La amenaza del invierno en el Canal del Dique

Los cultivos de arroz, yuca, frijoles, entre otros, se ven afectados por las filtraciones de agua en la temporada de lluvias.

Con la llegada de la temporada de lluvias, volvieron los charcos a pocos pasos de la casa de Fredy Martínez, representante de la Asociación de Campesinos y Pescadores del Canal del Dique, quien vive en el corregimiento de Puerto Badel, en Arjona, Bolívar. “Nací en el Canal del Dique y me levanté en este río”, dice. Arjona es uno de los pueblos del Canal del Dique, una bifurcación artificial del río Magdalena, que lo conecta con el océano Atlántico y abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre. El pasado 12 de noviembre, las autoridades declararon la alerta amarilla por el aumento del nivel del agua, que alcanzó los 7,83 metros. Según la Oficina de Gestión de Riesgo de Atlántico, la cota de desbordamiento es de nueve metros.

Las alarmas sobre el nivel de las aguas del Canal se prendieron a finales de septiembre, cuando habitantes del sur del Atlántico reportaron crecidas del caudal y filtraciones en sus viviendas. Candelaria Hernández, subsecretaria de Prevención y Atención del Riesgo de Atlántico, señala que los municipios más afectados son Santa Lucía, Manatí, Repelón y Sabanalarga, donde los corregimientos de La Peña y Aguada de Pablo se afectan por el alto nivel en el embalse del Guájaro. En estos municipios se han presentado filtraciones en las viviendas, estancamiento de agua en las calles y hay alertas por posibles inundaciones.

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En Bolívar, la situación no es muy diferente. Martínez indica que sus cultivos (yuca, plátano y maíz) están debajo del agua. “El río se lo lleva todo”, señala. Antonio Godoy, agricultor del corregimiento de Lomas de Matunilla, en Turbana, Bolívar, indica que el invierno también ha arrasado con varios de sus cultivos: “El agua ha debilitado hasta el plátano, que se cae solo con cualquier viento. Solo nos queda para comer en la casa. Pasa igual con la yuca, y el arroz está luchando contra la creciente del agua; vamos a ver qué pasa”.

Como medida ante la emergencia, se han realizado trabajos de protección con estacados y sacos relleno en zonas del Canal para evitar que las corrientes se viertan en los canales de alivio. Según la subsecretaria Hernández, el estacado “ha funcionado de buena manera, ha detenido la presión del agua sobre los muros de contención y ha evitado que el agua siga entrando a predios rurales”. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por su parte, está realizando obras de prevención en los puntos críticos que hay en la ribera.

Sin embargo, en las últimas semanas habitantes del sur del Atlántico y de Bolívar han seguido reportando afectaciones por la filtración del agua. De hecho, a comienzos de noviembre, líderes de municipios como Santa Lucía, en Atlántico, aseguraron que temen inundaciones y una posible tragedia ante el aumento del caudal del río Magdalena, y denunciaron que las obras de mitigación no han sido suficientes. Esta preocupación se fundamenta también en el pronóstico del IDEAM, que indica que las lluvias en el Caribe aumentarían hasta en un 70 % entre este noviembre y enero del próximo año.

Asimismo, por lo menos doce municipios del Atlántico tuvieron que declarar la calamidad pública para pedir ayuda en la atención a la población afectada, pues la emergencia supera la capacidad presupuestal de los municipios.

Algunos sectores han señalado incluso que los diques son medidas insuficientes si se enmarcan en las condiciones del terreno, pues la mayoría de las afectaciones en épocas de lluvia en el país ocurren en zonas de inundación natural y las viviendas en estas regiones tienden a estar al borde del río.

Aun con las alertas y actividades de prevención en estos municipios, los habitantes de estas zonas reportan que las afectaciones a las comunidades ribereñas durante la época de lluvias no son asunto nuevo. “Nosotros perdemos todo cada invierno: todo es todo”, indica Fredy Martínez. Las pérdidas de los cultivos ocurren cada vez que hay una creciente.

Godoy indica que cuando hay lluvias fuertes “el río Magdalena nos manda en cantidad el agua hacia abajo. Y viene inundando todos los pueblos, haciendo mucho daño”. La casa de Antonio está en la orilla del río y él cuenta que a lo largo de los últimos años ha visto desbordamientos graves y largos, de dos o tres días seguidos, que los han obligado a estar arrinconados en sus casas, a la espera de que no suceda una tragedia. Sobre todo si se tiene en cuenta que se trata de una zona que carga con la tragedia que en 2010 dejó la ola invernal, cuando el caudal del río alcanzó la altura de 9,3 metros y se rompió el Canal. Las inundaciones alcanzaron 32.000 hectáreas en el sur del Atlántico y dejaron al menos 100.000 damnificados. La emergencia ocurrió por la ruptura del dique carreteable Calamar-Las Compuertas, estructura que servía para controlar las inundaciones.

A partir de la emergencia económica, social y ecológica que se decretó ese año en todo el país, debido a las afectaciones generadas por el fenómeno de La Niña, el Gobierno creó el Fondo de Adaptación para liderar proyectos de adaptación y mitigación del riesgo. En el caso del macroproyecto del Canal del Dique, se ha hecho una inversión de cerca de $350.000 millones en 19 obras de infraestructura, varias de ellas enfocadas en la protección de los centros poblados, con pequeños jarillones o muros de contención.

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Sin embargo, Godoy y Martínez manifiestan que el Gobierno los abandonó en la explicación de los impactos que tendrá este proyecto en sus actividades. En particular, explican que, con el ingreso del mar en las aguas dulces del Canal, se estaría afectando gravemente la agricultura. “Con salinidad nosotros ya no podríamos cultivar nada, y nos dicen que nos darán compensaciones, pero ¿qué haríamos sin poder vivir de la agricultura?”, se pregunta Godoy.

Señala que las comunidades ribereñas necesitan nuevas consultas en las que profesionales especializados les expliquen qué sucederá en el área, porque indica que, hasta el momento, muchos locales de Lomas de Matunilla no saben qué efectos traerá el proyecto. “Los ribereños necesitamos claridad. Si no, todo será incertidumbre: qué tan bravo será el próximo invierno, si el río se vendrá abajo y qué pasará con nuestras vidas por el proyecto del Canal”.