidad financiera”.(ravila@elespectador.com)

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