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La escena de un grupo de niños y niñas bailando y consumiendo licor en el sector Nuevo Porvenir, del barrio Olaya Herrera, suroccidente de Cartagena, no solo despertó un debate sobre las situaciones a las que están expuestos los menores en la capital de Bolívar, sino que ya deja como resultado multas por $936.000 y la vinculación de cuatro madres a una investigación por el delito de suministro a menor. El caso de los cuatro menores es atendido por la Comisaría de Familia de Cartagena, con apoyo del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), la Policía y la Alcaldía.
Casos como este no son nuevos la ciudad, según la Policía de Infancia y Adolescencia. “El año pasado se realizó una captura por este delito, que fue la primera en Colombia por suministro a menor con licor, pues ya se han hecho con otro tipo de drogas como la cocaína y la marihuana”, señala Andrés Castro, teniente de la Policía de Infancia y Adolescencia de Cartagena. Ese primer caso ocurrió en El Pozón, donde un joven de 18 años suministraba bebidas embriagantes a dos adolescentes.
El delito de suministro a menor está consagrado en el Artículo 381 del Código Penal Colombiano, Ley 599 de 2000, que establece que “el que suministre o facilite a un menor droga que produzca dependencia o lo induzca a usarla incurrirá en prisión de 96 meses a 216 meses”. Teniendo en cuenta la definición de la Organización Mundial de la Salud, “que explica que las bebidas embriagantes hacen parte de las drogas, pues generan dependencia y afectan el sistema nervioso, nosotros podemos capturar a una persona que le entrega licor a un niño”, dice Castro.
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El comisario encargado del caso, Amín Sanabria, señala que ha sido complejo ubicar a las otras familias. “Le pedimos a la Policía investigar dónde fue la tienda o dónde se vendió esa cerveza. Estamos en la tarea de identificar quiénes son los padres de los otros menores. Nos han informado que se han mudado del sector. Había entre diez a quince niños, por lo que sale en el video”, cuenta Sanabria.
En este caso, primero se ubicó a dos madres junto a sus hijas de seis años, quienes fueron trasladadas hasta la Comisaría de Familia para iniciar el proceso de restablecimiento de derechos. Otras dos madres fueron ubicadas el 5 de enero y las trasladaron a la Comisaría en el barrio Chiquinquirá, donde se atendió a los niños. Ellas también recibieron sanción monetaria y fueron incluidas en la investigación penal. Las madres explicaron que se trató de un descuido mientras trabajaban el 31 de diciembre de 2020.
Milady Niño, coordinadora de la Unidad de Infancia y Familia, de la Secretaría de Participación Ciudadana de Cartagena, dice que una de las prioridades para evitar ente tipo de casos debe ser el trabajo preventivo: “La idea es abordar ese sector y los barrios aledaños, porque si bien es cierto que ahora estamos haciendo un ejercicio de control, verificación y restauración de derechos, también es importante adelantar un proceso de carácter preventivo con las familias de la comunidad. La idea es poder entrar a fortalecer esos roles en las familias cartageneras de esos sectores vulnerables, y así evitar que este tipo de casos se repitan”, asegura Niño.
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Para las organizaciones que trabajan con la niñez en el país, se trata de un fenómeno que amerita la intervención y el apoyo del Estado con las familias, pues se evidencia una falta de cuidado. “En este caso en particular nuestro apoyo estaría más apuntado a las familias que a la misma población infantil. Creemos que las familias necesitan desarrollar sus capacidades de cuidado, que la comunidad también debe desarrollarlas. Los niños como sujetos de derechos, en una condición que requiere protección especial, deben ser cuidados por sus padres. En este caso es claro que hubo algunas fallas en ese cuidado, ya sea por acción u omisión”, explica Carlos García, subdirector de Aldeas Infantiles SOS Colombia.
García asegura que también se evidencia una responsabilidad de los vecinos, quienes, al parecer, graban y comparten este tipo de videos, por lo que “hay una falla de la comunidad, de la sociedad. que incluso puede llegar a compartir este tipo de videos con fines recreativos. Podríamos decir que el Estado también está ausente”. Pilar Morad, trabajadora social con maestría en Estudio de Géneros, comparte la perspectiva de que hay que ir más allá de los señalamientos hacia los menores de edad y sus padres. “Este no es un hecho aislado. La sociedad sataniza a los padres, pero es un tema de mucha más profundidad en el cual la sociedad y los diferentes actores tenemos que trabajar”, afirma Morad. También se refiere a la importancia del Estado para asumir no solamente una postura coercitiva, sino para la educación a los padres, en la escuela y en las comunidades, pues “hay otra manera de que los niños disfruten. Es un poco mirar más allá, ¿qué plantea la escuela? Yo insisto en el hecho de la mamá con la hija , ¿qué es lo que nos está diciendo eso en función de sociedad? Esta es una oportunidad para que también el gobierno distrital pueda pensar”.
Aunque este caso queda en manos de la Comisaría de Familia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) apoya la decisión de la apertura de investigación penal en contra de las madres de los menores. “Aquí tenemos que ser conscientes de que la garantía del respeto a la dignidad de los niños de Colombia tiene un impacto en el desarrollo de nuestro país. Este tipo de hechos son inadmisibles y repudiables”, sostiene Lina María Arbeláez, directora general del ICBF.
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De hecho, una de las principales afectaciones a las que se ven expuestos los niños al ingerir alcohol tiene que ver con su desarrollo emocional. “Como es bien sabido, el alcohol es una sustancia depresora del sistema nervioso central que perjudica, entre otros factores, la percepción de la persona, quien lo consume, afectando diversas cualidades de las funciones psicológicas, como la capacidad en la toma de decisiones, en el raciocinio, en la coordinación visomotriz, o también en el escenario de las emociones y el efecto en la expresión de las mismas. Por ejemplo, en el caso de los menores de edad, el consumo de este tipo de sustancias afecta la salud, una salud mental que está completamente vinculada con varios elementos de análisis, como el desarrollo emocional, la capacidad en la toma de decisiones y la solución de los problemas, dificultades en los procesos de aprendizaje y memoria”, explica Alejandro Jiménez, psicólogo y candidato a doctor en Bioética.
Los expertos coinciden en que hay una responsabilidad conjunta de la familia, la comunidad y el Estado de velar por el cumplimiento de los derechos de los niños en Colombia. “Con la Alcaldía y las entidades responsables se va a trabajar para hacer una campaña preventiva, con el fin de que esto no vuelva a suceder. Hay que resaltar que todos los padres son corresponsables de los hijos. Es una situación que no debe suceder en ninguna parte”, concluyó el comisario Sanabria.