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En el barrio Nelson Mandela, en el sur occidente de Cartagena, se vive en medio de la precariedad. A las calles sin pavimentar se suma el difícil acceso a los servicios públicos y a la atención en salud, pese a que en la zona viven alrededor de 50.000 personas vulnerables, que habitan las más de 7.000 viviendas.
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Las promesas de construir un centro de atención prioritario se han escuchado desde hace nueve años. Aunque la estructura existe, ha sido víctima de pandillas y de la desatención de las administraciones distritales, por lo que hoy solo hay ruinas, mientras que el centro de salud más cercana está en Arroz Barato, una comunidad a la que se llega en media hora si se va a pie.
Según recuerda el concejal Wilson Toncel, el punto de atención es “un proyecto con un contrato que viene de la época de Dionisio Vélez (2013-2015). Dos contratistas tienen a cargo toda la red hospitalaria y varios puestos quedaron abandonados”.
Recientemente, en agosto, un juez falló en respuesta a una acción popular, le dio a la alcaldía de William Dau seis meses para asignar las partidas que permitan finalizar las obras que no se han ejecutado en la zona desde el 2015 y de ser necesario, construir un nuevo centro de atención en el sector del Edén. Esto hizo recordar las lágrimas del mandatario cuando visitó la zona en medio de su campaña a la alcaldía.
Según indica la directora del Dadis (Departamento Administrativo Distrital de Salud), Johana Bueno, se ha venido trabajando en el tema desde el 2020, que se establecieron tres etapas para la ejecución de las obras, que comenzó con la adecuación y reorganización de la red hospitalaria de primer nivel.
“Dada la voluntad social y política de la actual Administración, se solicitó al Ministerio de Hacienda el desahorro de los excedentes Lotto del Fonpet (Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales), con el fin de invertirlos en la infraestructura de la Red Pública de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, con prioridad para el Centro de Salud de Nelson Mandela”.
La propuesta se aprobó y en julio de 2022 se autorizó la entrega de $24.000 millones, de los cuales se emplearían $20.000 millones son el puesto de atención en Nelson Mandela, $1.336 para el de Puerto Rey y $1.778 para el de Arroyo de las Canoas.
Estos recursos se utilizarán para adecuación de la infraestructura y dotación del centro de salud, por lo que la administración radicó un proyecto ante el Concejo de Cartagena para hacer el traslado presupuestal e iniciar oficialmente los trabajos en el predio, que ya fue priorizado.
El problema es que el cabildo rechazó el proyecto de primerazo. En una audiencia pública, que se hizo un día después de su radicación, los concejales rechazaron la incorporación de los recursos por un presunto lío jurídico, lo que generó la respuesta de los habitantes del barrio Nelson Mandela, quienes relacionaron la negativa con la mala relación de Dau con los cabildantes.
“Vemos la luz al final del túnel, parece ser que la salud para esta población seguirá en cuidados intensivos por las marcadas diferencias entre el Concejo y el alcalde Dau. Solicitamos no perjudicar a esta población que con sacrificio y lucha conseguimos este espacio. Queremos que después de tantos años nos den de alta”, dijo en su momento a El Universal Whailer Herrón Ayazo, representante de Corpomandela.
El concejal Toncel indica que los cabildantes acordaron no discutir la proposición hasta que no se solucione un problema con el consorcio encargado de las obras en la red hospitalaria, ante presuntas irregularidades. “Han llegado cerca de cuatro oficios radicados por una de las empresas del consorcio, que dice que hubo cambio del representante legal. Alegan que hasta se falsificaron firmas y que bloquearon sus cuentas. Por eso le pedimos a la administración claridad con esos recursos, ya que se estaría incluyendo como una adición a estos contratistas. Lo maravilloso sería que hagan un nuevo proceso para esta obra”.
Al respecto, la secretaria Bueno asegura que el consorcio no estaría relacionado con las obras. “Eso no tienen sustento, porque ingresar recursos al presupuesto no está supeditado a que en las obras tenga que participar el consorcio. No hay ningún acuerdo con ellos. Es la Secretaría de Infraestructura la que decide, si abre un proceso de licitación pública. Eso deja sin piso lo que están argumentando”.
Por eso se volvió a presentar el proyecto en el Concejo y ayer las empresas que componen el consorcio entregaron un oficio en el que señalan que ya zanjaron sus diferencias y ratificaron al representante legal, con lo que terminarían los cuestionamientos del cabildo.
Ante esto, Bueno espera que ahora sí se estudie el traslado presupuestal y que una vez se instauren las sesiones extraordinarias, se defina las fechas en las que habrá debate. “O si no, nos tocará como última posibilidad incluirlo en el presupuesto de la próxima vigencia”, manifestó Bueno.
Mientras se avanza en el debate, la alcaldía señala que se está haciendo la evaluación de los diseños arquitectónicos para ajustarlos a la oferta actual, a esto se suma el concepto de viabilidad técnica y jurídica del proyecto y los planes de inversión y de planificación de obras, que esperan iniciar lo más pronto posible.