Alcaldía de Cartagena se alista para cumplir orden de demolición del edificio Aquarela
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) dio un concepto jurídico al Distrito donde establece que la edificación debe ser destruida en su totalidad. La Unidad de Gestión del Riesgo y Desastres dice tener todo bajo control para la demolición. La Promotora Calle 47, encargada del proyecto, dice que la demolición total del proyecto es una medida que desconoce lo dispuesto por la autoridad policiva.
En mayo de 2020 un estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros determinó que el edificio Aquarela, ubicado en el centro histórico de Cartagena, tiene fallas estructurales que hacen necesaria su demolición. Desde entonces, la alcaldía de Cartagena se prepara para cumplir dicha orden. En un momento, el alcalde William Dau dejó claro que procedía a la demolición siempre y cuando hubiese una orden de un juez.
Sin embargo, el pasado 5 de octubre, en una reunión realizada en el despacho del alcalde, esa administración recibió, de parte de Camilo Alberto Gómez, director general la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), un concepto jurídico sobre la problemática generada por la construcción del proyecto inmobiliario. El costo de la demolición de Aquarela puede oscilar entre $2 mil y $3 mil millones, que serán aportados, en su mayoría, por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el Ministerio de Cultura, y la administración Distrital.
La ANDJE considera que la edificación debe ser destruida por completo. “Existe una orden de demolición vigente que se encuentra contenida en las resoluciones 001 proferida por el Inspector de Policía 2 de Cartagena y 7589 de 2018, proferida por la Secretaría del Interior y Convivencia, que ordenaron la restitución del espacio público ocupado indebidamente por la construcción. Razón por la cual, la acción que procede es la demolición de la edificación, como lo establece el artículo 194 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, explicó la alcaldía de Cartagena en un comunicado.
Sin embargo, para la constructora Promotora Calle 47, “el pretender la demolición total del proyecto es una medida que desconoce lo dispuesto por la autoridad policiva y resulta completamente desproporcionado e irrazonable".
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Myrna Martínez, jefa de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía, dijo que este concepto constituye un instrumento jurídico importante para la administración, por lo cual se viene adelantando su estudio. “Como alcaldía hemos recibido las recomendaciones y desde entonces estamos realizando los análisis y las revisiones para proceder a dar atención a esta situación. Consideramos que es un instrumento jurídico importante y que nos da una tranquilidad como administración para efectos de proceder con la eventual demolición de esta estructura, documento que, además, encuentra correspondencia con lo que esta administración había decidido, luego que recientemente la constructora solicitara ante la Curaduría Urbana la modificación de la licencia y esta fuera negada en febrero del presente año, y confirmada recientemente por parte de la secretaría de Planeación, al considerar improcedente dicha petición”, explicó Martínez.
“Estamos buscando el acompañamiento de todas las entidades comprometidas en este caso para dar la mejor solución y principalmente no poner en riesgo la situación jurídica del Distrito, la Nación, ni de ninguna de las entidades llamadas a atender esta situación", agregó Martínez, quien además aseguró que han adelantado mesas de trabajo concertadas por la Procuraduría General.
Desde la constructora Aquarela, emitieron un comunicado refiriéndose a la decisión de la ANDJE. “La opinión emitida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que legalmente no es vinculante, se fundamenta en argumentos tendenciosos y arriba a conclusiones equivocadas que comprometen seriamente la responsabilidad patrimonial del Distrito y la Nación, y toma como sustento el estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, cuyo contenido ha sido seriamente cuestionado por varios profesionales y agremiaciones dadas las fallas metodológicas y técnicas en las que incurre”, se lee en el documento.
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Se conoció que se ha logrado un avance con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para efectos de evaluar la situación y materializarla a través de la entrega de recursos que nos permitan proceder con la demolición. De hecho, Dau envió este miércoles 21 de octubre una carta a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, solicitando una hoja de ruta que permita establecer las fases a seguir para la restitución del espacio público, teniendo siempre como premisa minimizar el riesgo para los vecinos y la infraestructura histórica en los alrededores, como el Castillo de San Felipe.
“Se desarrolló todo el plan de emergencia de cómo se llevará a cabo este procedimiento. También se tienen dispuesto todos los papeles que van a cumplir cada una de las instituciones, porque hemos evaluado el riesgo que esto puede generar desde diferentes puntos”, dijo Fernando Abello, director de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo y Desastres, a RCN radio.
Aquarela es un proyecto de viviendas de interés social ubicado en el Barrio Torices de Cartagena. El complejo habitacional contempla la construcción de cinco torres de apartamentos desde 42 mts2 hasta 56 mts2, los cuales han sido adquiridos por más de 900 familias.
En mayo de 2020 un estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros determinó que el edificio Aquarela, ubicado en el centro histórico de Cartagena, tiene fallas estructurales que hacen necesaria su demolición. Desde entonces, la alcaldía de Cartagena se prepara para cumplir dicha orden. En un momento, el alcalde William Dau dejó claro que procedía a la demolición siempre y cuando hubiese una orden de un juez.
Sin embargo, el pasado 5 de octubre, en una reunión realizada en el despacho del alcalde, esa administración recibió, de parte de Camilo Alberto Gómez, director general la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), un concepto jurídico sobre la problemática generada por la construcción del proyecto inmobiliario. El costo de la demolición de Aquarela puede oscilar entre $2 mil y $3 mil millones, que serán aportados, en su mayoría, por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el Ministerio de Cultura, y la administración Distrital.
La ANDJE considera que la edificación debe ser destruida por completo. “Existe una orden de demolición vigente que se encuentra contenida en las resoluciones 001 proferida por el Inspector de Policía 2 de Cartagena y 7589 de 2018, proferida por la Secretaría del Interior y Convivencia, que ordenaron la restitución del espacio público ocupado indebidamente por la construcción. Razón por la cual, la acción que procede es la demolición de la edificación, como lo establece el artículo 194 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, explicó la alcaldía de Cartagena en un comunicado.
Sin embargo, para la constructora Promotora Calle 47, “el pretender la demolición total del proyecto es una medida que desconoce lo dispuesto por la autoridad policiva y resulta completamente desproporcionado e irrazonable".
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Myrna Martínez, jefa de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía, dijo que este concepto constituye un instrumento jurídico importante para la administración, por lo cual se viene adelantando su estudio. “Como alcaldía hemos recibido las recomendaciones y desde entonces estamos realizando los análisis y las revisiones para proceder a dar atención a esta situación. Consideramos que es un instrumento jurídico importante y que nos da una tranquilidad como administración para efectos de proceder con la eventual demolición de esta estructura, documento que, además, encuentra correspondencia con lo que esta administración había decidido, luego que recientemente la constructora solicitara ante la Curaduría Urbana la modificación de la licencia y esta fuera negada en febrero del presente año, y confirmada recientemente por parte de la secretaría de Planeación, al considerar improcedente dicha petición”, explicó Martínez.
“Estamos buscando el acompañamiento de todas las entidades comprometidas en este caso para dar la mejor solución y principalmente no poner en riesgo la situación jurídica del Distrito, la Nación, ni de ninguna de las entidades llamadas a atender esta situación", agregó Martínez, quien además aseguró que han adelantado mesas de trabajo concertadas por la Procuraduría General.
Desde la constructora Aquarela, emitieron un comunicado refiriéndose a la decisión de la ANDJE. “La opinión emitida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que legalmente no es vinculante, se fundamenta en argumentos tendenciosos y arriba a conclusiones equivocadas que comprometen seriamente la responsabilidad patrimonial del Distrito y la Nación, y toma como sustento el estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, cuyo contenido ha sido seriamente cuestionado por varios profesionales y agremiaciones dadas las fallas metodológicas y técnicas en las que incurre”, se lee en el documento.
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Se conoció que se ha logrado un avance con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para efectos de evaluar la situación y materializarla a través de la entrega de recursos que nos permitan proceder con la demolición. De hecho, Dau envió este miércoles 21 de octubre una carta a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, solicitando una hoja de ruta que permita establecer las fases a seguir para la restitución del espacio público, teniendo siempre como premisa minimizar el riesgo para los vecinos y la infraestructura histórica en los alrededores, como el Castillo de San Felipe.
“Se desarrolló todo el plan de emergencia de cómo se llevará a cabo este procedimiento. También se tienen dispuesto todos los papeles que van a cumplir cada una de las instituciones, porque hemos evaluado el riesgo que esto puede generar desde diferentes puntos”, dijo Fernando Abello, director de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo y Desastres, a RCN radio.
Aquarela es un proyecto de viviendas de interés social ubicado en el Barrio Torices de Cartagena. El complejo habitacional contempla la construcción de cinco torres de apartamentos desde 42 mts2 hasta 56 mts2, los cuales han sido adquiridos por más de 900 familias.