Alcaldía de Bucaramanga habría pagado por servicio de internet que no se utilizó

El contrato era un convenio entre la Alcaldía de Bucaramanga y la empresa Telebucaramanga, en 2016.

Foto: Archivo particular

La Contraloría falló en contra de dos empleados de la extinta empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga y dos exempleados de la alcaldía de la ciudad, Ana Leonor Rueda, exsecretaria de Educación de Bucaramanga, y Luis Miguel Castañeda, supervisor, por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de 2016, para la instalación de internet y otros servicios para la conectividad en los colegios oficiales de la capital santandereana.

En primera instancia, la Contraloría determinó que los implicados habrían incurrido en un daño fiscal que asciende a $851 millones, por un convenio interadministrativo entre la antigua empresa Telebucaramanga y la Alcaldía, con el que se buscaba instalar tecnologías de transmisión de datos, fibra óptica, internet y otros servicios, en las escuelas públicas del municipio. Así como la instalación de dos laboratorios de primera infancia.

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Según el documento, publicado por Blu Radio, el propósito del convenio era: “Aunar esfuerzos para conectar a través de tecnologías ADSL, fibra óptica, y radios de enlaces las instituciones educativas oficiales del municipio de Bucaramanga y montar dos laboratorios en primera infancia, con el fin de ampliar la cobertura de conectividad, garantizando el suministro del servicio dentro del programa de Conexión Total del Ministerio de Educación”.

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Los exfuncionarios de Telebucaramanga, que operó hasta 2018, son Javier Pérez Osorio, quien era representante legal de la compañía, y Diego Andrés Román Parra, el administrador del convenio, que Telebucaramanga designó.

De acuerdo con la Contraloría, hubo dos irregularidades. La primera es que los recursos debían ejecutarse, completamente, el primer mes de la vigencia del contrato, lo cual, según el ente de control, no sucedió. El segundo, es que el contrato se debió suspender durante el periodo de receso escolar, pero no ocurrió, por lo que se generó un detrimento patrimonial de los recursos públicos: “al efectuar un pago por un servicio que no se cumplió con las finalidades para las cuales había sido contratados”.

Como se trata de un fallo en primera instancia, los implicados tendrán el derecho de apelar a la decisión tomada por la Contraloría.