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La alcaldía de Cartagena aplazó una audiencia a la que citó a la empresa Aguas de Cartagena (Acuacar) para evaluar el incumplimiento contractual del contrato de acueducto y alcantarillado, en el anunciado camino para declarar su caducidad.
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La entidad de servicios rechazó que hubiera faltas a los compromisos de servicio, para lo que citó cifras de la Superintendencia de Servicios, que indican que “el Índice de Sector registra la calificación 94,39 %”.
Además, la compañía argumenta que ejecuta las inversiones del contrato y mantiene la provisión de agua, pese al crecimiento de población y al incremento de asentamientos sin planeación. El Espectador habló con el abogado Jaime Lombana, quien es el apoderado de Acuacar.
“Lo que argumenta Aguas de Cartagena es que el alcalde y su secretaria general no pueden ser juez y parte en una investigación estructurada para lograr un fin político del alcalde, que es entregar la prestación del servicio de agua a una empresa totalmente pública”, dice el abogado.
Agrega que la Alcaldía no puede iniciar un proceso sancionatorio porque tiene el 50 % y su delegada preside la junta directiva de Acuacar. “Si el Distrito hace parte de la junta directiva y es socio en la mitad de la empresa que ha venido operándola, pues el Distrito conoce que las dificultades, que nadie niega, no se deben a inoperancia o a inoperatividad de la empresa, sino a unas dificultades externas, asentamientos no planificados, migraciones de poblaciones vulnerables, además del cambio climático”, dijo Lombana.
Otro argumento que da el abogado es la existencia de una acción popular presentada el pasado 4 de julio por el alcalde contra Acuacar y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. “La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 22 de junio. Ese mismo día, el Tribunal decretó medidas cautelares solicitadas por Turbay relacionadas con la prestación del servicio de agua”, indicó la Contratopedia Caribe, lo que está conectado con procesos sancionatorios por continuidad y calidad del servicio, infraestructura, inversiones, contingencias operativas y presuntos incumplimientos del contrato.
Para Acuacar, la existencia de ese litigio impide que el alcalde intervenga como autoridad administrativa en otro trámite contra la empresa sobre asuntos similares.
Además, Lombana advierte que declarar la caducidad del contrato tendría afectaciones directas sobre el patrimonio público. “Una decisión que impacte el valor de la empresa afecta, en la misma proporción, el patrimonio de los cartageneros” y afirma que el impacto debe ser cuantificado para que la ciudadanía conozca sus consecuencias en el patrimonio público.
El abogado añade que “en la sensatez está la respuesta a este problema. Y la sensatez se le pide al alcalde. No es con insultos a la empresa, no es con descalificaciones que se soluciona. Nosotros no estamos descalificando ni ofendiendo al alcalde ni mucho menos. Lo que estamos pidiendo son garantías, sensatez”.
Cartagena y los nuevos prestadores del servicio
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, presentó un proyecto de acuerdo al Concejo del Distrito para cancelar el contrato con Aguas de Cartagena y crear una empresa de servicios.
La entidad asumiría el control del agua, el alcantarillado y el aseo en la ciudad. La iniciativa busca terminar el modelo de concesiones que se emplea desde los años 90.
El texto propone eliminar los racionamientos, ampliar la cobertura y acabar con los basureros en los barrios y corregimientos. A esto, el mandatario aseveró que los cortes de agua responden a tácticas de operadores para exigir dinero.
“Luego de analizar todos los escenarios y denotar presuntos engaños a la ciudad, no podíamos seguir tolerando que privados hagan fiesta con los derechos de la gente. Cartagena nos eligió para solucionar problemas y no para compartir mesa y mantel con quienes quieren fregarnos, a través de eufemismos como “racionamientos sistemáticos para hacer mantenimientos”, argumentó.
La alcaldía señaló a este medio que la nueva empresa de aseo y alcantarillado tendría una gerencia general de libre nombramiento por parte del alcalde, delegados de la administración local y vocales de control elegidos por los comités de desarrollo y control social. Iniciaría sus operaciones respaldado por una inyección de capital de diez mil millones de pesos.
Inversiones de Acuacar
De acuerdo con el gerente general de Aguas de Cartagena, John Montoya Cañas, en este momento tienen dos grandes inversiones para fortalecer la captación del agua, optimizar la red de distribución y garantizar la sostenibilidad del servicio ante el crecimiento urbano que se ha registrado en la ciudad.
Este proyecto se concentrará tanto en la ampliación de la red de distribución desde la planta El Cerro como en la construcción de un nuevo módulo de tratamiento en la planta El Bosque, que es la encargada de abastecer cerca del 90 % del servicio en Cartagena.
Por ahora, el sistema de acueducto de la ciudad cuenta con 1.753 kilómetros de redes de distribución y 1.149 kilómetros de alcantarillado, con los que se atiende a más de 347.000 usuarios de acueducto y 314.000 de saneamiento, según datos de la entidad.