11 Oct 2021 - 3:46 p. m.

Inventario de las necesidades apremiantes del Catatumbo

A propósito del caso Tibú, capítulo del libro “Catatumbo: memorias de vida y dignidad”, investigación y publicación del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, 2018) donde advertía sobre la violencia persistente de esa región, después de los acuerdos de paz con las Farc.

Centro Nacional de Memoria Histórica / Especial para El Espectador

Atender las necesidades apremiantes de la gente

Como se hace evidente en este informe y fue narrado en distintos tonos y repetidas ocasiones por habitantes del Catatumbo, esta ha sido una región históricamente marginada. Para sus pobladores la presencia del Estado está asociada en esencia a políticas de carácter punitivo. Esa presencia, en concreto, se han traducido en el interés por la explotación de recursos naturales para atender las demandas de los mercados internacionales; por la imposición de políticas poco eficientes para la erradicación de cultivos de uso ilícito y por una elevada presencia militar que, pareciera, es la única respuesta a los persistentes, diversos y complejos conflictos vigentes en la región. A este escenario, que habitantes relacionan con una ingente inversión de recursos financieros, se contrapone la pobreza y marginamiento en el que vive un alto porcentaje de la población, en particular, la que habita zonas rurales. (La noticia: El asesinato de dos niños venezolanos en Tibú, acusados de robo).

Esto explica por qué, en forma reiterada, catatumberos y catatumberas hicieron referencia a la ausencia de Estado para narrar el eje principal que explica la persistencia de los conflictos y la marginación en el Catatumbo. Evalúan que las políticas punitivas en el territorio no solo no contrarrestan las precarias condiciones de vida, sino que, por un lado, fortalecen los estigmas asociados a su población y, por el otro, profundizan la falta de credibilidad de la población catatumbera en el Estado. (Más: Las amenazas contra los líderes del Catatumbo por las curules de paz).

En este contexto, una de las principales exigencias es una presencia del Estado que atienda las apremiantes necesidades que tiene la región y logre garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de sus pobladores. Como fue relatado en los espacios de reconstrucción de memoria histórica: atender esas precarias condiciones de existencia de quienes habitan la región, es la materia prima para sentar las bases sobre las cuales se establezca una paz estable y duradera en el Catatumbo.

En la actualidad, la región continúa teniendo los peores indicadores sociales de Norte de Santander, situándose por encima del promedio nacional en indicadores de pobreza, mortalidad infantil, embarazo adolescente, cobertura de servicios públicos y saneamiento básico334. El actual porcentaje de población con alguna necesidad básica insatisfecha es alarmante, según el DANE, para 2018 es del 32 por ciento para la población que habita los cascos urbanos de los municipios y del 69 por ciento para la población rural. Lo que se agrava si se tiene en cuenta que en el Catatumbo la población rural es mayoritaria.

En lo referente a la salud, la región tiene pocas UBA (Unidades Básicas de Atención) y no cuenta con hospitales de tercer y cuarto nivel de complejidad. El conflicto armado ha ocasionado que profesionales de la medicina o profesores rechacen sus nombramientos en la región, lo que en la actualidad se traduce en un déficit de estos profesionales. El desempleo, en especial en la zona rural, sobrepasa el 50 por ciento (Conpes, 2013) y la oferta existente, en muchos casos, es precaria. Se trata de empleos temporales y con malas condiciones de remuneración.

De hecho, 97 por ciento de los trabajos son informales (Conpes, 2013). Los poco más de dos mil kilómetros de infraestructura vial con los que cuenta el Catatumbo -la mayoría construida para la explotación petrolera (PNUD, 2014)-, se encuentran en pésimas condiciones, lo que perpetúa su aislamiento tanto de Cúcuta como de Ocaña, principales centros urbanos del departamento, y de allí con el resto del país. Así mismo, el sector campesino no cuenta con programas y políticas que garanticen su sostenibilidad en condiciones dignas, no hay oferta de asistencia técnica, líneas de créditos, incentivos, seguros o apoyos normativos que promuevan la producción y comercialización de sus productos, como sí ha ocurrido en la región con proyectos agroindustriales como el de la palma aceitera.

Por este contexto de persistente vulneración de las condiciones básicas de existencia de los habitantes de la región, El CNMH recomienda a los Ministerios de Educación, Salud, Transporte, Agricultura y Desarrollo Rural, al Departamento de Prosperidad Social, así como a las instituciones responsables de estos temas a escala departamental y municipal, la implementación y seguimiento de programas que garanticen la concreción de los postulados del Estado social de derecho en el Catatumbo.

A su vez, se hace necesario el reconocimiento de las difíciles condiciones en las que docentes del Catatumbo tienen que llevar a cabo su labor, muchas veces en medio de situaciones de zozobra y miedo por estar inmersos en un contexto de conflicto armado vigente. La adecuación y ampliación de hospitales de mayor complejidad y de centros de salud, en especial en el sector rural, es una necesidad que clama la región. Como se mostró en el capítulo 2, campesinos y campesinas de la región establecen en sus memorias una compleja paradoja: habitan una región rica en recursos naturales, suelos fértiles, agua abundante y una biodiversidad exuberante, sin embargo, reconocen que dedicarse a trabajar la tierra y a la producción y comercialización de cultivos de pancoger significaría en muchos casos su ruina.

Ello ocurre porque en la región no existen canales que garanticen la siembra y posterior comercialización en condiciones justas de cultivos como la yuca, maíz, cacao, frutales, entre otros. En particular, los habitantes hicieron mención de las pésimas condiciones de vías y caminos existentes en la región, sobre todo en las zonas rurales, lo cual dificulta que los productos de pancoger que cultivan lleguen en buenas condiciones y a tiempo a los mercados para su comercialización. En muchos casos se encuentran, además, con que el pago por estos productos no retribuye el trabajo y recursos invertidos.

A esta dinámica se suma la puesta en marcha de un modelo de desarrollo agroindustrial y minero-energético en la región que se enfoca más en dinamizar la producción de cultivos a escala industrial como el de la palma de aceite, desestimando las prácticas agropecuarias que constituyen las economías campesinas de la región, un proceso de descampesinización en ciernes. Es por lo que, el CNMH, hace suya la voz de la comunidad para solicitar al Ministerio de Transporte y al Gobierno departamental y municipal que se garantice la gestión e inversión de recursos para la ampliación y el mejoramiento efectivo de la infraestructura vial de la región, con particular énfasis en las zonas rurales.

A su vez, recomienda al Estado el respaldo al campesinado como sujeto económico, social y cultural de derechos y por esta vía, el fortalecimiento de las economías campesinas. Reconocer y proteger las dinámicas organizativas En las memorias de habitantes de la región permanecen vigentes los reclamos que han puesto en marcha desde sus corregimientos, veredas, municipios y organizaciones para exigir al Estado soluciones efectivas que garanticen una vida digna en el territorio. Estas exigencias, se han elaborado en distintos momentos, en numerosos espacios y echando mano de una diversidad de repertorios.

Las comunidades del Catatumbo han encontrado formas de organización y acción comunitaria que han buscado atender sus necesidades más sentidas, desde las cuales se ha erigido el movimiento comunal y cooperativo, una red que, entre los años ochenta y noventa, apalancó una diversidad de apuestas comunitarias, en particular, de habitantes rurales; la implementación de propuestas de comercialización y transformación de productos a nivel local y regional; la construcción de planes de vida; los planes alternativos de sustitución de cultivos de uso ilícito y la defensa de sus derechos, entre otras.

Muchas de las demandas de habitantes de la región se han articulado alrededor de movilizaciones y protestas acompañadas de pliegos de peticiones que han conducido a las ya numerosas negociaciones con el Gobierno regional y nacional. Sustentadas en el conocimiento que construyen las comunidades sobre su entorno y en el fortalecimiento de la economía y la identidad indígena y campesina. En conjunto, esta experiencia social regional se convierte en un valioso acumulado de aprendizaje con un potencial para encontrar salidas viables a los persistentes problemas que aquejan al Catatumbo.

Dado que muchas de las políticas que se implementan en la región son vistas por sus habitantes como imposiciones, en la medida en que no son consultadas ni se corresponden con sus capacidades e ideas de bienestar, se considera indispensable abrir espacios de participación que reconozcan, legitimen y den impulso a este acumulado, esto permitirá la consolidación de un ambiente favorable desde el cual construir apuestas concertadas, viables y reconocidas socialmente que, en últimas, redundaran que el Estado recupere la legitimidad que se ha visto lesionada.

Uno de los elementos que de manera persistente emergió en las conversaciones con personas de la región fue la necesidad de poner en marcha espacios efectivos de información y participación. En la actualidad, habitantes reclaman que los PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial) –creados en el marco de la firma del Acuerdo final con las FARC e implementados por la ART (Agencia de Renovación del Territorio)–, pese a que han sido concebidos para ser construidos de manera participativa, no se han dado a conocer de forma adecuada y completa, o se han desconocido temas esenciales, por ejemplo, los intereses y necesidades del Pueblo Barí, o las formas que tienen las comunidades campesinas para adelantar procesos democráticos de consulta y toma de decisiones.

A ello se suma la reiterada percepción de habitantes de la región de que la intervención estatal se da de forma desarticulada, dispersa y errática, lo que genera incertidumbres no solo en la consecución de metas y objetivos, sino que además atenta contra la garantía de los derechos de la población. Por lo anterior, el CNMH considera importante que el Gobierno nacional, departamental y los municipales hagan un esfuerzo conjunto por reconocer el acumulado organizativo, el conocimiento colectivo, las instancias de toma de decisiones y las apuestas de la población, con miras a establecer mecanismos y espacios de diálogo en donde se tomen decisiones de manera informada y concertada sobre el acontecer futuro del Catatumbo. En especial, relevante es el reconocimiento y fortalecimiento de las JAC, órgano fundamental y corazón de la vida comunitaria de la región, así como las organizaciones indígenas de los Barí.

Advierte la población catatumbera que, en su gran mayoría, los compromisos adquiridos en los escenarios de movilización social colectiva no han sido cumplidos; en otros casos, los que se han ejecutado han resultado insuficientes, lo que ha generado no solo el aplazamiento indefinido de las acciones que resuelvan los problemas existentes identificados y priorizados por las comunidades y organizaciones, sino que, además, ha significado el aumento de la desconfianza que las comunidades y organizaciones han acumulado hacia las actuaciones del Estado.

En el caso de la puesta en marcha de planes de desarrollo para la región, habitantes reconocieron que en muchos casos no se recibió la inyección de recursos necesarios para su implementación, generando desgaste (pues han pasado por múltiples escenarios de elaboración de diagnósticos locales) y la posterior frustración por la no ejecución de lo proyectado. Por otra parte, en muchos casos las y los líderes de movilizaciones y protestas han sido y continúan siendo señalados y estigmatizados, situación que vulnera su integridad y que, en no pocos casos, ha significado la pérdida de su vida, con los impactos a mediano y largo plazo que ello les imprime a las distintas formas de movilización social existentes en la región.

En este sentido, es vital que el Gobierno nacional, departamental y los municipales, retomen y cumplan los acuerdos y compromisos adquiridos con los pobladores en los múltiples escenarios de negociación establecidos. Así mismo, se deben fortalecer acciones que contribuyan a eliminar la estigmatización que ha recaído sobre dirigentes y líderes de las movilizaciones sociales. El actual escenario de conflicto latente, afecta de manera particular a los líderes y lideresas de la región, tales como presidentes y presidentas de JAC y miembros de asociaciones de diverso tipo.

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