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El Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó suspender de forma inmediata los racionamientos sectorizados de agua en Cartagena y le exigió a la empresa Aguas de Cartagena (Acuacar) activar un plan de contingencia para garantizar la continuidad del servicio en la ciudad.
Esta decisión se tomó como medida cautelar luego de una acción popular presentada por el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, quien acudió a la justicia en defensa de los derechos colectivos de la población ante las fallas recurrentes en el suministro de agua potable a cargo de la empresa: “La escasez amenazaba de forma directa variables humanas inquebrantables: la vida digna, la salud pública, la higiene básica y la seguridad alimentaria de los habitantes”, compartió la alcaldía a través de un comunicado.
Ante las fallas estructurales del sistema, el mandatario anunció a comienzos de este mes de junio que se contempla una ruptura institucional con Acuacar y planteó la posibilidad de crear una empresa pública para la administración del servicio de agua en Cartagena.
No obstante, para entender la viabilidad, puede leer: ¿Acuacar dejará de operar en Cartagena? Lo que se sabe tras el anuncio de la Alcaldía
“Lo que anunciamos el 1 de junio en el Concejo sigue igual. Divorcio total y seguimos con el plan de presentar un proyecto de acuerdo para crear una empresa pública para manejar el agua en Cartagena. No podemos seguir tolerando y aguantando más abusos”, aseguró a raíz de la decisión del Tribunal. Según la acción popular que interpuso el alcalde, los racionamientos han afectado a cerca del 15% de los usuarios.
¿Qué ha pasado con el agua en Cartagena?
Desde 2023, se han reportado fallas reiteradas en la red, con interrupciones inesperadas, baja presión y problemas en distintos sectores de la ciudad. Pero a esas deficiencias técnicas se ha sumado un componente ambiental y es la floración de microalgas en las fuentes de captación de agua para la planta.
Así, en lo corrido entre 2024 y 2026, aumentaron las denuncias de usuarios por afectaciones prolongadas del servicio y cuestionamientos a la gestión de Acuacar, que es actualmente operadora del sistema bajo un otrosí vigente hasta 2034.
La decisión del Tribunal
Debido al punto crítico que se alcanzó con la implementación de racionamientos sectorizados y la advertencia de que las restricciones podrían extenderse por tiempo indefinido si no se adoptan medidas de fondo, el Tribunal ordenó que la suspensión de los racionamientos se mantenga hasta que Acuacar presente y obtenga aprobación de un plan de contingencia que garantice el suministro continuo del servicio.
Para ello se le otorgó un plazo de 72 horas a la empresa para ejecutar acciones urgentes frente a la proliferación de microalgas. Entre ellas, el suministro alterno de agua mediante carrotanques en los sectores donde las interrupciones superen las 12 horas, publicar información sobre las zonas afectadas y cuáles serán las rutas de distribución. Para garantizar el cumplimiento de las medidas, el Tribunal vinculó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y le ordenó ejercer vigilancia.