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El fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), anunciado el 21 de abril, que determinó que Colombia violó derechos soberanos de Nicaragua en sus espacios marítimos, puso en evidencia los derechos sobre la pesca artesanal en bancos tradicionales de las comunidades raizales de San Andrés y Providencia.
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La CIJ negó la existencia de derechos de pesca artesanal de los raizales en los 75.000 kilómetros cuadrados que en 2012 ese tribunal declaró como Zona Económica Especial (ZEE) de Nicaragua.
El derecho a la pesca artesanal fue uno de los argumentos y demandas de Colombia para justificar la injerencia de la soberanía sobre territorio marítimo de Nicaragua, alegando la importancia que representa para los pescadores de la isla acceder a estos territorios de pesca.
En medio de la disputa, la comunidad raizal es la principal afectada, pues han visto limitada la actividad pesquera que mantienen desde hace años. La pesca artesanal usa formas tradicionales de obtención de peces con redes, anzuelos y demás. Se trata de flotas pequeñas que se desplazan a pocos metros de la orilla del mar y suelen ser ambientalmente responsables con el mantenimiento del ecosistema.
Silvia Mantilla Valbuena, docente de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, en declaraciones a la Agencia de Noticias de la UNAL, comenta que el fallo de la CIJ de La Haya es un fuerte golpe para las comunidades raizales del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. “Es una comunidad que además de vivir ya un poco aislada en su espacio insular, ahora es despojada de esa otra gran parte que componía su espacio vital que es el mar”.
Edgar Jay Stephens, presidente de la Guardia Raizal y líder de la Federación de Pescadores de Providencia, comenta: que dentro de toda la tensión diplomática existente y ante las decisiones de la Corte Internacional de La Haya, los pescadores y la comunidad raizal nunca fueron consultados por el Gobierno de Colombia y se han tomado decisiones sin tenerlos en cuenta, que son los principales afectados.
“La Corte dice que los dos países deben firmar un tratado que garantice los derechos de pesca, pero es que el territorio es de nosotros, de los raizales, debemos ser nosotros quienes se sienten a hablar, somos los interlocutores válidos”, manifiesta Stephens.
Es categórico al señalar que sus derechos a la actividad pesquera han sido violados desde antes del primer fallo de la Corte (2012), a causa del aumento de los casos de pesca industrial e ilegal en manos de compañías extranjeras y embarcaciones artesanales de San Andrés, que salen con personas instaladas de forma ilegal en el departamento, pues no poseen la tarjeta de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE).
“Nosotros venimos desde hace rato exigiendo que se respeten nuestros derechos pesqueros, se erradique la pesca industrial y se controle la pesca por parte de pescadores ilegales, auspiciados por el mismo gobierno departamental, el Gobierno colombiano y las instituciones que deben controlar la pesca”, asegura Stephens.
Por eso, asegura que es incoherente que Colombia hable en la Corte de los derechos de pesca de la comunidad raizal, pues no los ha defendido antes. “El derecho pesquero es de los pescadores artesanales de Providencia y San Andrés, no se puede utilizar solamente como un argumento para una corte internacional de justicia. El derecho pesquero se debe aplicar y precisamente es el Estado colombiano el que está violando nuestros derechos”.
La Ley 13 de 1990 o estatuto general de pesca, en su artículo 59, precisa que se considera pescador a la persona que se dedique a la extracción de recursos pesqueros por métodos lícitos y que el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA) establecerá la clasificación de los pescadores.
Según Stephens, para que el INPA proporcione el registro departamental de pesca en San Andrés se debe tener el OCCRE, que garantice que la persona está residiendo de forma legal en la isla. “Los ilegales pasan en frente de la Armada y no hacen nada. Uno se pregunta, ¿de qué derecho pesquero están hablando?”, reflexiona.
Hernán McGowan, quien lleva casi cuatro décadas trabajando como pescador ancestral en San Andrés, confirma la denuncia de Stephens: al asegurar que ha encontrado embarcaciones jamaicanas en territorio colombiano. “Me encontré un barco de pescadores provenientes de Jamaica. Ellos no podían estar ahí, pero el capitán dijo que sí porque tenían un permiso desde Bogotá. ¿Cómo es que Bogotá va a dar el permiso a pescadores que son de Jamaica a pescar en un territorio que es de nosotros?”, cuestiona McGowan.
El Espectador indagó sobre esta situación a Everth Julio Hawkins, gobernador de San Andrés y Providencia, quien rechazó las declaraciones de los pescadores ya reseñadas. “Ellos mencionan que la Armada colombiana los ha sacado de sus territorios ancestrales y que apoya la ilegalidad, pero ha sido la misma Armada la que ha denunciado los casos de pesca ilegal. Yo no voy a decir que antes de 2012 o hace muchos años no pasara eso, pero la Armada desde el primer fallo se convirtió en el mayor protector de los pescadores”, afirma Hawkins.
Añade que en la isla hay muchas personas que transportan drogas o llevan contrabando en sus embarcaciones, bajo el supuesto trabajo pesquero que realizan, por ello, según él, la Armada protege a los pescadores artesanales de los ilegales que cometen estos delitos. “La Armada transita por ahí por cuestiones de control del narcotráfico. Muchos desafortunadamente han utilizado la actividad pesquera para hacer narcotráfico y contrabando. No son todos, la mayoría son honrados, eso sí hay que decirlo con toda claridad”, responde Hawkins.
Sin embargo, los pescadores insisten en que no se sienten protegidos por la Armada y que, por el contrario, se sienten intimidados por ambos gobiernos (de Nicaragua y Colombia), por “violar sus derechos”, según afirman.
“Tenemos miedo a ambos lados, porque si la guardia costera de Colombia encuentra mi navegación cerca de la frontera marítima, que está muy lejos de San Andrés, seguramente me va a coger diciendo que estoy llevando droga. Y si las autoridades de Nicaragua me encuentran en este sitio, me van a meter en la cárcel. No somos criminales y cualquier fallo debe ser a favor de los raizales”, dice McGowan.
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Golpe económico
La pesca practicada de forma ilegal y la pérdida de territorio marítimo ha afectado a los pescadores sanandresanos. El fallo del 19 de noviembre de 2012 confirmó la soberanía de Colombia sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como de siete islas menores y cayos (Albuquerque, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Bolívar, Roncador y Quitasueño), pero dejó la pérdida de 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial en los que había bancos tradicionales y exclusivos económicamente.
Al respecto, Hernán McGowan, experimentado pescador, asegura que han navegado en zonas marítimas de Nicaragua, pues allá mantenían tradicionalmente actividades de pesca y, además, hay mayores y mejores recursos pesqueros. Sin ese territorio, sus ingresos económicos han disminuido.
“Nosotros llegamos más allá de la zona 82 (frontera marítima con Nicaragua), ya que alrededor de San Andrés y en los cayos no cogemos lo suficiente para sostener a la familia. En San Andrés tengo que durar entre ocho a quince días para coger mil libras de pescado y en Nicaragua son solo dos días para recoger lo mismo”, explica McGowan.
El profesor Raúl Román, de la UNAL Sede Caribe, considera que “tras el fallo, el Gobierno queda con una deuda histórica aún más grande con el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sus habitantes”.
Según la Agencia de Noticias de la UNAL, para Román “quedan pocas cosas por hacer más allá de que el Gobierno colombiano, que fue derrotado diplomáticamente, asuma el compromiso de asegurar una buena negociación que garantice el ejercicio de la pesca, especialmente en un momento en el que la carestía generada por los efectos de la pandemia, y la crisis provocada por el conflicto entre Rusia y Ucrania empiezan a amenazar la subsistencia de esta población”.
Cerca de 900 pescadores afiliados
Los recursos marítimos son una de las principales fuentes económicas para San Andrés y Providencia. Allí, el pargo rojo de profundidad es el más común. También pescan pargo caribeño, pargo manglero y cherna.
Según Edgar Jay Stephens, presidente de la Guardia Raizal y líder de la Federación de Pescadores de Providencia, en San Andrés hay cerca de 500 personas raizales dedicadas a la pesca artesanal y en Providencia son casi 400 pescadores, afiliados en la federación.
Asimismo, asegura que el pescador promedio de Providencia, teniendo plena garantía sobre sus derechos pesqueros, gana de tres a cinco salarios mínimos mensuales por la faena o el trabajo de pesca marina.
La pesca artesanal es importante para el departamento, en especial para la comunidad raizal, pues son aproximadamente mil personas raizales dedicadas dedicadas a esa actividad. Estas personas mantienen a cada una de sus familias, que hacen parte de una población de 61 mil habitantes, hasta el censo de 2018, en San Andrés y Providencia.
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“Estamos hablando de pescadores que son dueños de lanchas, barcos, de su propio negocio. Ahora los pescadores de Providencia tenemos negocios pesqueros que son lucrativos, pero nos quieren imponer la relación tradicional de trabajador y empresa. Eso no lo queremos, nosotros somos productores libres” manifiesta “el presidente de los pescadores”, como es conocido Stephens en la zona.
Para los isleños es un inconveniente no poder acceder al mar que las anteriores generaciones sí pudieron disfrutar, pero también manifiestan que sus problemáticas no giran exclusivamente alrededor del fallo.
Por ejemplo, viven en un contexto de sobrepoblación que, según ellos, también ha afectado sus derechos pesqueros, pues los extranjeros o personas provenientes del espacio territorial colombiano, no necesariamente raizales, han empezado a trabajar como pescadores en territorios usados por ellos.
San Andrés tiene una superficie de 27 kilómetros cuadrados, en la que viven casi 70 mil personas, lo que evidencia un problema de sobrepoblación. Desde 2018, el gobierno departamental, encabezado en su momento por el gobernador encargado, Juan Francisco Herrera, alertó que en la isla habría una sobrepoblación de por lo menos 30 mil personas.
Es en ese contexto que los habitantes del archipiélago piden mayor presencia del Gobierno Nacional pues este no es el único problema que afecta sus derechos pesqueros y entre algunos habitantes han empezado a surgir sentimientos separatistas y de autonomía. “Este territorio es de nosotros y vamos a hablar con el que sea, pero nosotros no lo vamos a hacer en una actitud de postración ni con Nicaragua como con Colombia. Tiene que respetar que este territorio es nuestro, de nadie más”, finalizó Stephens.
