Por más de cuatro horas se prolongó este lunes el encuentro entre representantes de la minga indígena y el Gobierno Nacional, que se dieron cita en Cali para discutir las peticiones que las comunidades indígenas vienen haciendo desde hace varias semanas con una exigencia que parece inamovible: una audiencia con el presidente Iván Duque. La reunión concluyó sin acuerdos la vista, aunque se mantuvo la voluntad para continuar el diálogo.
Los reclamos que empujan esta movilización son de vieja data, pero están reforzados por la urgencia de detener la ola de violencia que este año se ha desatado en los territorios ancestrales, sobre todo en departamentos como Cauca. Las cifras son una muestra clara del fenómeno: en lo corrido del año se han perpetrado nueve masacres en el Cauca, que han dejado un saldo de 36 víctimas mortales, según Indepaz. Además, 47 líderes indígenas han sido asesinados.
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Para Aída Quilcué, consejera de derechos humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la falta de acción para detener la espiral de violencia y los constantes ataques contra las comunidades son una muestra de que “el Gobierno colombiano no tiene la más mínima voluntad de garantizar la vida individual y colectiva de los pueblos indígenas”.
A los problemas de violencia se suman otras preocupaciones, como la intención del Gobierno de volver a la aspersión aérea, sobre todo teniendo en cuenta que municipios como El Tambo y la zona de El Naya concentran una buena parte de los cultivos ilícitos del departamento, que en 2019 registraba 17.355 hectáreas de coca, según datos del Observatorio de Drogas de Colombia (ODC).
Desde el Gobierno señalan, por su parte, que las puertas están abiertas para continuar las conversaciones. Eso sí, han sido enfáticos en señalar que se trata de una movilización política. “Es muy importante que Colombia sepa que esta minga no es reivindicativa, es una minga de carácter político, porque el Gobierno ha hecho grandes esfuerzos por cumplir lo pactado”, señaló la ministra del Interior, Alicia Arango, al lamentar que a la cita no hubieran acudido los consejeros del CRIC.
Desde la minga, sin embargo, señalaron que la no asistencia por parte de los consejeros del CRIC se debió “a una decisión de la asamblea que determinó que los consejeros estuvieran con la comunidad”. Aseguran que no se trató de un desplante, sino que solo fue un tema de seguir las órdenes de la asamblea comunitaria.
El Espectador habló con Nelson Lemus, uno de los voceros de la minga convocada por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) para explicar los reclamos al Gobierno Nacional.
¿Cuáles son los requerimientos de la minga indígena?
Tiene tres puntos fundamentales. El primero es que nosotros rechazamos la guerra, la violencia. Por lo tanto, ese primer punto es en defensa de la vida, que los colombianos defendamos la vida y no nos quedemos tranquilos con la muerte. El país se ha devuelto 25, 30 años atrás a la época de las masacres y eso es grave que le ocurra a un país después de la firma de un Acuerdo de Paz. Lo segundo es que nosotros creemos que es importante hacer un debate con el presidente que nos quedó pendiente. Él llegó a Caldono (9 de abril de 2019), pero no se logró dar el debate porque queríamos uno público, no un debate con una comisión pequeña. No se pudo dar. Nosotros estamos invitando, primero a la sociedad colombiana y segundo al presidente a que hagamos un debate sobre temas estructurales del país: el tema del fracking, de consulta previa, y que podamos expresar el sentir y la construcción de nuestros derechos: territorio, vida, paz, trabajo y todos los que tenemos constitucionalmente como colombianos. Y el tercer punto es la paz. Creemos que es necesario seguirle apostando a la paz y queremos darle el mensaje al presidente Duque de que la guerra no es el camino. Que la paz es más costosa, pero satisface con dignidad al pueblo.
¿Cómo va el tema de la sustitución de cultivos?
Nosotros rechazamos la fumigación, eso no significa entonces que estamos de acuerdo con el uso de cultivos ilícitos, ni de coca, ni de amapola, ni de marihuana. Consideramos que a este fenómeno hay que buscarle una alternativa. Estamos de acuerdo con la sustitución, eso significa que se cambie el cultivo de coca, marihuana y amapola por cultivos lícitos, financiados con recursos del estado. Ese es el planteamiento y es lo que debe hacer el Gobierno.
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¿Por qué piden una reforma en la Fuerza Pública?
Creemos que la Fuerza Pública, en el caso por ejemplo de la Policía, debe hacer lo que le compete hacer por la Constitución. ¿Por qué a la Policía le dieron armas de largo alcance? La Policía era de bolillo y de ayudar en los trabajos comunitarios. ¿Y por qué la armaron? Porque en algún momento se justificó que había una guerra y una guerrilla que quería tomar el poder, pero, ¿ahora quién va a ganar el poder? Ya esa guerrilla, que estaba más fuerte en el país, entregó las armas. Entonces, ¿para qué arman más a la gente? La propuesta de nosotros es menos armas, más inversión social, para que la gente tenga más posibilidades de producción, de trabajo, de salud, que esta y la educación no sean una mercancía. Son derechos fundamentales que le asisten a la gente, por lo tanto el Gobierno debe cumplir con eso.
¿Las comunidades indígenas han recibido ayudas por parte del Gobierno durante la pandemia?
Atún y lentejas. Nada más. Tenemos una IPS que no ha recibido un peso para atender el plan de contingencia en el marco del COVID-19, y eso es grave.