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Cali fue uno de los epicentros claves de la movilización social que surgió desde el 28 de abril, cuando se convocó a la primera jornada de movilizaciones del paro nacional, que terminó replicándose varios días durante casi dos meses. La capital del Valle del Cauca vivió noches de mucha violencia, bloqueos de vías constantes en casi treinta puntos de la ciudad y millonarias pérdidas económicas.
Para gestionar la crítica situación, la Alcaldía de Cali priorizó el diálogo con los jóvenes que hacían parte de los puntos de bloqueo y reconoció como movimiento autónomo a la Unión de Resistencias de Cali (URC) —grupo que aglutina a 26 puntos de bloqueo de la ciudad—.
Desde la sociedad civil también han surgido nuevas iniciativas de diálogo para buscar un consenso que permita que la ciudad aproveche las lecciones que ha dejado este momento histórico. Una de estas iniciativas es el Acuerdo por Cali, anunciado el pasado 19 de julio, al que se suscribieron académicos, empresarios, periodistas y líderes de opinión del Valle. Su premisa, retomando al célebre filósofo colombiano Estanislao Zuleta, es que “una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos. De reconocerlos y contenerlos. De vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos”. En ese camino, la propuesta es la vía del diálogo.
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El Espectador habló con el profesor Adolfo Adrián Álvarez, director del Instituto de Investigación e Intervención para la Paz de la Universidad del Valle, que asesora y lidera la iniciativa.
¿Cómo entender el estallido social que se dio en Cali?
Primero, es necesario vincularlo a la ola política y de movilizaciones que se dieron en noviembre del 2019. Pero también, en la ciudad se acumularon muchas cosas y se dieron las condiciones para una tormenta perfecta. Desde hace muchos años venimos señalando la existencia de una problemática de exclusión que abarca muchas dimensiones, como lo económico, lo social, lo cultural, lo educativo y en parte lo político. Esa exclusión, que es una problemática de más de veinte años, se expresa en algunos territorios y también hacia los jóvenes y los migrantes.
¿Y una de esas condiciones fue la pandemia?
Claro, porque en Cali esta tuvo un efecto mucho más fuerte en el sentido económico. Esto tiene que ver con la naturaleza de la economía, porque cerca del 50 % de esta es informal. El efecto fue un crecimiento mucho mayor de la pobreza y de la pobreza extrema. Muchos grupos que habían logrado mejorar sus condiciones de vida fueron golpeados fuertemente.
Los jóvenes fueron protagonistas de las manifestaciones en el país. ¿Cuáles son las necesidades de esta población en Cali?
Está el problema en la educación. Muchos jóvenes son excluidos de este ámbito y es necesario que las instituciones públicas se adecúen a lo que podríamos llamar las nuevas expectativas de los jóvenes. Por último, de las cuatro grandes ciudades del país, Cali tiene las peores cifras en términos de calidad de las instituciones públicas.
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¿Cómo ha visto la iniciativa de diálogo con jóvenes liderada por la administración local?
La respuesta del lado gubernamental era importante y necesaria, al punto que se ha sostenido y ha ayudado a canalizar la protesta y la demanda a escala local. Precisamente, hay pendiente un diálogo de la URC con el Gobierno Nacional.
¿Qué fallas cree que se han presentado?
Más que fallas hay temas que tienen que ver con la gobernabilidad. Por ejemplo, lograr alinear completamente la gestión pública con el reto del momento; eso implica, por ejemplo, adecuar el plan de desarrollo, aunque ya hay un esfuerzo en ese sentido. También poner al sector público, no solamente a apagar un incendio, sino a enderezar y dar una señal adecuada de atención y de que hay cambios en las prioridades y en el estilo de la gestión para atender los problemas.
¿Cómo se articula en este escenario el Acuerdo por Cali?
El Acuerdo por Cali realmente retoma una dinámica que se dio en este momento, porque muchos sectores comenzaron a hablar de diálogo. Hay que reconocer la iniciativa de los empresarios, de las universidades que se sintonizaron con el momento y de muchos otros sectores. En el Valle del Cauca ha habido una tradición de la sociedad civil fuerte, más presente, aunque por momentos ha faltado continuidad. El gran drama ahora es la desconexión entre empresa, sociedad civil y sociedad política.
¿Cuál es el objetivo?
Este acuerdo obedece a esa tradición de un liderazgo social y ciudadano que ha visto que es necesario recuperar la iniciativa y tratar un proyecto de visión de ciudad compartida que apunte a políticas de mayor inclusión, programas, acciones y compromisos de distintos sectores. Se requiere que el sector público se sintonice con esta perspectiva, pero que desde la sociedad civil se actúe como una fuerza no solo de presión, sino de acción y transformación. El Acuerdo por Cali es una incitación, no va a reemplazar a nadie. Se trata de incentivar lo que se ha dado y fortalecer y desatar otras iniciativas. Es un trabajo en red, que muchos nos movamos pero siempre con una visión común.
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Menciona al sector público, ¿ha habido acercamientos con la administración local?
Hemos conversado con el gobierno local, le planteamos la iniciativa, pero solo hubo un diálogo informal. Acá también se requiere el liderazgo y la acción gubernamental del departamento y de la nación.
¿Ya tienen iniciativas pensadas?
Están los diálogos improbables. La idea es sentar a sectores que piensan de distinta manera y que de ahí se pueda propiciar un diálogo. Luego ir encontrando puntos de acuerdo y de desacuerdo e ir generando una transformación de la visión que tiene cada uno.