Con la pandemia por el COVID-19 son miles los colombianos que anhelan tener un empleo. En el afán por encontrar uno aparecen estafadores que se aprovechan de las necesidades de las personas. En Cali, por ejemplo, un estafador ofrece puestos de trabajo a nombre de la Alcaldía. El único requisito para postularse es realizar dos consignaciones bancarias: una primera por $10.000 y luego por $50.000.
Esta irregularidad fue conocida por la Administración Distrital, que negó tener procesos de contratación de ese tipo. De acuerdo a denuncias ciudadanas, la captación fraudulenta se viene haciendo desde hace dos semanas en varios barrios del Oriente de Cali, como Charco Azul y Marroquín. El hombre, que se identifica como Antonio Rosas, reúne a sus víctimas a través de plataformas virtuales con el fin de darle credibilidad al proceso de contratación.
Una mujer que fue víctima de la estafa en el barrio Charco Azul, le dijo a funcionarios de la Alcaldía, que el trabajo que ofrece el estafador consiste en repartir mercados a personas damnificadas y de bajos recursos. A ese testimonio se sumo el caso de otro ciudadano, quien aseguró que la plata que les piden, es supuestamente para comprar dotación, como camisetas, carné y una supuesta póliza.
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El secretario de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Rodrigo Salazar, advirtió que actualmente nadie está autorizado para invitar a los ciudadanos a que den alguna contribución para vincularse laboralmente con la Administración. “Eso nosotros no los aceptamos. No estamos vinculando a través de ningún mecanismo, que no sea el que establece la ley, que es un proceso de contratación mediante un proceso de selección objetiva”, agregó Salazar.
Es importante que la ciudadanía conozca que el proceso de contratación pública está regulado por la normatividad colombiana en la Ley 80 de 1993. “En el caso de los contratos por prestación de servicios, estos son contratos que se adelantan en relación a la experiencia, experticia y formación de las personas, es decir que corresponden a un proceso de selección objetiva en el que se vincula a los ciudadanos con las calidades que requiere la administración para que desempeñen sus funciones”, explicó Salazar.
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