Imputan cargos a gerente de basurero de Barrancabermeja por fraude procesal y contaminación

“Por fin se empieza a hacer justicia ambiental en Barrancabermeja”. Con esas palabras Leonardo Granados, abogado de la Corporación Yariguíes, organización que lidera las denuncias de contaminación en la ciudad petrolera, anunció este miércoles lo que hace meses se veía venir: la Fiscalía General de la Nación imputó cargos en contra de Liliana Forero, gerente del basurero Yerbabuena, propiedad de la empresa de recolección Rediba S.A.  

La representante legal del relleno sanitario, señalado de contaminar la Ciénaga de San Silvestre –reserva hídrica que surte al acueducto municipal encargado de abastecer a cerca de 300.000 habitantes– tendrá que responder por los delitos de fraude procesal, daño a recursos naturales agravado, daño a recursos naturales en homogéneo con contaminación ambiental, ocultamiento y destrucción de material probatorio e invasión a propiedad privada y Distrito de Manejo Integrado (DRMI). (Lea el contexto aquí: Los males que amenazan de muerte a la Ciénaga de San Silvestre y Segundo llamado por la Ciénaga de San Silvestre)

“Como los delitos imputados a Forero superan los 4 años de cárcel, se solicitó medida de aseguramiento. Sin embargo, esta no se dictará sino hasta este lunes 25 de septiembre para garantizarle a la imputada el derecho de contradicción”, explicó el abogado Granados. 

La decisión la tomó el juez segundo penal de control de garantías Pedro Páez, aproximadamente tres meses después de que la investigación fuera priorizada por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en el marco del programa contra la corrupción 'Bolsillos de Cristal'. (Le puede interesar: Sancionan con multa de $2.400 millones a basurero Yerbabuena en Barrancabermeja)

En la audiencia contra la gerente de la empresa del megacontratista Reinaldo Bohórquez también se demostró, de acuerdo con los demandantes, que la actuación del basurero fue dolosa (deliberada). Un ejemplo de esto fue la intención que tuvo el relleno a mediados de marzo, cuando quiso borrar evidencias luego de que ambientalistas denunciaran que, al parecer, estaban comprando predios aledaños para expandir su zona de operación sin autorización. En ese momento se advirtió que Rediba estaría extralimitándose de las coordenadas que tenía permitidas en la licencia ambiental, otorgada en 2015 por la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) bajo dudosas circunstancias.

Liliana Forero no fue la única salpicada en este lío ambiental. Para hoy también estaba programada una audiencia de imputación de cargos en contra de la exdirectora de la CAS, Flor María Rangel Guerrero, capturada en noviembre pasado en el muncipio de San Gil por falsedad en documento público y peculado por apropiación. La exdirectora no asistió a la audiencia por supuesto desconocimiento, como informó su apoderado. Sin embargo, la Fiscalía aseguró que la mujer sí fue notificada a través del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Bajo la dirección de Rangel Guerrero la CAS le otorgó licencia ambiental al relleno Yerbabuena, en ese entonces con la premisa de que lo que se iba a construir era un camino veredal de uso de suelo agropecuario, según revelan documentos a los que tuvo acceso este diario. Meses después terminó siendo un basurero. (Vea: "Licencias ambientales de rellenos sanitarios fueron ilegales": alcalde de Barrancabermeja)

La Corporación también otorgó dicha licencia sobre la cuenca hídrica del humedal San Silvestre, zona especial de protección ambiental. Este permiso, según registro, no estaba estipulado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente ni tampoco avalado por el decreto 838 de 2005, que regula la disposición final de residuos sólidos en el país. 

De acuerdo con la Fiscalía, sumado a los delitos que ya se notificaron, la conducta de Flor María Rangel se agravaría por aparente "peculado por apropiación, prevaricato por acción y prevaricato por omisión", aunque estos solo serán confirmados cuando se realice la audiencia formal.

Para el ambientalista Yesid Blanco Calvete, representante de la Corporación Yariguíes, esta “es la primera vez que vemos que la justicia empieza a obrar. La Fiscalía hoy por fin demostró todos los argumentos que hemos venido señalando en estos dos años de proceso. Son delitos graves que nos dan la razón, pero ahora necesitamos que hagan que esta empresa repare los daños causados a la población de Barrancabermeja, cuya salud está en riesgo por todo el daño ambiental que han causado”.

El basurero Yerbabuena está ubicado en la vereda Patio Bonito, sobre la carretera que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja. Sus habitantes han sido los más afectados. Desde que inició su funcionamiento, a comienzos de 2016, estos han denunciado vertimiento ilegal de lixiviados, presencia de mercurio en los humedales, malos olores y muerte de peces, manatíes y tortugas, razón por la cual desde hace un año alrededor de 100 familias reciben agua en carrotanques.

La diligencia de la Fiscalía de este miércoles parece poner en entredicho el fallo de la Corte Constitucional de hace dos meses, en el que el magistrado ponente Luis Guillermo Guerrero declaró improcedentes dos tutelas interpuestas por dicha comunidad, las cuales pretendían cerrar el basurero alegando el derecho humano al agua y a un medioambiente digno. 

“Por fin se empieza a hacer justicia ambiental en Barrancabermeja”. Con esas palabras Leonardo Granados, abogado de la Corporación Yariguíes, organización que lidera las denuncias de contaminación en la ciudad petrolera, anunció este miércoles lo que hace meses se veía venir: la Fiscalía General de la Nación imputó cargos en contra de Liliana Forero, gerente del basurero Yerbabuena, propiedad de la empresa de recolección Rediba S.A.  

La representante legal del relleno sanitario, señalado de contaminar la Ciénaga de San Silvestre –reserva hídrica que surte al acueducto municipal encargado de abastecer a cerca de 300.000 habitantes– tendrá que responder por los delitos de fraude procesal, daño a recursos naturales agravado, daño a recursos naturales en homogéneo con contaminación ambiental, ocultamiento y destrucción de material probatorio e invasión a propiedad privada y Distrito de Manejo Integrado (DRMI). (Lea el contexto aquí: Los males que amenazan de muerte a la Ciénaga de San Silvestre y Segundo llamado por la Ciénaga de San Silvestre)

“Como los delitos imputados a Forero superan los 4 años de cárcel, se solicitó medida de aseguramiento. Sin embargo, esta no se dictará sino hasta este lunes 25 de septiembre para garantizarle a la imputada el derecho de contradicción”, explicó el abogado Granados. 

La decisión la tomó el juez segundo penal de control de garantías Pedro Páez, aproximadamente tres meses después de que la investigación fuera priorizada por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en el marco del programa contra la corrupción 'Bolsillos de Cristal'. (Le puede interesar: Sancionan con multa de $2.400 millones a basurero Yerbabuena en Barrancabermeja)

En la audiencia contra la gerente de la empresa del megacontratista Reinaldo Bohórquez también se demostró, de acuerdo con los demandantes, que la actuación del basurero fue dolosa (deliberada). Un ejemplo de esto fue la intención que tuvo el relleno a mediados de marzo, cuando quiso borrar evidencias luego de que ambientalistas denunciaran que, al parecer, estaban comprando predios aledaños para expandir su zona de operación sin autorización. En ese momento se advirtió que Rediba estaría extralimitándose de las coordenadas que tenía permitidas en la licencia ambiental, otorgada en 2015 por la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) bajo dudosas circunstancias.

Liliana Forero no fue la única salpicada en este lío ambiental. Para hoy también estaba programada una audiencia de imputación de cargos en contra de la exdirectora de la CAS, Flor María Rangel Guerrero, capturada en noviembre pasado en el muncipio de San Gil por falsedad en documento público y peculado por apropiación. La exdirectora no asistió a la audiencia por supuesto desconocimiento, como informó su apoderado. Sin embargo, la Fiscalía aseguró que la mujer sí fue notificada a través del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Bajo la dirección de Rangel Guerrero la CAS le otorgó licencia ambiental al relleno Yerbabuena, en ese entonces con la premisa de que lo que se iba a construir era un camino veredal de uso de suelo agropecuario, según revelan documentos a los que tuvo acceso este diario. Meses después terminó siendo un basurero. (Vea: "Licencias ambientales de rellenos sanitarios fueron ilegales": alcalde de Barrancabermeja)

La Corporación también otorgó dicha licencia sobre la cuenca hídrica del humedal San Silvestre, zona especial de protección ambiental. Este permiso, según registro, no estaba estipulado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente ni tampoco avalado por el decreto 838 de 2005, que regula la disposición final de residuos sólidos en el país. 

De acuerdo con la Fiscalía, sumado a los delitos que ya se notificaron, la conducta de Flor María Rangel se agravaría por aparente "peculado por apropiación, prevaricato por acción y prevaricato por omisión", aunque estos solo serán confirmados cuando se realice la audiencia formal.

Para el ambientalista Yesid Blanco Calvete, representante de la Corporación Yariguíes, esta “es la primera vez que vemos que la justicia empieza a obrar. La Fiscalía hoy por fin demostró todos los argumentos que hemos venido señalando en estos dos años de proceso. Son delitos graves que nos dan la razón, pero ahora necesitamos que hagan que esta empresa repare los daños causados a la población de Barrancabermeja, cuya salud está en riesgo por todo el daño ambiental que han causado”.

El basurero Yerbabuena está ubicado en la vereda Patio Bonito, sobre la carretera que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja. Sus habitantes han sido los más afectados. Desde que inició su funcionamiento, a comienzos de 2016, estos han denunciado vertimiento ilegal de lixiviados, presencia de mercurio en los humedales, malos olores y muerte de peces, manatíes y tortugas, razón por la cual desde hace un año alrededor de 100 familias reciben agua en carrotanques.

La diligencia de la Fiscalía de este miércoles parece poner en entredicho el fallo de la Corte Constitucional de hace dos meses, en el que el magistrado ponente Luis Guillermo Guerrero declaró improcedentes dos tutelas interpuestas por dicha comunidad, las cuales pretendían cerrar el basurero alegando el derecho humano al agua y a un medioambiente digno.