11 May 2021 - 2:00 a. m.

Pelando la cebolla: las raíces detrás del estallido social en Cali

Los bloqueos y la violencia hoy tienen a la ciudad entre los problemas económicos y el estallido social. Líderes y expertos señalan la necesidad de que los sectores sociales salgan de sus trincheras para abrir puertas al diálogo, así como al reconocimiento de asuntos estructurales que hoy alimentan la protesta y las confrontaciones.

Marcela Osorio y Santiago La Rotta

Si algo ha dejado claro la forma en la que se ha transformado la movilización social en las últimas semanas, es que detrás de las grandes razones que llevaron a que miles de colombianos salieran a las calles a protestar –reforma tributaria, reforma a la salud, crisis económica– existen diversos fenómenos sociales y problemas estructurales que vienen de años atrás, se han enconado en medio de la pandemia y han ido confluyendo y marcando tanto la línea como el tono de las marchas, que ya cumplen 13 días.

Muestra de ello es el convulso panorama que desde hace más de una semana se vive en Cali, en donde las manifestaciones han derivado en gravísimos hechos de violencia, discriminación e intolerancia y los bloqueos y barricadas mantienen incomunicadas y con problemas de abastecimiento varias zonas de la ciudad.

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Tan tensa es la situación de orden público en la capital vallecaucana, que el presidente Iván Duque realizó este lunes en la madrugada una visita relámpago para adelantar un consejo de seguridad extraordinario con las autoridades locales y adoptar medidas inmediatas de cara a tratar de calmar los ánimos que se exacerbaron luego del episodio del domingo en el que civiles armados protagonizaron un tiroteo que dejó como resultado ocho indígenas heridos. Aunque el llamado del primer mandatario fue a que las comunidades indígenas que desde hace ocho días permanecen en minga en Cali retornaran a sus territorios, desde el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), organización que encabeza la movilización, aseguraron que mantendrán la protesta pacífica en la ciudad.

Y mientras las autoridades siguen en la tarea de esclarecer los hechos que rodearon este capítulo y continúan las investigaciones de otros casos de violencia, asesinatos, abuso de autoridad y desapariciones que se han registrado en Cali en el marco del paro nacional, los esfuerzos se concentran en lograr consensos para levantar los bloqueos que hay en por lo menos 16 puntos de la ciudad. Esta es una labor nada fácil, pues los grupos que mantienen las barricadas son distintos, como también lo son sus reclamos.

Katherine Duque, coordinadora de la línea de Investigación Movimientos Sociales, del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, señala que los puntos en los que se han establecido los bloqueos en la ciudad coinciden con zonas aledañas a los barrios más periféricos y pobres de la ciudad, que tienen altos índices de desempleo, y en donde las exigencias están ligadas a garantías básicas como acceso a la educación virtual, en el caso de varios de los jóvenes que conforman la denominada primera línea.

De hecho, el acuerdo al que llegó este lunes en la madrugada la Alcaldía de Cali con los manifestantes que bloqueaban un punto del Paso del Comercio, en el nororiente de la ciudad, tiene como base peticiones de programas de empleo, rutas culturales y deportivas, proyectos sociales para la comunidad, intervención de Migración Colombia sobre la zona del jarillón del río y un plan de ayuda para emprendedores de micro, pequeñas y medianas empresas.

La experta explica que, aunque no se puede desconocer que se trata de sectores en los que también hay una incidencia importante de economías informales e ilegales, existen exigencias barriales y locales: “No es un grupo el que manda, son los vecinos de las residencias, señores mayores que han salido a plantear sus posturas. Se han consolidado pliegos cotidianos, necesidades básicas, peticiones de vías, bibliotecas. Son muchos procesos y claro que hay una lógica de economía ilegal, porque son territorios en los que no ha habido oportunidades de ningún tipo y es la forma que tienen para sobrevivir”.

Una lectura similar hace monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, quien señala que la ciudad vive un fenómeno de parálisis, entendida ésta como un reflejo de la situación de Colombia porque las causas, en el fondo, son las mismas. “Son problemas de nivel nacional y no solamente de Cali y del Valle del Cauca. Lo que pasa acá es que hay una sumatoria de factores históricos. Organizaciones armadas al margen de la ley que están en los entornos, que tienen milicias urbanas, corredores estratégicos, economías basadas en lo ilegal, cultivos ilícitos, minería, mercado de armas, trata de personas. Cali aparece como un epicentro, está en el ojo del huracán de todas estas dificultades, que son de la región. Creo que todos estos son factores que se han conjugado. Tenemos una población, como llama el DANE, con pobreza monetaria, un alto porcentaje en pobreza extrema y Cali tiene altas situaciones de miseria y una gran población migrante”, explica Monsalve.

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El arzobispo insiste en que, además, se trata de sectores sociales que están en un constante abandono y cuyas diferencias se han enmarcado en un ambiente de polarización social y discriminación que se agrava cuando toma vuelo la idea de hacer uso de las armas como mecanismo de autodefensa. “Eso ha desatado fenómenos de limpieza social, paramilitarismo, sicariato, amparados con un libreto de desviar las investigaciones y nunca se sabe quién lo hizo. Una sociedad en la que se dejan prevalecer las armas fuera del Estado y además se fomentan esas ideas de autodefensa y se polariza en esos extremos, es una sociedad que va perdiendo los hilos de la construcción de una inclusión social que dé equilibrio a la convivencia y que facilite más la democracia. Eso se fue pervirtiendo y ahora tenemos una situación de emergencia con todos estos ingredientes sumados”.

Para Katherine Duque, la confluencia de todos estos factores es lo que hace que sea tan difícil llegar a acuerdos con los grupos, pues “se han juntado reivindicaciones rurales y urbanas, y no es tan sencillo consolidar cuáles son las apuesta más rurales y estructurales, que corresponden en una primera parte a atención de la administración local o departamental, o si son de resorte del Gobierno Nacional”.

De ahí la necesidad de abrir espacios de diálogo que tengan en cuenta los reclamos de las bases. En palabras de monseñor Monsalve, salir de las armas a la palabra, a la concertación. “Hay que empezar a pensar desde la emergencia, desde el instinto de cooperación, que es la única posibilidad de sobrevivir. Los sectores sociales tienen que salir de sus trincheras y eso quiere decir que nos tenemos que ayudar y crear condiciones mínimas y vitales para todos y construir unas reglas de juego que nos permitan desarrollar una social mucho más redistributiva del bienestar, más incluyente y sobre todo desarrollar nuevas posibilidades de trabajo, más que de empleo”.

En eso coincide Katherine Duque, quien señala que, ante la búsqueda afanosa de salidas y la necesidad de volver a la normalidad, las acciones de diálogo que se han implementado han sido poco efectivas y han llevado incluso a deslegitimar a la administración local y al Gobierno Nacional. “Hay un problema de falta de diálogo del Gobierno que es el que nos lleva al punto en el que estamos ahora. Esto es el resultado de un acumulado de varias movilizaciones que no han tenido buena respuesta al diálogo, y que vienen incluso desde 2019 cuando los indígenas bloquearon toda la panamericana. Es necesario abrir escenarios de diálogo barriales, regionales y nacionales y que la institucionalidad permita la articulación de muchas instituciones que están en otras zonas y pueden aportar a fortalecer esos escenarios para que existan pliegos de peticiones y se conozcan las necesidades. Estamos viendo las rutas para poder superar la crisis, no hay coordinación en la acción por el afán”, puntualiza.

Las afectaciones en la producción

Casi dos semanas después de iniciado el paro nacional, la capital del Valle se ha convertido en epicentro de las protestas, pero también de los problemas en la producción y las afectaciones económicas.

De acuerdo con la seccional Valle del Cauca de la Andi, las pérdidas causadas por los bloqueos ascienden a $1,2 billones, lo que equivale a 2 % del PIB anual del Valle del Cauca. “El panorama es tremendo. Esto no es un problema sólo para las empresas de la región. Los más afectados son los hogares colombianos. La situación es complicada en el Valle, porque nosotros somos un gran productor de alimentos, de insumos médicos y productos de aseo personal y del hogar”, según Lina Sinisterra, gerente de la entidad para esta región.

El Valle del Cauca produce 20 % de los huevos y 15 % del pollo que se consume en el país, según la Andi. Y, de acuerdo con cifras de la Cámara de Comercio, 6 % de las empresas ha reportado afectaciones por vandalismo y más de $70.000 millones en pérdidas por daños ocasionados durante el paro nacional.

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La más reciente encuesta de ritmo empresarial hecha por la Cámara de Comercio de Cali indica que el 41,3 % de las empresas no está operando. Además, 47,2 % reportó estarlo haciendo parcialmente, con una utilización promedio de capacidad instalada de 40 %.El impacto de los bloqueos lo sienten fuerte las empresas, que aseguran, en 86 %, que las restricciones de movilidad son el mayor obstáculo para su competitividad. Más de 60 % de las compañías encuestadas (más de 1.700 en total) afirman que sus ventas de abril disminuyeron frente a las registradas en marzo. En promedio, cada día se transportan 51.000 toneladas de carga hacia el Valle del Cauca y desde allí entran hacia el centro del país otras 66.000 toneladas, según cifras de Colfecar, uno de los mayores gremios de transporte de carga. Principalmente, por este corredor se mueven bienes como maíz, abonos, azúcar, trigo, cementos, mercancías importadas en contendedores y productos de industrias de alimentos, aseo, medicamentos e insumos hospitalarios.

Economía más allá del paro

Al margen del impacto inmediato ocasionado por el paro, las cifras muestran que Cali viene arrastrando un duro panorama económico y social, en buena parte por efecto de la pandemia, y que ha golpeado más fuertemente a los eslabones más vulnerables de la sociedad.

El índice de pobreza monetaria en Colombia para 2020 aumentó 6,8 puntos porcentuales y se ubicó en 42,5 %, lo que significa que 21,2 millones de colombianos no tienen suficiente ingreso para suplir sus necesidades básicas, según las estadísticas reveladas por el DANE.

En total, casi 3,6 millones de colombianos entraron a hacer parte de esta población el año pasado, producto de la mayor recesión económica de los últimos 120 años, derivada de la pandemia del COVID-19 y las medidas para contener el contagio.

Para el caso de Cali y su área metropolitana (que comprende Yumbo en los cálculos del DANE), la pobreza monetaria pasó de 21,9 % al 36,6 % entre 2019 y 2020. La capital del Valle del Cauca fue la segunda ciudad en la que más personas entraron a condición de pobreza monetaria en 2020: 376.000 más que en 2019, sumando en total 934.000 para 2020.

En general, el golpe por la pandemia lo ha ajustado, a nivel nacional y regional, la población más vulnerable. Para este análisis, el DANE divide a la población por quintiles, grupos poblacionales que van del 1 al 5: en el 1 se agrupa a los menos favorecidos y en el 5 a los más pudientes.

La información disponible asegura que, a nivel nacional, los más golpeados por la pandemia se agrupan en el quintil 1. En el enfoque regional, Bucaramanga y su área metropolitana lideraron la clasificación de caída en los ingresos reales dentro de este quintil, con -55,1 %. Le siguen Ibagué (-50,9 %), Bogotá (-50,3 %) y Cali (-50,1 %).

En otras palabras, Cali representa la cuarta ciudad en donde el 20 % menos favorecido de la sociedad vio cómo sus ingresos se disminuyeron durante el primer año de la pandemia.

“La pobreza total en Colombia poscovid es alarmante (42 %). Pues bien, antes del COVID, en 2019, la pobreza de los indígenas ya era 17 puntos porcentuales más alta (59 %). La tensión social que vemos en las calles combina frustraciones y descontentos crónicos con emergentes”, escribió en Twitter el economista Roberto Angulo, uno de los expertos nacionales en temas de pobreza.

El impacto de la pandemia también se puede ver en la erosión de las clase media, que en Cali registró una reducción de 22 %: 256.000 personas menos en este renglón de la sociedad. La clase media es clave en general, pero lo es particularmente al hablar de reactivación económica en medio de la crisis inducida por el COVID-19. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) asegura que la clase media tiene la capacidad de mover la economía nacional y generar prosperidad para más personas por su incidencia en la generación de capital, su capacidad de compra, su demanda de bienes de calidad y su efecto multiplicador del gasto (algo que en economía se denomina popularmente como encadenamiento). El impacto por la pandemia ha sido tal, que incluso la clase alta en la capital vallecaucana experimentó una reducción de 16 % en 2020.

De acuerdo con la clasificación del DANE, la fotografía de la sociedad caleña se puede ver de esta forma: 36,3 % clasificada como pobre, 26,2 % como vulnerable, 35,2 % lo compone la clase media y la clase alta representa apenas 2,3 %.

Por el lado del desempleo el panorama tampoco se ve muy halagador. Al cierre de 2020 (trimestre octubre-diciembre), la tasa de desempleo de Cali se ubicó en 18,6 % (13,8 % para todo el país), mientras que en el mismo período de 2019 el indicador fue de 12 % en la ciudad y 9,5 % para el país.

La situación en Cali se presenta compleja, pues engloba una serie de dinámicas y problemas que se manifestaron durante el paro (algunas explotaron, para ser más justos), pero cuyas causas pueden encontrarse tiempo atrás: dificultades estructurales en términos económicos, pero también en el plano del diálogo entre actores de la sociedad. Al final, el panorama de la ciudad requiere, parafraseando el juego, no sólo de que todos tomen, sino de que todos pongan.

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