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La alcaldía de Cartagena tuvo que suspender el desalojo que se tenía previsto para el próximo viernes 28 de marzo, de varios establecimientos comerciales y asentamientos irregulares que se encuentran sobre 7.404 m² que pertenecen al Distrito y se encuentran junto a la carrera 14 y Muebles Jamar, a tres minutos del Centro histórico.
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La razón es que una jueza de la ciudad pidió la suspensión del desalojo en respuesta a una tutela interpuesta por una mujer, que alega la violación de derechos fundamentales como al trabajo, al mínimo vital y a la igualdad, que ya habían sido protegidos en una acción de 2011. El problema es que el abogado no informó a la togada que quien puso la acción, Ana Batista, falleció en 2023, lo que para la alcaldía es un presunto fraude procesal.
Lo primero que es importante reconocer es que el predio que busca recuperar la alcaldía es un sector céntrico y ampliamente conocido, que es público y que por más de una década ha sido invadido por varios negocios (talleres, cantinas, estaderos y parqueaderos) y asentamientos irregulares, a lo que se suma que también está en una posición estratégica con altas perspectivas de crecimiento urbanístico.
Para la actual alcaldía de Dumek Turbay, la intervención de la zona es tan importante que la incluyó hasta dentro de su plan de desarrollo. A esto se suma que a mediados del año pasado llevó al Concejo un proyecto que le aprobaron para hacer un complejo deportivo y la estación de Bomberos de Bocagrande para lo que se invertirán más de 47.000 millones de pesos.
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De igual forma, el pasado 25 de febrero, fue ratificada en segunda instancia una orden policiva de recuperación del espacio público que permite la intervención del lugar. Con esto, según indicó la alcaldía, se comenzó el traslado de las familias a las que se les reconoció el traslado de vivienda y se anunció el desalojo del resto para este viernes.
En este tiempo, la alcaldía señala que se han impuesto 14 tutelas para impedir el proceso, pero fueron desestimadas, hasta ahora que aparece esta nueva orden con la que, de acuerdo con Róbinson Arroyo, abogado de la mujer que interpuso la tutela, buscan que se cumplan las pretenciones de su apoderada, para lo que cuenta con un poder de su hija y de esta forma evitar el desalojo.
Para la alcaldía, al no informar sobre la muerte de la mujer, el abogado podría haber incurrido en fraude procesal. “En múltiples sentencias de la Corte Constitucional se han desestimado casos así por la carencia de objeto como consecuencia de la muerte del titular de los derechos fundamentales cuya protección se perseguía. La Corte también ha emitido múltiples llamados de atención para adoptar medidas de protección objetiva por parte de los administradores de la justicia en procesos semejantes con un fallecimiento de por medio”.
A esto se suman denuncias de la Oficina Jurídica del Distrito que señalan que las todas las tutelas interpuestas tienen los mismos escritos y argumentos, pero solo cambian los nombres de quiénes interponen las acciones, por lo que consideran que se está provocando un desgaste judicial.
“Muchos de los ocupantes de este espacio público, al bloquear vías o al pronunciarse ante los medios de comunicación, se muestran como personas vulnerables frente al accionar de un gobierno autoritario. Sé que muchos en la ciudad saben que esto es falso. Incluso, uno de estos tutelantes es un ex candidato a la Cámara de Representantes y al Concejo Distrital; hay un parqueadero enorme con todos los juguetes; hay talleres y estaderos que facturan millones de pesos al día”, aseguró el alcalde Dumek Turbay.
Por el otro lado, las personas del sector han salido a manifestarse en contra de la intervención. “Si estamos de acuerdo en que la ciudad progrese, pero la constitución dice que tenemos deberes y derechos. Aquí gente que pagan impuestos, están afiliados a la Cámara de Comercio y, hasta la fecha, no ha venido un funcionario a hablar con nosotros para cumplir nuestras garantías constitucionales”, dijo a El Universal una de las afectadas.
Por su parte, Alexandra Ramos, otra residente del sector, afirmó al mismo medio que: “Nací aquí en Chambacú, tengo 20 años y hay hasta tres generaciones. No solo hay vándalos, también hay estudiantes, trabajadores honrados con sus negocios legales de cervezas, recicladoras. Nos quieren discriminar como si fuéramos menos. También somos personas, pueblo y merecemos casas”.
Por lo pronto, la Alcaldía de Cartagena solicitó revisar el accionar del abogado por no reportar la muerte de la tutelante, así como pidió a la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial del Consejo Superior de la Judicatura investigar la posible comisión de faltas disciplinarias y/o conductas del abogado.