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Procuraduría solicitó informe por buses en mal estado en Cartagena

La petición, dirigida a la administración, se realizó luego de la polémica con el operador, por el funcionamiento de los buses en la capital de Bolívar.

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01 de septiembre de 2025 - 11:50 p. m.
En las fallas del transporte público en Cartagena se habla de sobrecupo, conducción peligrosa, uso de vehículos con deterioro estructural y mecánico, como oxidados o con puertas dañadas.
En las fallas del transporte público en Cartagena se habla de sobrecupo, conducción peligrosa, uso de vehículos con deterioro estructural y mecánico, como oxidados o con puertas dañadas.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
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La Procuraduría General de la Nación solicitó a la alcaldía de Cartagena un informe detallado de vehículos de servicio público de la ciudad, con lo que pretende evaluar las condiciones de estos automotores para determinar si cumplen con las normas de tránsito para circular.

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Esta petición se dio luego de la administración municipal denunciara que la mitad del parque automotor de Transcaribe estaban guardados por mal funcionamiento, responsabilizando al operador Sotramac. Según el Ministerio Público, el requerimiento se hace por las “constantes infracciones a las normas de tránsito registradas en la ciudad”.

La Provincial de Instrucción de Cartagena exigió esta información como resultado de las “fallas evidentes en la prestación del servicio”, entre las que se destacan el sobrecupo, la conducción peligrosa, y el uso de vehículos con deterioro estructural y mecánico, como oxidados o con puertas dañadas.

La acción preventiva, según el ente de control, busca proteger los derechos colectivos de los habitantes de Cartagena, garantizando que el transporte público se preste con calidad, seguridad, idoneidad y sin prácticas abusivas.

Además, el Ministerio Público solicitó una base de datos actualizada sobre los vehículos que prestan el servicio público colectivo urbano, junto con analizar la implementación de acciones integrales y sostenidas en el tiempo para asegurar la presencia institucional en las zonas críticas donde el servicio presenta mayores deficiencias.

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