Advierten confinamiento y desplazamiento de 1.506 indígenas en Chocó

Como consecuencia de los choques armados entre el Eln y disidencias de las Farc, en el municipio Litoral del San Juan (Chocó), se presentó el desplazamiento de 417 personas, entre ellas 210 menores de edad y 21 mujeres embarazadas, de la etnia Wounaan de la comunidad indígena Pichimá Quebrada. Así lo informó este miércoles la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Asimismo, la entidad advirtió que desde el 19 de junio otras 1.089 personas de cuatro comunidades indígenas y una afrocolombiana se encuentran en estado de confinamiento, por la "presencia e intimidaciones" de grupos armados en la zona. Por otra parte, ONG con presencia en la zona, alertaron sobre el riesgo de confinamiento de otras comunidades como Puerto Pizario, Comunión San Juan y Puerto Guadualito, que se ubican en el mismo municipio.

Desde entonces, organizaciones y entidades defensoras de los derechos humanos han alertado sobre la afectación de más de 9.000 personas y la muerte de cerca de 10 niños por la falta de atención médica oportuna. En marzo pasado se produjo el desplazamiento de 61 personas en el Litoral del San Juan como consecuencia de los enfrentamientos entre el Eln y grupos herederos del paramilitarismo.

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Según la denuncia de la OCHA, la Defensoría del Pueblo ya había emitido una alerta temprana en la que advertía que la población confinada estaba en riesgos por la exposición de amenazas, reclutamiento de forzado, violencia y abuso sexual de menores de edad y mujeres mayores. Igualmente, la institución advirtió sobre las restricciones de movilidad que impiden el abastecimiento alimentario e "incrementa las condiciones de vulnerabilidad y temor en la población de las comundiades afectadas". 

Por su parte, la ONU alertó de los riesgos en la zona por presencia de minas antipersona y municiones sin estallar, ataques a la población civil y la escasa presencia del Ejército y la Policía para ejercer control sobre la situación. A estas circunstancias hay que añadirle los riesgos sanitarios y de higiene; la seguridad alimentaria y nutricional y la necesidad de atención psicosocial a mujeres, niños y adolescentes desplazados.

Para responder a la emergencia, la administración municipal aseguró que abastecerá a las 1.506 personas afectadas por el desplazamiento y confinamiento, que fueron trasladas a alojamientos temporales en el cercano municipio de Docordó. Asimismo, según el informe, el 21 de junio Médicos sin Fronteras entregó 91 kits de higiene personal, 177 toldillos, 204 mantas, tres tanques de agua, tres kits de albergue y una batería sanitaria para la comunidad desplazada.

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Chocó es uno de los departamentos más afectados de Colombia por el conflicto armado y la pobreza, y allí hay una fuerte presencia de la guerrilla del Eln, las disidencias de las Farc, grupos herederos del paramilitarismo y otras bandas criminales dedicadas al narcotráfico. Los enfrentamientos son constantes y han sido denunciados desde febrero del presente año, cuando se conoció que al menos 226 personas estaban confinadas en el municipio de Riosucio.

En los últimos siete años se han registrado en esta región 2.575 homicidios, de los cuales, en promedio, el 40 % fueron en zona rural. Sin embargo, hay casos particulares como Carmen del Darién, donde todos fueron en el campo, o San José del Palmar, Unguía, Mutatá, Medio Baudó, El Carmen de Atrato o San Juan de Urabá, donde llegaron al 80 %.

A los asesinatos se suma que en los últimos dos años se han registrado 55 actos terroristas, el asesinato de 16 líderes sociales (la mayoría en Quibdó y Riosucio) y el desplazamiento de 2.722 personas.

Como consecuencia de los choques armados entre el Eln y disidencias de las Farc, en el municipio Litoral del San Juan (Chocó), se presentó el desplazamiento de 417 personas, entre ellas 210 menores de edad y 21 mujeres embarazadas, de la etnia Wounaan de la comunidad indígena Pichimá Quebrada. Así lo informó este miércoles la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Asimismo, la entidad advirtió que desde el 19 de junio otras 1.089 personas de cuatro comunidades indígenas y una afrocolombiana se encuentran en estado de confinamiento, por la "presencia e intimidaciones" de grupos armados en la zona. Por otra parte, ONG con presencia en la zona, alertaron sobre el riesgo de confinamiento de otras comunidades como Puerto Pizario, Comunión San Juan y Puerto Guadualito, que se ubican en el mismo municipio.

Desde entonces, organizaciones y entidades defensoras de los derechos humanos han alertado sobre la afectación de más de 9.000 personas y la muerte de cerca de 10 niños por la falta de atención médica oportuna. En marzo pasado se produjo el desplazamiento de 61 personas en el Litoral del San Juan como consecuencia de los enfrentamientos entre el Eln y grupos herederos del paramilitarismo.

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Según la denuncia de la OCHA, la Defensoría del Pueblo ya había emitido una alerta temprana en la que advertía que la población confinada estaba en riesgos por la exposición de amenazas, reclutamiento de forzado, violencia y abuso sexual de menores de edad y mujeres mayores. Igualmente, la institución advirtió sobre las restricciones de movilidad que impiden el abastecimiento alimentario e "incrementa las condiciones de vulnerabilidad y temor en la población de las comundiades afectadas". 

Por su parte, la ONU alertó de los riesgos en la zona por presencia de minas antipersona y municiones sin estallar, ataques a la población civil y la escasa presencia del Ejército y la Policía para ejercer control sobre la situación. A estas circunstancias hay que añadirle los riesgos sanitarios y de higiene; la seguridad alimentaria y nutricional y la necesidad de atención psicosocial a mujeres, niños y adolescentes desplazados.

Para responder a la emergencia, la administración municipal aseguró que abastecerá a las 1.506 personas afectadas por el desplazamiento y confinamiento, que fueron trasladas a alojamientos temporales en el cercano municipio de Docordó. Asimismo, según el informe, el 21 de junio Médicos sin Fronteras entregó 91 kits de higiene personal, 177 toldillos, 204 mantas, tres tanques de agua, tres kits de albergue y una batería sanitaria para la comunidad desplazada.

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En los últimos siete años se han registrado en esta región 2.575 homicidios, de los cuales, en promedio, el 40 % fueron en zona rural. Sin embargo, hay casos particulares como Carmen del Darién, donde todos fueron en el campo, o San José del Palmar, Unguía, Mutatá, Medio Baudó, El Carmen de Atrato o San Juan de Urabá, donde llegaron al 80 %.

A los asesinatos se suma que en los últimos dos años se han registrado 55 actos terroristas, el asesinato de 16 líderes sociales (la mayoría en Quibdó y Riosucio) y el desplazamiento de 2.722 personas.