La ONU pide intervención integral urgente del Gobierno Nacional en Buenaventura
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos aseguró que urge articulación entre autoridades y acelerar la implementación de los Acuerdos del Paro Cívico y el Acuerdo de Paz, para atender la situación de violencia que atraviesa el municipio.
Los primeros meses de este año se convirtieron en una lucha de supervivencia para los habitantes de Buenaventura. Eso, como resultado del conflicto armado ilegal entre Los Shottas y Los Espartanos, dos subestructuras de la banda criminal La Local. Desde entonces, el llamado de organizaciones, líderes sociales, políticos y religiosos es a que se haga una intervención humanitaria y social urgente en el municipio, pues los homicidios, el confinamiento y los desplazamientos se están agudizando.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, por ejemplo, en un reciente informe da cuenta de que en 2021 ha habido 41 homicidio; la desaparición forzada de otras 13; y el desplazamiento de más de 8.000 bonaverenses; además de información sobre varias amenazas a líderes y lideresas defensores de derechos humanos.
La Representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, tras su visita de esta semana a Buenaventura, pidió una acción concertada entre el Gobierno Nacional, departamental y local, con autoridades estatales, para “desmantelar las redes criminales de manera permanente, a través de la acción de la justicia, la inversión social, el desarrollo con enfoque de derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho, con el respaldo internacional y del sector privado”.
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La Oficina de la ONU aseguró que urge articulación entre autoridades y acelerar la implementación de los Acuerdos del Paro Cívico y el Acuerdo de Paz, para atender la situación de violencia que atraviesa el municipio, pues en Buenaventura están siendo afectados los derechos a una vida digna, a la integridad, a la libertad y a la seguridad personales, a la participación y, en general, a la posibilidad de desarrollar libremente un proyecto de vida sin violencias.
“Hay una necesidad imperiosa de apoyar los esfuerzos de la Alcaldía de Buenaventura. La articulación y coordinación interinstitucional entre las autoridades distritales y las autoridades departamentales y nacionales es prioritaria para fortalecer y acelerar la implementación de los Acuerdos del Paro Cívico y del Acuerdo de Paz, incluido el PDET y el enfoque sobre los derechos de las víctimas”, explican en el informe.
El paro cívico de 2017 se realizó entre el 26 de mayo y el 6 de junio, cuando los bonaverenses salieron a las calles y paralizaron la ciudad durante 22 días. De allí resultaron los Acuerdos del Paro Cívico, que están enmarcados en la ley 1872 del 18 de diciembre de 2017, mediante la cual se priorizaron una serie de obras y se creó el Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura. Las buenas intenciones, sin embargo, quedaron solo en el papel.
En los diálogos que sostuvo el Gobierno Nacional -entonces en cabeza del presidente Juan Manuel Santos- con el Comité del Paro se establecieron unos acuerdos que se desarrollarían en dos momentos: primero, la priorización de 248 proyectos urgentes, y segundo, la creación y financiación de un Plan Especial de Desarrollo Integral a 10 años. Para ello se crearon mesas de trabajo en las que cada ministerio tenía responsabilidades y tareas específicas.
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Un escenario de riesgo para las niñas y mujeres
De igual forma, los derechos a la seguridad alimentaria y a la salud de la población son profundamente vulnerados, así lo asegura la Oficina de la ONU, quienes argumentan que la violencia afecta de manera desproporcionada a las niñas y a las mujeres, “en particular a las jefas de hogar, que reciben ingresos precarios y son víctimas de extorsión, abuso y otras formas de violencia de género. La situación actual en Buenaventura impacta también la vida de las niñas y los niños, y los expone a un alto nivel de riesgo de ser reclutados forzosamente”.
El 12 de febrero de 2021 se adelantó una Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, Ciprat, en la cual se expusieron por parte del Estado apoyos en personal y capacidades para la región.
La Oficina reconoce un impacto positivo de los esfuerzos impulsados por el Estado, en particular de la Fuerza Pública y de la Fiscalía. Sin embargo, explican que en el municipio se hace necesario desmantelar las estructuras de una red profunda de corrupción y reforzar el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de la población.
Las recomendaciones de la ONU
Para la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos es fundamental que se adopten medidas inmediatas orientadas a cesar y prevenir las desapariciones forzadas de personas, y que se adelanten todas las acciones necesarias, incluida la agilidad y oportunidad de los mecanismos de búsqueda de quienes se encuentran desaparecidos.
“El camino que recorren las familias, y en particular las madres, de las personas desaparecidas forzosamente es uno de los más violentos y solitarios que he observado en mi vida”, explica la Representante Juliette de Rivero.
Solicitan que la Unidad Nacional de Protección (UNP) refuerce los mecanismos de protección –individuales y colectivos- y los adapte a las necesidades y particularidades del contexto regional. “Como Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ofrecemos nuestra asesoría para lograr este objetivo”, agregó de Rivero.
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La Oficina hizo un llamado al Gobierno para que se generen y fortalezcan espacios de diálogo y atención que permitan atender las demandas legítimas de la población, de los pueblos étnicos, de las víctimas y de los líderes y lideresas defensores de derechos humanos de Buenaventura, “de manera que su valentía, experiencia y conocimientos sean considerados como parte de la solución”.
“La fuerza de Buenaventura es la capacidad de su gente y en mi visita pude observar que estos cambios que proponemos no solo son posibles, sino también realizables”, concluyó la Representante De Rivero.
Los primeros meses de este año se convirtieron en una lucha de supervivencia para los habitantes de Buenaventura. Eso, como resultado del conflicto armado ilegal entre Los Shottas y Los Espartanos, dos subestructuras de la banda criminal La Local. Desde entonces, el llamado de organizaciones, líderes sociales, políticos y religiosos es a que se haga una intervención humanitaria y social urgente en el municipio, pues los homicidios, el confinamiento y los desplazamientos se están agudizando.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, por ejemplo, en un reciente informe da cuenta de que en 2021 ha habido 41 homicidio; la desaparición forzada de otras 13; y el desplazamiento de más de 8.000 bonaverenses; además de información sobre varias amenazas a líderes y lideresas defensores de derechos humanos.
La Representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, tras su visita de esta semana a Buenaventura, pidió una acción concertada entre el Gobierno Nacional, departamental y local, con autoridades estatales, para “desmantelar las redes criminales de manera permanente, a través de la acción de la justicia, la inversión social, el desarrollo con enfoque de derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho, con el respaldo internacional y del sector privado”.
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La Oficina de la ONU aseguró que urge articulación entre autoridades y acelerar la implementación de los Acuerdos del Paro Cívico y el Acuerdo de Paz, para atender la situación de violencia que atraviesa el municipio, pues en Buenaventura están siendo afectados los derechos a una vida digna, a la integridad, a la libertad y a la seguridad personales, a la participación y, en general, a la posibilidad de desarrollar libremente un proyecto de vida sin violencias.
“Hay una necesidad imperiosa de apoyar los esfuerzos de la Alcaldía de Buenaventura. La articulación y coordinación interinstitucional entre las autoridades distritales y las autoridades departamentales y nacionales es prioritaria para fortalecer y acelerar la implementación de los Acuerdos del Paro Cívico y del Acuerdo de Paz, incluido el PDET y el enfoque sobre los derechos de las víctimas”, explican en el informe.
El paro cívico de 2017 se realizó entre el 26 de mayo y el 6 de junio, cuando los bonaverenses salieron a las calles y paralizaron la ciudad durante 22 días. De allí resultaron los Acuerdos del Paro Cívico, que están enmarcados en la ley 1872 del 18 de diciembre de 2017, mediante la cual se priorizaron una serie de obras y se creó el Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura. Las buenas intenciones, sin embargo, quedaron solo en el papel.
En los diálogos que sostuvo el Gobierno Nacional -entonces en cabeza del presidente Juan Manuel Santos- con el Comité del Paro se establecieron unos acuerdos que se desarrollarían en dos momentos: primero, la priorización de 248 proyectos urgentes, y segundo, la creación y financiación de un Plan Especial de Desarrollo Integral a 10 años. Para ello se crearon mesas de trabajo en las que cada ministerio tenía responsabilidades y tareas específicas.
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Un escenario de riesgo para las niñas y mujeres
De igual forma, los derechos a la seguridad alimentaria y a la salud de la población son profundamente vulnerados, así lo asegura la Oficina de la ONU, quienes argumentan que la violencia afecta de manera desproporcionada a las niñas y a las mujeres, “en particular a las jefas de hogar, que reciben ingresos precarios y son víctimas de extorsión, abuso y otras formas de violencia de género. La situación actual en Buenaventura impacta también la vida de las niñas y los niños, y los expone a un alto nivel de riesgo de ser reclutados forzosamente”.
El 12 de febrero de 2021 se adelantó una Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, Ciprat, en la cual se expusieron por parte del Estado apoyos en personal y capacidades para la región.
La Oficina reconoce un impacto positivo de los esfuerzos impulsados por el Estado, en particular de la Fuerza Pública y de la Fiscalía. Sin embargo, explican que en el municipio se hace necesario desmantelar las estructuras de una red profunda de corrupción y reforzar el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de la población.
Las recomendaciones de la ONU
Para la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos es fundamental que se adopten medidas inmediatas orientadas a cesar y prevenir las desapariciones forzadas de personas, y que se adelanten todas las acciones necesarias, incluida la agilidad y oportunidad de los mecanismos de búsqueda de quienes se encuentran desaparecidos.
“El camino que recorren las familias, y en particular las madres, de las personas desaparecidas forzosamente es uno de los más violentos y solitarios que he observado en mi vida”, explica la Representante Juliette de Rivero.
Solicitan que la Unidad Nacional de Protección (UNP) refuerce los mecanismos de protección –individuales y colectivos- y los adapte a las necesidades y particularidades del contexto regional. “Como Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ofrecemos nuestra asesoría para lograr este objetivo”, agregó de Rivero.
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La Oficina hizo un llamado al Gobierno para que se generen y fortalezcan espacios de diálogo y atención que permitan atender las demandas legítimas de la población, de los pueblos étnicos, de las víctimas y de los líderes y lideresas defensores de derechos humanos de Buenaventura, “de manera que su valentía, experiencia y conocimientos sean considerados como parte de la solución”.
“La fuerza de Buenaventura es la capacidad de su gente y en mi visita pude observar que estos cambios que proponemos no solo son posibles, sino también realizables”, concluyó la Representante De Rivero.