“Rechazamos la escalada de abusos contra la vida en el Pacífico”: Conferencia Episcopal de Colombia

Imagen de referencia. Para los bonaverenses, el problema radica en la falta de oportunidades: no hay acceso a educación ni a empleo, lo que se replica en ausencia de planes para buscar una vida digna.

Foto: Ever Mercado

Desde que comenzó el año los habitantes de Buenaventura vienen alertando sobre la grave crisis de derechos humanos y la situación de violencia que se vive por cuenta del accionar de bandas delincuenciales que afecta la seguridad de su territorio. El 3 de febrero, por ejemplo, por lo menos 30 familias salieron desplazadas del barrio Juan XXIII tras quedar en medio del fuego cruzado de Los Shotas y Los Espartanos, dos bandas que surgieron de la división de otra estructura armada llamada La Local.

Monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de la ciudad portuaria, rechazó la presencia de grupos armados, y en especial el reclutamiento de niños, niñas y jóvenes. Tras estas denuncias y el liderazgo visible que representa Jaramillo, Monseñor alertó que recibió amenazas en contra de su vida.

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“Los Obispos de Colombia nos unimos a las poblaciones de la región Pacífico que están viviendo una crisis humanitaria profunda por las amenazas, desplazamiento forzado, confinamiento, asesinatos y todo tipo de atrocidades que condenamos enérgicamente”, comunicó la Conferencia Episcopal de Colombia, en cabeza de Óscar Urbina Ortega, arzobispo de Villavicencio, presidente de la organización religiosa.

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La organización detalló que han seguido de cerca la situación que viven los Obispos de Chocó, quienes aseguraron que la zona del Baudó enfrenta una escalada de violencia. Además, los Obispos de Valle del Cauca, Cauca, Medellín y Santa Rosas de Osos, clamaron por soluciones duraderas ante “los alarmantes niveles de pobreza extrema de la región Pacífico, la falta de alternativas para vivir con dignidad, la inequidad y la ausencia en muchas partes de este territorio de servicios del Estado”.

Sobre las amenazas que ha recibió Monseñor Jaramillo, la Conferencia Episcopal exigió respeto por su vida y su integridad. “El camino de construcción de paz que ha emprendido la Diócesis de Buenaventura está guiado por las palabras del Señor, Príncipe de la paz, y no tienen otra finalidad que garantizar la dignidad de cada persona que habita en el territorio”.

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El Ministro del Interior, Daniel Palacios, confirmó ayer, 3 de marzo, que el esquema de seguridad de Monseñor Rubén Darío Jaramillo, fue fortalecido ante las amenazas que recibió tras las denuncias en contra de grupos armados que operan en la zona. “Lo primero que hicimos ayer tras recibir las denuncias del obispo fue hacer una evaluación de riesgo de su situación y tomar con la mayor seriedad posible esas amenazas. Con esto, se decidió aumentar la protección de la Policía Nacional de monseñor Rubén Darío Jaramillo”.

Jaramillo aseguró que desde 2020 recibió amenazas porque a los “grupos poderosos que le incomodan mis opiniones y posiciones. La verdad resulta muy incómoda para quien vive en la mentira y en la corrupción. Hay muchos intereses desde políticos, económicos, narcotráfico y delincuencia que se sienten tocados y no quieren que nadie los mencione siquiera”, dijo el obispo a Caracol Radio. Además, aseveró que seguirá denunciando ante las atrocidades de la violencia.

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El 10 de febrero los habitantes del Puerto salieron a las calles convocados por Monseñor Jaramillo, quien lideró la realización de una cadena humana de 22 kilómetros como acto de unión en contra de la violencia.

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En la cuenca del Río Yurumangui, zona rural de Buenaventura, 157 familias de la vereda San Antoñito están confinadas por la presencia de grupos armados. La Defensoría alertó que por lo menos 28 familias salieron desplazadas de la zona este 2 de marzo por amenazas de las estructuras armadas.

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