Debilidad institucional en La Guajira: 15 gobernadores distintos en tres periodos
La profunda crisis política y social se refleja en una ruptura que impide darle continuidad al desarrollo de programas, proyectos y ejecución de políticas públicas en uno de los departamentos más pobres del país.
Laura Duarte Sandoval
Desde la elección, en los comicios regionales de 2011, de Juan Francisco Gómez Cerchar (Kiko Gómez) como gobernador de La Guajira, el departamento ha tenido 15 personas distintas ocupando ese cargo, mientras que solo debían ser tres, correspondientes a los mismos períodos institucionales.
Aunque la destitución de Nemesio Raúl Roys se debe al incumplimiento de una norma electoral; en el pasado, la mayoría de los gobernadores han sido destituidos al ser vinculados a casos de corrupción, delitos electorales y otros procesos penales abiertos, entre ellos Kiko Gómez, condenado en 2017 por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y tráfico, fabricación y porte de armas.
La designación de gobernadores encargados en La Guajira, luego de que el titular fuese destituido por razones ilícitas o no, evidencia para expertos un debilitamiento institucional, que genera una ruptura en la continuidad para el desarrollo de programas y proyectos, y la ejecución de políticas públicas en uno de los departamentos más pobres del país -según el DANE, con un índice de pobreza monetaria a 2021 del 67,4 %, seguido de Chocó con el 63,4 %- y con gran presencia de población indígena wayuu, en condición de vulnerabilidad.
“No hay continuidad en la figura del gobernador como máxima autoridad en el departamento, por ende, hay una ruptura en términos del plan de desarrollo, que tiene un alcance de cuatro años. Por eso los proyectos encuentran serios problemas en materializarse”, explica Ángel Tuirán Sarmiento, docente e investigador adscrito al Instituto de Desarrollo Político e Institucional (Idepi), de la Universidad del Norte, en Barranquilla.
Nemesio Raúl Roys, elegido como gobernador de La Guajira para el período 2020-2023, fue destituido el pasado jueves 21 de julio, luego de que la Corte Constitucional determinara que incurrió en doble militancia al expresar su apoyo durante su campaña a los candidatos a la Alcaldía de Uribia y Riohacha, quienes no eran de su partido ni de la coalición que le dio apoyo, es decir, los partidos Conservador, Cambio Radical y la U.
Ahora que fue declarada la nulidad, tendrá que llegar un nuevo gobernador encargado a La Guajira, mientras se realizan en 2023 las elecciones locales y regionales. “Tendrá que venir una persona encargada que tiene que empezar nuevamente a conocer el funcionamiento de la Gobernación, hacer un nuevo relacionamiento con la Asamblea Departamental, lo que no solo retrasa el proceso, sino que también limita la posibilidad de alcanzar los objetivos que se habían trazado para estos cuatro años”, señala Tuirán.
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Como ya ha ocurrido en el pasado, en esta ocasión le corresponde al presidente de República designar a un gobernador encargado, pues según lo indica el artículo 303 de la Constitución Política, cuando se presenta la falta a menos de 18 meses de los comicios locales no se dan elecciones atípicas. Adicionalmente, “se solicitará al partido, movimiento o coalición que inscribió al candidato una terna integrada por ciudadanos pertenecientes a esos grupos. Si dentro de los 10 días hábiles siguientes a la solicitud no presentaran la terna, se designará a un ciudadano respetando el partido, movimiento o coalición”, dice el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011.
Bajo esta normatividad, desde el año 2011, el entonces presidente Juan Manuel Santos ya había dado reemplazo a Kiko Gómez, cuando fue destituido al ser capturado por la Fiscalía; también a Oneida Pinto, quien quedó elegida en 2015 y fue destituida al ser vinculada al delito de apropiación de dineros públicos, mientras fue alcaldesa del municipio de Albania (La Guajira), y a Wílmer González Brito, quien fue elegido como gobernador en las elecciones atípicas de 2016 y quien también fue destituido al abrirse una investigación en su contra por delitos electorales.
Adicionalmente, Iván Duque dio reemplazo a Brito en 2019 y a Nemesio Raúl Roys en 2021, cuando se presentó la primera destitución ordenada por la Procuraduría por doble militancia, que posteriormente fue anulada por el Consejo de Estado gracias a una tutela interpuesta por la defensa de Roys, pero que hace unos días volvió a ser efectiva por el fallo de la Corte, que dio la última revisión del caso.
De este modo, La Guajira ha tenido más de 10 gobernadores distintos desde 2011, casi todos designados desde el Ejecutivo y solo dos por elecciones atípicas: en 2014 y 2016. “Es un tema que va más allá de la eficacia de la ley y que tiene que analizarse en términos de las instituciones, pero especialmente de las instituciones informales, que son las que regulan la vida política y la vida económica en este departamento”, asegura Tuirán.
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Frente a la decisión de la Corte, el Partido Conservador, colectividad en la que milita Roys, lamenta la situación y predice también una ruptura en el trabajo entre la Gobernación y la cámara departamental: “Nosotros reconocemos que si bien es cierto que pudo haberse dado una violación a la Ley Electoral, es una situación preocupante para el departamento. Indiscutiblemente eso genera una inestabilidad institucional muy grande y un atraso en el desarrollo de La Guajira”, afirma Yoel Blanchar, diputado del Partido Conservador en la Asamblea Departamental.
Por el momento es necesario que el Gobierno Nacional, academia y ciudadanía evalúen las razones por las que se da esta ruptura en la gobernabilidad. Según Tuirán, “esta situación da cuenta de una gran debilidad institucional, lo que debe llamar la atención de cara a las elecciones regionales de octubre de 2023. Las autoridades electorales y la sociedad civil deben hacer un seguimiento de las formas en las que el candidato presenta su propuesta, pero también de los requisitos que cumple y de sus conexiones políticas y económicas”.
Hay que recordar que en La Guajira habitan economías ilegales que han estado vinculadas al tráfico de drogas, al tráfico de armas y, antiguamente, al contrabando, por lo que esto configura las instituciones informales en el departamento y a algunos poderes económicos. “Es un territorio en donde las reglas formales, que se aplican en otras partes del territorio nacional, encuentran cierta flexibilidad. En La Guajira hallamos otro tipo de conductas para relacionarse en lo político, que tienen que ver con clanes políticos, familias y formas de economía, y eso también obedece a un Estado que vislumbra serios problemas para materializarse y llegar a estas zonas del país”, concluye el analista de la Universidad del Norte.
Desde la elección, en los comicios regionales de 2011, de Juan Francisco Gómez Cerchar (Kiko Gómez) como gobernador de La Guajira, el departamento ha tenido 15 personas distintas ocupando ese cargo, mientras que solo debían ser tres, correspondientes a los mismos períodos institucionales.
Aunque la destitución de Nemesio Raúl Roys se debe al incumplimiento de una norma electoral; en el pasado, la mayoría de los gobernadores han sido destituidos al ser vinculados a casos de corrupción, delitos electorales y otros procesos penales abiertos, entre ellos Kiko Gómez, condenado en 2017 por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y tráfico, fabricación y porte de armas.
La designación de gobernadores encargados en La Guajira, luego de que el titular fuese destituido por razones ilícitas o no, evidencia para expertos un debilitamiento institucional, que genera una ruptura en la continuidad para el desarrollo de programas y proyectos, y la ejecución de políticas públicas en uno de los departamentos más pobres del país -según el DANE, con un índice de pobreza monetaria a 2021 del 67,4 %, seguido de Chocó con el 63,4 %- y con gran presencia de población indígena wayuu, en condición de vulnerabilidad.
“No hay continuidad en la figura del gobernador como máxima autoridad en el departamento, por ende, hay una ruptura en términos del plan de desarrollo, que tiene un alcance de cuatro años. Por eso los proyectos encuentran serios problemas en materializarse”, explica Ángel Tuirán Sarmiento, docente e investigador adscrito al Instituto de Desarrollo Político e Institucional (Idepi), de la Universidad del Norte, en Barranquilla.
Nemesio Raúl Roys, elegido como gobernador de La Guajira para el período 2020-2023, fue destituido el pasado jueves 21 de julio, luego de que la Corte Constitucional determinara que incurrió en doble militancia al expresar su apoyo durante su campaña a los candidatos a la Alcaldía de Uribia y Riohacha, quienes no eran de su partido ni de la coalición que le dio apoyo, es decir, los partidos Conservador, Cambio Radical y la U.
Ahora que fue declarada la nulidad, tendrá que llegar un nuevo gobernador encargado a La Guajira, mientras se realizan en 2023 las elecciones locales y regionales. “Tendrá que venir una persona encargada que tiene que empezar nuevamente a conocer el funcionamiento de la Gobernación, hacer un nuevo relacionamiento con la Asamblea Departamental, lo que no solo retrasa el proceso, sino que también limita la posibilidad de alcanzar los objetivos que se habían trazado para estos cuatro años”, señala Tuirán.
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Como ya ha ocurrido en el pasado, en esta ocasión le corresponde al presidente de República designar a un gobernador encargado, pues según lo indica el artículo 303 de la Constitución Política, cuando se presenta la falta a menos de 18 meses de los comicios locales no se dan elecciones atípicas. Adicionalmente, “se solicitará al partido, movimiento o coalición que inscribió al candidato una terna integrada por ciudadanos pertenecientes a esos grupos. Si dentro de los 10 días hábiles siguientes a la solicitud no presentaran la terna, se designará a un ciudadano respetando el partido, movimiento o coalición”, dice el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011.
Bajo esta normatividad, desde el año 2011, el entonces presidente Juan Manuel Santos ya había dado reemplazo a Kiko Gómez, cuando fue destituido al ser capturado por la Fiscalía; también a Oneida Pinto, quien quedó elegida en 2015 y fue destituida al ser vinculada al delito de apropiación de dineros públicos, mientras fue alcaldesa del municipio de Albania (La Guajira), y a Wílmer González Brito, quien fue elegido como gobernador en las elecciones atípicas de 2016 y quien también fue destituido al abrirse una investigación en su contra por delitos electorales.
Adicionalmente, Iván Duque dio reemplazo a Brito en 2019 y a Nemesio Raúl Roys en 2021, cuando se presentó la primera destitución ordenada por la Procuraduría por doble militancia, que posteriormente fue anulada por el Consejo de Estado gracias a una tutela interpuesta por la defensa de Roys, pero que hace unos días volvió a ser efectiva por el fallo de la Corte, que dio la última revisión del caso.
De este modo, La Guajira ha tenido más de 10 gobernadores distintos desde 2011, casi todos designados desde el Ejecutivo y solo dos por elecciones atípicas: en 2014 y 2016. “Es un tema que va más allá de la eficacia de la ley y que tiene que analizarse en términos de las instituciones, pero especialmente de las instituciones informales, que son las que regulan la vida política y la vida económica en este departamento”, asegura Tuirán.
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Frente a la decisión de la Corte, el Partido Conservador, colectividad en la que milita Roys, lamenta la situación y predice también una ruptura en el trabajo entre la Gobernación y la cámara departamental: “Nosotros reconocemos que si bien es cierto que pudo haberse dado una violación a la Ley Electoral, es una situación preocupante para el departamento. Indiscutiblemente eso genera una inestabilidad institucional muy grande y un atraso en el desarrollo de La Guajira”, afirma Yoel Blanchar, diputado del Partido Conservador en la Asamblea Departamental.
Por el momento es necesario que el Gobierno Nacional, academia y ciudadanía evalúen las razones por las que se da esta ruptura en la gobernabilidad. Según Tuirán, “esta situación da cuenta de una gran debilidad institucional, lo que debe llamar la atención de cara a las elecciones regionales de octubre de 2023. Las autoridades electorales y la sociedad civil deben hacer un seguimiento de las formas en las que el candidato presenta su propuesta, pero también de los requisitos que cumple y de sus conexiones políticas y económicas”.
Hay que recordar que en La Guajira habitan economías ilegales que han estado vinculadas al tráfico de drogas, al tráfico de armas y, antiguamente, al contrabando, por lo que esto configura las instituciones informales en el departamento y a algunos poderes económicos. “Es un territorio en donde las reglas formales, que se aplican en otras partes del territorio nacional, encuentran cierta flexibilidad. En La Guajira hallamos otro tipo de conductas para relacionarse en lo político, que tienen que ver con clanes políticos, familias y formas de economía, y eso también obedece a un Estado que vislumbra serios problemas para materializarse y llegar a estas zonas del país”, concluye el analista de la Universidad del Norte.