Audiencia pública por “peaje social de Barú” terminó sin acuerdo

Desde hace 3 años, cuando se inauguró el puente que conecta a la capital de Bolívar con la isla Barú, el índice de turismo de Playa Blanca ha incrementado sin control. De hecho, la movilidad durante las temporadas altas ha deteriorado el estado de la vía. De allí que, la Alcaldía de Cartagena propusiera la instalación de un peaje para reducir la afluencia de personas en agosto pasado. Este martes, se reunió el Concejo Distrital de la ciudad para escuchar las ponencias ciudadanas. Hasta ahora, sin la intervención de los concejales, la ejecucción de un “peaje social de Barú” aún no se concreta. (Lea: Alcaldía de Cartagena estudia poner peaje en la vía a Barú)

El director de Valorización del Distrito, Jorge Luis Marimón, argumentó que este proyecto nació como solicitud de las mismas comunidades de Barú, Ararca, Santa Ana y Pasacaballos. Agregando, además, la viabilidad del peaje con base a consultorías previas. El destino de los recursos, según el representante del gobierno local, irían para el mantenimiento de la vía y la inversión social de la ciudadanía al derredor. El peaje se instalaría antes del puente y de un solo sentido: Cartagena-Barú en donde, de aprobar el acuerdo, se pondrían las casetas en junio.

Sin embargo, tras la intervención de Marimón, representantes de la ciudadanía como David González, director de la Fundación Turística Playa Blanca, expusieron sus argumentos en contra del proyecto. Para él, las fases de instalación del peaje deben ser consultadas a las comunidades afectadas, ya que el “proyecto es lesivo para la economía doméstica de los habitantes de Barú, y que carece de planeación”.

Incluso, indicó González, el peaje social no es la solución para el buen uso de los recursos naturales: la instalación de este se “sustentaría a partir del mayor flujo vehicular hacia la zona”, y no sobre los problemas ambientales. Además, los recursos del proyecto no pueden invertirse en obras para la comunidad a causa de la ley 105 del 93, sino sobre la recuperación de la malla vial. Por otro lado, uno de los reclamos de la gente es que la iniciativa no tiene sustento jurídico, por el hecho de imponer un impuesto sobre otro impuesto, debido a que las obras anteriores han sido financiadas por los habitantes de la isla de Barú.

Finalmente, la sesión terminó sin acuerdo por parte de los concejales. La información presentada por la ciudadanía se toma como insumo para el primer debate sobre el proyecto, a manos de los funcionarios locales. El favorecimiento o negativa del peaje se dará antes del 28 de febrero, fecha en la que está convocada la sesión extraordinaria.

Desde hace 3 años, cuando se inauguró el puente que conecta a la capital de Bolívar con la isla Barú, el índice de turismo de Playa Blanca ha incrementado sin control. De hecho, la movilidad durante las temporadas altas ha deteriorado el estado de la vía. De allí que, la Alcaldía de Cartagena propusiera la instalación de un peaje para reducir la afluencia de personas en agosto pasado. Este martes, se reunió el Concejo Distrital de la ciudad para escuchar las ponencias ciudadanas. Hasta ahora, sin la intervención de los concejales, la ejecucción de un “peaje social de Barú” aún no se concreta. (Lea: Alcaldía de Cartagena estudia poner peaje en la vía a Barú)

El director de Valorización del Distrito, Jorge Luis Marimón, argumentó que este proyecto nació como solicitud de las mismas comunidades de Barú, Ararca, Santa Ana y Pasacaballos. Agregando, además, la viabilidad del peaje con base a consultorías previas. El destino de los recursos, según el representante del gobierno local, irían para el mantenimiento de la vía y la inversión social de la ciudadanía al derredor. El peaje se instalaría antes del puente y de un solo sentido: Cartagena-Barú en donde, de aprobar el acuerdo, se pondrían las casetas en junio.

Sin embargo, tras la intervención de Marimón, representantes de la ciudadanía como David González, director de la Fundación Turística Playa Blanca, expusieron sus argumentos en contra del proyecto. Para él, las fases de instalación del peaje deben ser consultadas a las comunidades afectadas, ya que el “proyecto es lesivo para la economía doméstica de los habitantes de Barú, y que carece de planeación”.

Incluso, indicó González, el peaje social no es la solución para el buen uso de los recursos naturales: la instalación de este se “sustentaría a partir del mayor flujo vehicular hacia la zona”, y no sobre los problemas ambientales. Además, los recursos del proyecto no pueden invertirse en obras para la comunidad a causa de la ley 105 del 93, sino sobre la recuperación de la malla vial. Por otro lado, uno de los reclamos de la gente es que la iniciativa no tiene sustento jurídico, por el hecho de imponer un impuesto sobre otro impuesto, debido a que las obras anteriores han sido financiadas por los habitantes de la isla de Barú.

Finalmente, la sesión terminó sin acuerdo por parte de los concejales. La información presentada por la ciudadanía se toma como insumo para el primer debate sobre el proyecto, a manos de los funcionarios locales. El favorecimiento o negativa del peaje se dará antes del 28 de febrero, fecha en la que está convocada la sesión extraordinaria.