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La Procuraduría General de la Nación advirtió que persiste la violación del derecho fundamental al agua potable en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, debido al incumplimiento de las empresas encargadas de restablecer el servicio de acueducto.
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A más de 10 meses de una decisión judicial que ordena reparar los daños a la planta desalinizadora, originados aparentemente por contratistas de una obra vial, la Unión Temporal Progreso Vial San Andrés 22 y la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA) no han cumplido con lo dispuesto, afectando a gran parte de la población que depende del agua potable para su supervivencia.
Un juzgado civil de la isla confirmó que no se ha dado cumplimiento efectivo a la sentencia y advirtió que, con la llegada de una época seca, la demanda del agua será aún mayor, lo que agrava la crisis.
La Procuraduría señaló que el fallo judicial no ha sido acatado en los tiempos estipulados, y que los representantes legales de las entidades accionadas deben responder por esta situación que pone en riesgo un derecho básico de los sanandresanos.
Este incumplimiento ha generado una crisis humanitaria y sanitaria que preocupa a las autoridades y a la comunidad, que sigue sin acceso garantizado al agua potable en condiciones dignas.
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