Bahía de Cartagena: ¿en qué va su recuperación?

Luego de un fallo del Consejo de Estado, siete entidades públicas y privadas del país tienen la tarea de crear un plan integral para sanar los daños ambientales de la bahía. Ha pasado más de un mes y todavía no hay una ruta clara entre los actores llamados a responder.

Martín Elías Pacheco
07 de octubre de 2020 - 02:00 a. m.
El Ministerio de Ambiente debe expedir una resolución en la que se fijen los valores máximos permitidos en los vertimientos a aguas marinas. / Aníbal Therán Tom
El Ministerio de Ambiente debe expedir una resolución en la que se fijen los valores máximos permitidos en los vertimientos a aguas marinas. / Aníbal Therán Tom

La bahía de Cartagena ha sido clave para el desarrollo de Colombia. En sus entrañas yace el puerto de Cartagena, que es el más grande del país: tiene 54 muelles, 17 de ellos dedicados al comercio exterior. Además, con una superficie de 82 km² y una profundidad promedio de 16 metros, es el principal componente del sistema marino de la capital de Bolívar.

Sin embargo, los problemas de contaminación de la bahía son cada vez más grandes: descargas de residuos de actividades industriales, marítima portuaria, agropecuarias y del turismo tradicional; vertimientos de residuos líquidos y sólidos y lixiviados provenientes de poblaciones de Cartagena. De hecho, esas fueron algunas de las problemáticas que el Consejo de Estado tuvo en cuenta para ordenar a siete entidades, entre públicas y privadas, presentar un plan para la recuperación integral de ese lugar.

En una sentencia de 121 páginas, resultado de la segunda instancia, el alto tribunal llamó al Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Dirección General Marítima (DIMAR), la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar), la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena y al Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA) a tratar de subsanar los daños ambientales ocasionados a la bahía. Las entidades se deben reunir y trabajar de forma sincronizada. Sin embargo, un mes después de la sentencia parece que no ha habido una ruta clara a seguir entre esos actores.

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Con ponencia del magistrado Roberto Serrato, el alto tribunal estableció que durante más de 37 años los actores responsables de la conservación de la bahía han seguido un plan de cuidado insuficiente para frenar la contaminación. El nuevo plan debe contener como mínimo un programa de evaluación, prevención, reducción y control de fuentes terrestres y marinas, que contemple proyectos específicos para cada uno de los factores de contaminación. Los seis meses para la implementación del plan comenzaron a correr el 21 de agosto de 2020.

En primera instancia, el Tribunal Superior de Bolívar condenó a Cotecmar por sus constantes vertimientos de material contaminante a la bahía. Parte de este daño también fue atribuido al Ministerio de Ambiente por no haber proferido el marco regulatorio de los límites permisibles de vertimientos en aguas marinas, ni haber desarrollado una política pública de descontaminación del ecosistema. En la sentencia también se reprochó el actuar de la ANLA, la Cardique y el EPA, por no verificar el cumplimiento de las licencias y los permisos autorizados. Por último, cuestionó el incumplimiento de las funciones de Cotecmar y de la DIMAR, en la regulación de la navegación de embarcaciones.

Tras las apelaciones, el fallo de segunda instancia le ordena al Ministerio de Ambiente expedir una resolución en la cual fije los parámetros y valores máximos permitidos en los vertimientos a aguas marinas. También debe participar en la cofinanciación de proyectos con otras autoridades ambientales y territoriales para sanear las aguas de la bahía. Desde el Ministerio de Ambiente le aseguraron a El Espectador que el fallo no ha sido notificado de manera formal, por lo que no tenían respuestas de las acciones que adelantan en ese tema.

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El tribunal le pide a Cardique expedir normas para la mitigación de los efectos negativos que generan. “Ahí no se obliga a más de lo que debemos hacer cada entidad en el marco de sus competencias y funciones. Lástima que siempre en Cartagena nos hemos acostumbrado a que si no es con acciones populares no se hacen las cosas de manera articulada para un beneficio común”, dijo Ángelo Bacci Hernández, director de Cardique.

La DIMAR asegura estar trabajando en el plan de acción emitido por el Consejo de Estado, pero no han dado detalles concretos sobre los avances. Desde el EPA están gestionando recursos para las respectivas inversiones. “Los recursos servirán para la realización de levantamientos de información con el fin de elaborar un sistema de monitoreo de los vertimientos con información georreferenciada que permitirá, de manera continua, detectar la afectación”, dijo Javier Mouthon, director del EPA Cartagena.

La decisión del Consejo de Estado es clara. Para cada una de las entidades hay una orden específica. Les quedan menos de cinco meses para presentar el plan integral. Las siete entidades demandadas deben monitorear y controlar constantemente los vertimientos que llegan a la bahía de Cartagena. Las evidencias deben ser plasmadas en informes trimestrales al Consejo de Estado. Sin embargo, por ahora no hay una articulación que permita confiar en el cumplimiento de lo ordenado.

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