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“Si esos recursos llegan a la mano del Gobierno Nacional y no nos dan la participación, pues a nosotros nos tocará buscar una alternativa y esas alternativas están dadas en seguir talando árboles o hacer minería ilegal nuevamente, y seríamos participes de la ilegalidad que hay en este país”, aseguró Levy Andoke, presidente del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas, mientras esperaba en un hotel en el centro de Bogotá la votación en el Congreso del Plan Nacional de Desarrollo esta semana.
Se tuvo que desplazar a la capital a buscar un espacio con el actual Gobierno porque él y las comunidades indígenas y afros ven con preocupación la intervención que está teniendo el mercado de bonos de carbono en la reforma tributaria y el Plan de Desarrollo, en donde, según alegan, se quedarían sin importantes recursos que reciben por conservar sus territorios, que les han permitido dejar a un lado el tener que vivir de las economías ilegales ante la ausencia del Estado. “Nos preocupa enormemente la situación actual de la política del Gobierno Nacional. La reforma tributaria nos afectó directamente, porque allí el Gobierno nos quita el 50 % de los recursos que generan estos territorios y ahora con el Plan Nacional de Desarrollo, que también le está apostando a la centralización de los recursos de la Amazonia colombiana sin la participación de nosotros”.
Para entender por qué están preocupadas las comunidades que están recibiendo importantes recursos por la venta de bonos de carbono hay que saber que el mercado de carbono nació en Colombia con el Decreto 926 de 2017, que les permite a las empresas compensar su impuesto de carbono con créditos de carbono originados en proyectos certificados.
En el mercado de carbono hay varios actores: los proponentes de los proyectos, que son las personas dueñas de la iniciativa de mitigación; en el caso de proyectos forestales, son los dueños de los bosques. En Colombia el 32 % de las tierras boscosas pertenece a territorios colectivos: resguardos indígenas y comunidades negras. Es por eso que en los proyectos forestales la mayoría de los proponentes son comunidades indígenas y negras. El segundo actor son los desarrolladores de proyectos; es decir, empresas de consultoría. El tercer actor son los órganos de validación y verificación. Luego están los programas de certificación. Aquí ha existido un proceso interesante de trabajo conjunto entre privados e indígenas y, aunque ha habido algunos problemas en medio del aprendizaje del modelo con algunas empresas y comunidades, hay matrimonios que están funcionando bien.
Finalmente, pero no menos importante, esta el Renare, una plataforma creada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para registrar los proyectos y generar información agrupada como país para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC); sin embargo, esta plataforma nunca ha operado correctamente, lo que deja un vacío grande de la reglamentación colombiana en la estructura del mercado de carbono.
El mercado de carbono funciona de manera ágil y sistemática hasta ahora. Si una empresa desea ser carbono neutro o neutralizar parte de sus emisiones de gases de efecto invernadero, deberá contactar a los desarrolladores de proyectos o revisar la disponibilidad de créditos de carbono en los registros de los programas de certificación reconocidos.
Las empresas que compran los créditos de carbono de comunidades indígenas, por lo general, hacen los pagos directamente al desarrollador del proyecto, quien deberá garantizar que los recursos se entreguen a los proponentes; es decir, a las comunidades que a través de asambleas deciden qué hacer con estos recursos. “Hacer los trabajos de REDD+ (reducción de emisión de gases de efecto invernadero) nos ha permitido cuantificar los bosque que tenemos para mirar las cantidades de créditos de carbono acumulados en este territorio; una vez hecho eso, la asamblea de estos pueblos se reúnen para hacer la inversión de los recursos a través de proyectos de las necesidades de las comunidades. Se va diciendo cómo se priorizan los recursos, como se priorizan también los proyectos y en la mayoría de los casos se ha permitido que estos recursos le lleguen a toda la población en diferentes temas: educación, infraestructura, pago de profesores, pago de alimentación para los niños, trasporte, trabajos que tienen que ver con salud, infraestructura de las viviendas de la gente... en todo lo que tiene que ver con saneamiento básico”, asegura Levy.
Por otro lado, los desarrolladores, teniendo en cuenta las situaciones de conflicto, la falta de gobernanza estatal y el riesgo con actores al margen de la ley que tienen dichas comunidades, deposita esos recursos en una fiducia para ser retirados mediante un representante legal cuando la asamblea ha decidido en qué proyectos los van a invertir y evitar así que lleguen a manos criminales.
Esto quiere decir que nunca antes las comunidades indígenas y afros que hoy están en el negocio de venta de bonos de carbono habían recibido recursos de manera directa por conservar, pues siempre tenían que esperar a que el Gobierno girara recursos que, por lo general, no alcanzaban para cubrir las necesidades básicas de toda la comunidad al vivir estas en lugares apartados del territorio nacional adonde casi nunca llega el Estado y quienes puede tardar tres días en lancha para salir al casco urbano más próximo, a un costo aproximado de $5 millones un solo trayecto.
“Es la primera vez que estos recursos entran directamente a los pueblos indígenas y recursos suficientes para la solución de los problemas, esto ha servido también para que se mitigue la necesidad de la gente, porque antes la mayor parte de los jóvenes y las personas de la región participaban en actividades que llegaban como bonanza a este territorio, como la minería ilegal, la tala de árboles y hasta el narcotráfico; uno podría decir que no había más alternativas para la gente en esta zonas y este proyecto de REDD +, que se genera a través de la conservación de estos territorios, ha servido para suplir esas necesidades básicas”, cuenta Levy. (Recomendamos: Lea un reportaje de Federico Benítez desde la franja de Gaza).
Pero Levy y las comunidades han visto cómo un negocio legal y regulado, en donde reciben recursos directos por conservar, se ha venido abajo desde que empezó el actual Gobierno; primero en su reforma tributaria, disminuyeron la no causación del impuesto al carbono en 50 %, esto significa que cayó la demanda por créditos de carbono en 50 % en el país, reduciendo el precio que se paga por créditos de carbono y, por ende, el valor que reciben las comunidades para el desarrollo de sus planes de vida. Por otro lado, como si no fuera poco, el Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo a través del articulo 329 propuso controlar y administrar el mercado de carbono mediante facultades extraordinarias. Es curioso ver cómo un gobierno que ha hablado de descentralización e inclusión a los más necesitados choca contra la única fuente de ingresos que tienen las comunidades abandonadas históricamente por el Estado. Según Levy, “la ministra de Ambiente ha venido promoviendo centralizar los recursos. Por un lado, ha montado un concejo para el tema ambiental donde no estamos los indígenas, está promoviendo una agencia para el control de estos mercados y estamos de acuerdo con que se controlen, que se reglamente, pero en una reglamentación tienen que incluir esas voces indígenas, no solamente el Gobierno Nacional, que ha estado muy cerrado a querer discutir con nosotros los temas que nos afectan”.
La diferencia entre lo que reciben las comunidades por la venta de bonos de carbono por conservar sus territorios y lo que antes les daba el Estado es abismal, según cuenta Carlos Andrés Ruiz, coordinador del resguardo Puerto Sábalo-Los Monos: “Nos ha cambiado la vida totalmente; primero que todo, no teníamos una ayuda por parte del Gobierno en el bajo Caquetá, en donde se encuentra el resguardo. Ahora, con el proyecto REDD+ nosotros nos sentimos satisfechos. Hemos recibido una cifra total de $20.000 millones por la venta de bonos, pero esos recursos no son plata de bolsillo, nosotros tenemos unos proyectos implementados que los hacemos ante asambleas. Antes de los recursos que nos llegaban de la Alcaldía, unos $70 millones anuales, nos quitaban el 50 % y eso no nos daba para los gastos de los habitantes que tenemos dentro del resguardo. Por primera vez sentimos que podemos vivir dignamente en nuestro territorio”, concluye Carlos Andrés mostrando con orgullo una foto del bote ambulancia que compraron con estos recursos, que ahora les permite trasladar a los enfermos del resguardo a hospitales de mejor nivel.
Con opiniones a favor y en contra, hay que reconocer que el mercado de bonos de carbono ha sido una verdadera oportunidad para muchas comunidades apartadas y relegadas por el Estado que estaban condenadas a vivir en el olvido y sobrevivir de las rentas ilegales. Lamentablemente para estas comunidades, las últimas propuestas del Gobierno han generado un ambiente hostil, no solo incluso hacia la inversión extranjera sino que de algún modo pone en riesgo su seguridad alimentaria, la misma que encontraron en este negocio lícito en el que por fin han aprendido a ser autosostenibles.
Por ahora las comunidades solo le piden al Gobierno que, en vez de obstaculizar los proyectos REDD+, se siente con ellos y los demás actores a regular “este mercado, que es más rentable que el de coca” y no solo los ha sacado de la economía de la ilegalidad, sino que están convencidos que desde estos territorios, entendiendo las bondades del negocio, se puede empezar a construir una “Colombia más humana”.
* Periodista de Los Informantes, de Caracol Televisión.