Polémica por proyecto que evitaría inundaciones en Cartagena

Cuando Amaury Narváez llegó a vivir al lado del canal Ricaurte, en el barrio Olaya Herrera de Cartagena, sentía como si se acabara de asentar junto al río Magdalena. Hace 30 años, cuenta, “el agua pasaba corriendo” y el canal estaba “bien bacanito”, lejos de convertirse en lo que es hoy: un nido de mosquitos, malos olores, basuras y aguas estancadas que se desborda con cada lluvia. Pero Cartagena fue creciendo sin control y con ella los 20 barrios por donde pasa el canal antes de llegar al Olaya, el último punto previo a su desembocadura en la ciénaga de la Virgen.

Ante la falta de acciones del Distrito para contrarrestar los efectos de un canal que no da abasto, la comunidad ha recurrido a medidas desesperadas. Hace algunos años, las directivas del colegio Almirante Colón, ubicado cerca de este cuerpo de agua, les asignaron a los estudiantes de 10º y 11º la limpieza del mismo como parte de su trabajo social.

Lea: Se modifica fecha para elecciones atípicas en Cartagena: serán el 6 de mayo

Para evitar que historias como esta se sigan presentando, el Distrito ejecutará un plan de drenajes pluviales que busca intervenir, en su primera etapa, 26 canales que afectan a más de 700.000 habitantes. El primero de ellos será Ricaurte, el antiguo “río Magdalena”. Esta obra viene sonando desde 2006 y no ha logrado arrancar. Pero todo indica que, a dos meses de las elecciones atípicas de alcalde, las obras empezarán en medio de la desconfianza que genera la entidad encargada de ejecutarlas.

Las dudas sobre Edurbe

La Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe), con un historial de deudas y malos manejos, tendrá la misión de poner en marcha el plan de drenajes pluviales. Así lo decidió a finales de 2016 el entonces alcalde Manolo Duque al pedirle al Concejo Distrital que autorice transferir $300.000 millones del Sistema General de Participaciones a esta entidad para ejecutar la primera etapa.

El 23 de diciembre de 2016, fecha en que se autorizó esta transferencia, la capacidad financiera y administrativa de Edurbe era por lo menos cuestionable. Según datos conocidos por El Espectador, la empresa tenía 24 contratos —que involucraban 150 obras— liquidados y sin terminar a pesar de que el Distrito le había girado todos los recursos. Además, debía $230 millones en sueldos y $6.000 millones a diferentes entidades y tenía 57 procesos judiciales en contra.

Así fue como un alcalde hoy preso y un Concejo en su mayoría investigado por corrupción le entregaron millonarios recursos a una empresa que sólo un año antes estuvo a punto de ser liquidada en la administración anterior.

El intento de resucitar Edurbe

Bernardo Pardo, gerente de Edurbe desde finales de 2017, asegura que están en proceso de recuperación financiera y que ya se puso al día con los salarios de los empleados. Por su parte, el alcalde encargado, Sergio Londoño, ha buscado fortalecer la entidad y convertirla en el “brazo ejecutor” de obras pendientes. Sin embargo, más que ejecutar, lo que ha hecho la empresa es servir de intermediaria entre la Alcaldía y los contratistas, generando unos costos innecesarios.

Así lo ha alertado Funcicar, una organización local de la sociedad civil que, en un informe, reveló cómo el Distrito perdió $3.000 millones en costos de intermediación sólo en siete de los contratos que le entregó a Edurbe en 2017 y que ésta subcontrató por un valor inferior. “Son procesos que podría llevar el Distrito a través de alguna de sus dependencias sin generar esos costos”, asegura Alejandra López, coordinadora de asuntos políticos de Funcicar. Pardo justifica el rol de Edurbe asegurando que ejecutará una parte del proyecto, correspondiente a “lo ambiental, lo social y lo predial”. Sin embargo, el presupuesto de la obra no indica rubros ambientales ni sociales, mientras que la afectación predial corresponde sólo al 7 % del valor del proyecto. En cuanto a los costos de intermediación, el gerente explica que Edurbe cobra una administración de 5 % en los contratos de obra y 10 % en los de interventoría. En el caso del plan de drenajes, eso se traduciría en más de $14.000 millones que se destinarían al mantenimiento de la empresa. Este dinero le alcanzaría al Distrito para reparar la grieta que tiene en riesgo de colapso al cerro de La Popa, un proyecto paralizado por falta de presupuesto.

¿Contratación a dedo?

Entonces, ¿por qué la Alcaldía de Cartagena sigue entregándole recursos a Edurbe? La respuesta podría estar en su manual de contratación, que le permite contratar directamente obras públicas, algo que la ley les prohíbe a las entidades estatales en la mayoría de los casos. De hecho, Funcicar halló, a través de una revisión del Secop, que Edurbe subcontrató a dedo 29 de las 30 obras que le entregó la Alcaldía en 2017. “Eso impide que cada vez más personas naturales y jurídicas accedan a la ejecución de recursos públicos”, explica Érica Martínez, subgerente de la Andi Bolívar. El gerente de Edurbe ha prometido que la contratación del plan de drenajes se hará mediante convocatoria pública. Sin embargo, las decisiones cruciales sobre el destino de esta empresa, de los recursos públicos y de las obras pendientes quedará en manos del alcalde que los cartageneros elijan en las próximas elecciones atípicas, que, según el Guillermo Rivera, ministro del Interior, se harían el próximo 6 de mayo y no el 15 de abril, como se había decretado. 

Cuando Amaury Narváez llegó a vivir al lado del canal Ricaurte, en el barrio Olaya Herrera de Cartagena, sentía como si se acabara de asentar junto al río Magdalena. Hace 30 años, cuenta, “el agua pasaba corriendo” y el canal estaba “bien bacanito”, lejos de convertirse en lo que es hoy: un nido de mosquitos, malos olores, basuras y aguas estancadas que se desborda con cada lluvia. Pero Cartagena fue creciendo sin control y con ella los 20 barrios por donde pasa el canal antes de llegar al Olaya, el último punto previo a su desembocadura en la ciénaga de la Virgen.

Ante la falta de acciones del Distrito para contrarrestar los efectos de un canal que no da abasto, la comunidad ha recurrido a medidas desesperadas. Hace algunos años, las directivas del colegio Almirante Colón, ubicado cerca de este cuerpo de agua, les asignaron a los estudiantes de 10º y 11º la limpieza del mismo como parte de su trabajo social.

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Para evitar que historias como esta se sigan presentando, el Distrito ejecutará un plan de drenajes pluviales que busca intervenir, en su primera etapa, 26 canales que afectan a más de 700.000 habitantes. El primero de ellos será Ricaurte, el antiguo “río Magdalena”. Esta obra viene sonando desde 2006 y no ha logrado arrancar. Pero todo indica que, a dos meses de las elecciones atípicas de alcalde, las obras empezarán en medio de la desconfianza que genera la entidad encargada de ejecutarlas.

Las dudas sobre Edurbe

La Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe), con un historial de deudas y malos manejos, tendrá la misión de poner en marcha el plan de drenajes pluviales. Así lo decidió a finales de 2016 el entonces alcalde Manolo Duque al pedirle al Concejo Distrital que autorice transferir $300.000 millones del Sistema General de Participaciones a esta entidad para ejecutar la primera etapa.

El 23 de diciembre de 2016, fecha en que se autorizó esta transferencia, la capacidad financiera y administrativa de Edurbe era por lo menos cuestionable. Según datos conocidos por El Espectador, la empresa tenía 24 contratos —que involucraban 150 obras— liquidados y sin terminar a pesar de que el Distrito le había girado todos los recursos. Además, debía $230 millones en sueldos y $6.000 millones a diferentes entidades y tenía 57 procesos judiciales en contra.

Así fue como un alcalde hoy preso y un Concejo en su mayoría investigado por corrupción le entregaron millonarios recursos a una empresa que sólo un año antes estuvo a punto de ser liquidada en la administración anterior.

El intento de resucitar Edurbe

Bernardo Pardo, gerente de Edurbe desde finales de 2017, asegura que están en proceso de recuperación financiera y que ya se puso al día con los salarios de los empleados. Por su parte, el alcalde encargado, Sergio Londoño, ha buscado fortalecer la entidad y convertirla en el “brazo ejecutor” de obras pendientes. Sin embargo, más que ejecutar, lo que ha hecho la empresa es servir de intermediaria entre la Alcaldía y los contratistas, generando unos costos innecesarios.

Así lo ha alertado Funcicar, una organización local de la sociedad civil que, en un informe, reveló cómo el Distrito perdió $3.000 millones en costos de intermediación sólo en siete de los contratos que le entregó a Edurbe en 2017 y que ésta subcontrató por un valor inferior. “Son procesos que podría llevar el Distrito a través de alguna de sus dependencias sin generar esos costos”, asegura Alejandra López, coordinadora de asuntos políticos de Funcicar. Pardo justifica el rol de Edurbe asegurando que ejecutará una parte del proyecto, correspondiente a “lo ambiental, lo social y lo predial”. Sin embargo, el presupuesto de la obra no indica rubros ambientales ni sociales, mientras que la afectación predial corresponde sólo al 7 % del valor del proyecto. En cuanto a los costos de intermediación, el gerente explica que Edurbe cobra una administración de 5 % en los contratos de obra y 10 % en los de interventoría. En el caso del plan de drenajes, eso se traduciría en más de $14.000 millones que se destinarían al mantenimiento de la empresa. Este dinero le alcanzaría al Distrito para reparar la grieta que tiene en riesgo de colapso al cerro de La Popa, un proyecto paralizado por falta de presupuesto.

¿Contratación a dedo?

Entonces, ¿por qué la Alcaldía de Cartagena sigue entregándole recursos a Edurbe? La respuesta podría estar en su manual de contratación, que le permite contratar directamente obras públicas, algo que la ley les prohíbe a las entidades estatales en la mayoría de los casos. De hecho, Funcicar halló, a través de una revisión del Secop, que Edurbe subcontrató a dedo 29 de las 30 obras que le entregó la Alcaldía en 2017. “Eso impide que cada vez más personas naturales y jurídicas accedan a la ejecución de recursos públicos”, explica Érica Martínez, subgerente de la Andi Bolívar. El gerente de Edurbe ha prometido que la contratación del plan de drenajes se hará mediante convocatoria pública. Sin embargo, las decisiones cruciales sobre el destino de esta empresa, de los recursos públicos y de las obras pendientes quedará en manos del alcalde que los cartageneros elijan en las próximas elecciones atípicas, que, según el Guillermo Rivera, ministro del Interior, se harían el próximo 6 de mayo y no el 15 de abril, como se había decretado.